Descubre el horror de una familia víctima de imágenes de desnudos creadas con IA: una niña de 14 años resultó afectada

La habitual tranquilidad de Almendralejo, una localidad de 30.000 habitantes en Badajoz, España, se interrumpió en septiembre de 2023 por la difusión de imágenes de menores generadas con inteligencia artificial, un suceso que provocó conmoción en la comunidad escolar. El caso, que impactó a casi treinta adolescentes, supuso un antes y un después en la protección de menores ante los riesgos de la tecnología digital.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una sanción económica a uno de los menores responsables. Esta es la primera multa de este tipo en Europa, según confirmó la agencia a ABC.

El incidente salió a la luz después de que Pedro, padre de una de las víctimas, descubriera que su hija de 14 años había sido incluida en un grupo de WhatsApp del instituto IES Santiago Apóstol, donde circulaban imágenes manipuladas en las que aparecía desnuda junto a otras compañeras. Aunque las fotografías eran falsas y elaboradas con inteligencia artificial, el daño emocional resultó inmediato y profundo.

Pedro relató al medio español que, al ver una de las imágenes, supo que se trataba de un montaje digital: “Habían usado su cara y su cuerpo y la habían convertido en otra cosa”. La familia intentó detener la difusión contactando a otros padres, al colegio y a la Policía, pero la viralidad de los mensajes impidió cualquier control efectivo.

“Fue como intentar recoger agua con las manos”, recordó Pedro, quien destacó el impacto psicológico que la situación tuvo en su hija y en el entorno familiar.

La resolución de la AEPD, comunicada en abril de 2025, fijó una multa de 2.000 euros para uno de los menores que compartió las imágenes, reducida a 1.200 euros tras el reconocimiento de responsabilidad y el pronto pago efectuado por los padres del sancionado el cinco de abril de 2025.

La resolución no identificó públicamente a las víctimas ni al menor sancionado y eximió de responsabilidad a la aplicación utilizada, ClothOff, así como a las plataformas de mensajería. Este caso marca la primera sanción económica impuesta por una agencia europea por la distribución de contenido falso de menores creado con inteligencia artificial.

Las reacciones de las familias afectadas han sido dispares. Pedro agradeció la intervención de las autoridades, pero expresó su decepción por la cuantía de la multa: “Destruir la salud mental de mi hija les ha salido por solo 1.200 euros”. Sostuvo que el daño, en una comunidad pequeña como Almendralejo, se amplifica, y añadió que su hija, antes extrovertida y confiada, ahora teme usar el móvil o encontrarse con conocidos que hayan visto las imágenes.

Por su parte, Miriam Al Adib, madre de otra de las menores, mostró satisfacción con el proceso y la resolución: “Todo está bien como está”. Consideró que la sentencia fue justa y necesaria, y explicó que el objetivo nunca fue perjudicar a los menores implicados, sino buscar justicia y una sentencia que reconociera que lo ocurrido fue un delito de pornografía infantil.

Subrayó que pretendían “dignificar a sus hijas y evitar que el caso quedara impune”, ya que ignorar lo sucedido habría enviado un mensaje peligroso. Además, insistió en la importancia de que los responsables aprendan de lo ocurrido más allá de pagar una multa: “Queremos que esos niños se eduquen, no que paguen dinero”.

El impacto psicológico y social en las víctimas y la comunidad ha sido profundo. Pedro señaló que su hija ya no es la misma y que la familia necesitó apoyo psicológico. Miriam consideró que el proceso permitió “sanar la herida”, que su hija no ha sufrido secuelas y que los menores responsables no han actuado con arrogancia tras la resolución.

El caso de Almendralejo ha tenido repercusiones legales en España y Europa. Según ABC, tras este episodio la difusión de imágenes falsas de menores generadas con inteligencia artificial fue incorporada como delito de pornografía infantil en España. Miriam Al Adib integró el comité de cincuenta expertos del Ministerio de Juventud e Infancia que elaboró el informe base para la nueva legislación sobre el uso de imágenes falsas.

La resolución de la AEPD y la coordinación institucional han creado un precedente para la protección de menores frente a los riesgos de la inteligencia artificial y favorecido cambios legislativos para abordar delitos similares. La experiencia de Almendralejo demostró que una respuesta institucional y social decidida puede ofrecer esperanza y justicia a las comunidades ante desafíos tecnológicos emergentes.