Roma, 29 oct (EFE).- El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha pospuesto la aprobación prevista para este martes de un decreto con medidas contra el crimen informático, tras el hallazgo de una trama que robaba datos de políticos en bases institucionales como las del Ministerio del Interior.
El aplazamiento de "medidas urgentes sobre ordenamiento jurídico, el personal de magistratura y sobre la dirección y competencia en las investigaciones" de la criminalidad informática, que en principio figuraba en el orden del día, se debe a un compromiso institucional del ministro de Justicia, Carlo Nordio, indicaron fuentes del Ejecutivo.
Uno de los partidos de la coalición gubernamental de Meloni, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, había avanzado su intención de impulsar una ley que castigara más severamente estos delitos.
La Fiscalía de Milán (norte) anunció el pasado sábado el hallazgo de una "organización" en Italia que robaba y vendía datos sensibles de políticos e instituciones obtenidos de la red de bases "estratégicas" del país y cuyos tentáculos llegan al extranjero.
Los investigadores advierten en sus documentos de que la trama era "peligrosa" para la democracia ya que con los datos robados "podría haber tenido en un puño a ciudadanos e instituciones".
Por el momento han sido puestos en arresto domiciliario cuatro acusados, aunque los investigados ascienden a unos 60, según avanzan los medios locales.
En el centro del caso están la agencia privada 'Equalize' y sus dos dueños, el presidente de la Feria de Milán, Enrico Pazzali, y Carmine Gallo, un policía jubilado ya arrestado, así como el hacker Samuele Calamucci, también detenido.
Los imputados responderán de los delitos de asociación criminal, acceso ilegal a sistemas informáticos, corrupción y revelación de secretos.
El fiscal milanés Marcello Viola explicó que esta organización realizaba por encargo informes con datos robados, a los que accedían con la colaboración de funcionarios con credenciales, y "en algunos casos" terminaban en los medios de comunicación.
Los "clientes" eran estudios legales e "importantes empresas de Italia y del extranjero", sostuvo.
Los investigadores temen que los datos robados hayan acabado en manos de servicios de inteligencia extranjeros o de mafias y, de hecho, con Viola compareció el fiscal nacional antimafia, Giovanni Melillo, denunciando lo "extremadamente alarmante" del caso.
De las filtraciones se entiende que el grupo tenía poseía 800.000 informes robados a la banca de datos del Ministerio del Interior (SDI) por un grupo de hackers dirigidos presuntamente por Calamucci. EFE
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