Las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal número dos de Buenos Aires no solo afectan a Cristina Fernández de Kirchner, sino que también alcanzan a familiares y allegados a través de un nuevo régimen de visitas domiciliarias y el pedido de una nómina exhaustiva de personas con autorización para ingresar en su residencia. Según publicó Todo Noticias, esta disposición judicial forma parte de una serie de medidas más amplias en la denominada “Causa Vialidad” y responde a la condena de seis años por corrupción vinculada a la adjudicación de obras públicas, por la que la ex presidenta cumple arresto domiciliario. La principal noticia radica en el avance del tribunal sobre la confiscación de un extenso número de bienes pertenecientes a la familia Fernández y a empresarios asociados, así como la transferencia de más de 80 propiedades al Estado.
De acuerdo con la información reportada por Todo Noticias, las restricciones en el entorno de Fernández de Kirchner establecen que solo podrá recibir a tres o cuatro personas en simultáneo, hasta dos veces por semana. Esta limitación incluye a familiares directos, personal de custodia, profesionales de la salud y abogados de su equipo de defensa, quienes, tras figurar en la lista entregada al tribunal, podrán ingresar sin autorización puntual. Todas aquellas personas no incluidas deberán tramitar un permiso específico ante la Justicia para cada visita. Estas decisiones judiciales buscan fortalecer el control del entorno inmediato de la ex mandataria durante su arresto domiciliario, en tanto avanzan las definiciones sobre su patrimonio.
El medio Todo Noticias detalló que el fallo del Tribunal Oral Federal condujo al decomiso de 20 bienes a nombre de miembros directos de la familia Fernández, principalmente registrados bajo la titularidad de los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner. Además, se dispuso la transferencia al Estado de más de 80 inmuebles relacionados con Lázaro Báez, empresario cercano al círculo kirchnerista, cuya vinculación con el caso Vialidad ha sido objeto de numerosas investigaciones. El monto total de activos bajo incautación supera los 684.990 millones de pesos argentinos, cifra que equivale a más de 422 millones de euros al tipo de cambio vigente en la fecha de la resolución.
La investigación judicial sostiene, según consignó Todo Noticias, que los bienes sujetos al decomiso fueron adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, lapso que coincide con los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández en Argentina. Los magistrados puntualizaron que la decisión abarca tanto el patrimonio directo de la ex presidenta y sus hijos, como las sociedades empresariales de Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos y Loscalzo y Del Curto. La resolución también incluye propiedades previamente transferidas a descendientes directos y bienes inmuebles distribuidos en varias provincias, como terrenos, departamentos y establecimientos rurales.
Todo Noticias indicó que el propósito central de estas medidas es evitar que los condenados, tras la sentencia judicial, mantengan ventajas patrimoniales derivadas de delitos comprobados por la Justicia. El tribunal explicó en su resolución que el decomiso cumple con el objetivo de “impedir el aprovechamiento de los activos generados ilícitamente y compensar el daño público causado por las conductas fraudulentas”, remitiéndose a los principios del Código Penal argentino en materia de restitución de bienes obtenidos de manera ilícita por corrupción y manejo irregular de fondos estatales.
La defensa de Cristina Fernández ha sostenido de manera reiterada que gran parte de los activos en cuestión fueron adquiridos antes de los hechos investigados. Tras la reciente comunicación del fiscal Diego Luciani sobre el inminente decomiso de los bienes, la ex presidenta denunció, según recogió Todo Noticias, lo que califica como una “persecución política y judicial” en su contra. Los abogados y familiares de Fernández han anunciado su intención de presentar recursos y apelar tanto el decomiso como las condiciones del régimen de visitas, dentro de los plazos legales del sistema judicial argentino.
El canal de noticias puntualizó que, tras la concreción del decomiso, los bienes pasarán a la administración de organismos estatales según la normativa vigente, con el objetivo de resguardar los valores y revertir el daño causado al Estado durante el periodo investigado. La resolución del tribunal se emitió en una etapa clave del proceso, motivada por las advertencias fiscalía respecto al riesgo de que los activos pudieran eludir el control estatal sin una medida inmediata.
La “Causa Vialidad”, según documentó Todo Noticias, se consolida como uno de los procesos judiciales de mayor impacto en la política argentina de los últimos años. La figura de la ex presidenta, junto con empresarios del entorno, continúa en el centro del debate judicial y mediático, mientras el patrimonio involucrado y los derechos procesales de los afectados son objeto de presentaciones permanentes ante la Justicia. La magnitud de los activos alcanzados por la resolución incluye un variado repertorio de bienes inmobiliarios, empresariales y financieros, cuyos detalles y destino seguirán bajo la observación de las autoridades competentes hasta la ejecución plena de la sentencia.
