La medida de arresto domiciliario contra varios funcionarios de alto rango de la Autoridad de Carreteras de Albania, incluyendo al director de planificación estratégica y operaciones, Erald Elezi, y al director de construcción y mantenimiento, Gentian Gjyli, formó parte de las acciones que la Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) de Albania anunció el jueves al denunciar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Según consignó SPAK en un comunicado publicado en su portal y reprodujo la prensa internacional, la vice primera ministra y ministra de Infraestructura y Energía, Belinda Balluku, también quedó suspendida de sus funciones y enfrenta una prohibición de salida del país mientras avanzan las investigaciones sobre supuestos amaños en licitaciones estatales.
De acuerdo con SPAK, las pesquisas detectaron anomalías en procedimientos de contratación vinculados a la construcción de un túnel y una carretera. En ambos casos, el organismo fiscalizador sostiene que Balluku, en su función como ministra encargada del área, “supervisó y dirigió de forma continua el procedimiento de esta licitación pública, desde la fase preparatoria” hasta que se adjudicó el contrato a la empresa seleccionada. La acusación central presentada por el organismo sostiene que Balluku y otros miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas “predijeron al ganador de este procedimiento de licitación y crearon ventajas y privilegios indebidos”, según detalló el comunicado citado por las agencias.
La Autoridad de Carreteras de Albania, bajo dependencia del Ministerio de Infraestructura y Energía, figura como la institución responsable de las licitaciones cuestionadas. La Fiscalía puntualizó que las personas investigadas por su presunta colaboración son la directora general de este ente, Evis Berberi; los directores Erald Elezi y Gentian Gjyli; y dos especialistas de alto rango dentro del ministerio: Jetmira Dervishi y Mirzeta Kashnica. Mientras Balluku debe permanecer en territorio nacional y está apartada de sus cargos, a Elezi y Gjyli se les impuso arresto domiciliario en el marco de la investigación abierta.
Según informó la agencia, Belinda Balluku milita en el Partido Socialista, que actualmente gobierna Albania, y mantiene una relación cercana con el primer ministro Edi Rama. Desde el año 2019 encabeza el Ministerio de Infraestructura y Energía, mientras que desde 2021 ocupa un escaño parlamentario como diputada elegida por el distrito de Tirana. Las irregularidades señaladas por SPAK se dan en el contexto de una ofensiva mayor contra la corrupción en las instituciones estatales, y la suspensión cautelar de Balluku ocurre mientras sigue el curso judicial.
El comunicado de SPAK publicado en su sitio oficial sostiene que los responsables de la conducción de la licitación pública crearon un proceso dirigido, permitiendo que la decisión sobre el adjudicatario del contrato estuviera predefinida y otorgando ventajas a determinados participantes en la competencia. La institución investigadora aclara que la Autoridad de Carreteras de Albania depende formalmente del Ministerio que encabezaba Balluku, lo cual llevó a involucrarla directamente en la causa por supuesta manipulación y beneficios indebidos.
Entre los funcionarios imputados, la directora general Evis Berberi permanece en su cargo mientras continúan las actuaciones judiciales, según consignó SPAK. En relación con los otros dos especialistas de alto nivel, Jetmira Dervishi y Mirzeta Kashnica, la autoridad anticorrupción incluyó sus nombres entre quienes participaron en el procedimiento detectado como irregular, aunque no precisó en el comunicado su situación legal dentro de la causa.
El caso presentado por SPAK representa uno de los mayores procedimientos recientes en contra de altos funcionarios vinculados con el gobierno en Albania, y se enmarca en una política de incremento en la fiscalización de los procesos de contratación de obras públicas. La prohibición de viajar impuesta a Balluku responde al riesgo de entorpecimiento de la investigación y al carácter avanzado del proceso judicial en curso, según lo publicado por la autoridad fiscalizadora.
El desarrollo del expediente continúa, y tanto la vice primera ministra como el resto de los involucrados permanecen sometidos a medidas restrictivas dispuestas por la Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania, en el marco de las actuaciones emprendidas sobre la gestión reciente de contratos de infraestructura pública.
