Las recientes declaraciones del congresista Zaldy Co, quien salió de Filipinas tras ser relacionado con un millonario desfalco, han elevado la tensión política al acusar directamente al presidente Ferdinand Marcos Jr. de estar implicado en la trama de corrupción, según reportó ABS-CBN. Mientras el Gobierno ha minimizado estas palabras señalándolas como “especulaciones”, el impacto social y mediático de este mensaje ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo. En este contexto, se desarrolla una movilización masiva en Manila contra el presunto desvío de fondos públicos, convocatoria que ha congregado a más de 600.000 participantes según cifras oficiales.
De acuerdo con información difundida por ABS-CBN y citada por otros medios internacionales, la Iglesia ni Cristo fue responsable de la organización de esta marcha bajo el lema “Marcha por la Transparencia y por una Democracia Mejor”. Las protestas, que se extienden desde el sábado y se planea continúen hasta el martes, se concentran principalmente en el parque Rizal en Manila y se han sostenido de manera continua, tal como han confirmado las propias autoridades y voceros de la organización religiosa. El objetivo declarado es exigir transparencia y rechazar cualquier manipulación política de las demandas ciudadanas, como destacó el portavoz Edwil Zabala, quien subrayó que la protesta no busca derrocar al Gobierno sino centrar la atención en la verdad y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
El escándalo de corrupción que desató la movilización involucra a aliados cercanos al presidente Marcos Jr. y se centra en el destino de 9.000 millones de euros asignados a proyectos de control de inundaciones. ABS-CBN detalló que investigaciones señalan la apropiación ilícita de una parte sustancial de estos recursos a través de contratos con empresas privadas que presentaron proyectos ficticios y ejecutaron obras con deficiencias. La problemática ha cobrado relevancia después de que el paso de los tifones Kalmaegi y Fung-wong provocaran más de 250 muertes y daños extensos en zonas donde, según los planes oficiales, las recientes infraestructuras debían reducir los riesgos de inundaciones.
A la marcha en Manila se sumó otra gran concentración en el Monumento al Poder del Pueblo en la ciudad de Quezón, donde cerca de 45.000 personas, movilizadas por la Iniciativa Unida del Pueblo, se manifestaron también en busca de esclarecimientos públicos. Este grupo está compuesto en buena medida por oficiales militares en retiro, quienes a través de un comunicado instaron a Marcos Jr. a responder ante las denuncias y restaurar la confianza en la máxima magistratura del país. El texto afirmaba que las acusaciones en curso “son demasiado graves para deshecharlas, demasiado detalladas para ignorarlas y demasiado importantes para no responderlas”, una situación que mantiene el debate en el centro de la agenda política.
La investigación formal incluye ahora a 37 personas consideradas de alto perfil, entre ellos varios senadores, miembros del Congreso y empresarios beneficiados por contratos estatales, según la información recopilada por ABS-CBN. El caso ha removido a diferentes sectores de la sociedad, promoviendo un raro consenso entre agrupaciones religiosas, organizaciones laicas y participantes ajenos a la militancia partidista habitual.
El Ejecutivo, por su parte, ha tratado de mostrar atención inmediata ante las manifestaciones. Dave Gómez, portavoz de la presidencia, aseguró en declaraciones recogidas por ABS-CBN que el presidente Marcos Jr. seguía de cerca la evolución de los acontecimientos desde el Palacio de Malacañán y que se encuentra pendiente del curso de las protestas. En un intento por reducir la presión social y política, el presidente hizo público el compromiso de que los principales responsables enfrentarán penas de prisión antes de Navidad. Sin embargo, la persistencia de las protestas refleja que estos anuncios no han logrado disipar el escepticismo sobre una eventual rendición de cuentas efectiva.
La protesta liderada por la Iglesia ni Cristo, junto con la participación de gremios civiles y militares, pone de manifiesto el reclamo por una revisión de los mecanismos de control en la gestión de fondos públicos. ABS-CBN remarcó que los asistentes no solo exigen castigo para quienes cometieron el fraude, sino que piden garantías institucionales para evitar nuevos episodios de corrupción. Durante las marchas, oradores y participantes señalaron directamente al entorno del presidente y demandaron respuestas concretas ante la magnitud de los recursos comprometidos y la relevancia de las víctimas afectadas por las recientes catástrofes, cuya prevención dependía de estos proyectos.
La magnitud de los eventos movilizados en la capital filipina y la ciudad de Quezón, así como la amplitud de sectores representados, marcan un hecho poco frecuente en la historia reciente filipina. Según remarcó ABS-CBN, el llamado a la rendición de cuentas y a la vigilancia ciudadana ha mantenido la continuidad de las movilizaciones, situando la batalla contra la corrupción y la exigencia de transparencia como puntos prioritarios en la esfera pública y política del país.
