El debate en torno a la seguridad pública y la salud mental volvió a posicionarse en el centro de la agenda tras el trágico crimen de María Vilma d’Asdores, la turista brasileña asesinada por un indigente con antecedentes psiquiátricos en la zona de El Abasto, uno de los barrios porteños con mayor complejidad social. Los conductores de Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, analizaron el trasfondo de la tragedia y las fallas de la legislación vigente: “La ley de salud mental, aunque busca integrar a los pacientes a la comunidad, no está bien implementada y obtura la posibilidad de internaciones preventivas, lo que termina poniendo en riesgo la seguridad de todos”.
D’Asdores, de 69 años, fue asesinada durante una caminata junto a su hija, tras ser atacada por una persona con un historial psiquiátrico y múltiples causas previas por episodios violentos. En este marco, la neuropsicóloga Lucía Crivelli señaló las limitaciones del sistema y el modo en que la “falta de recursos e inversión en salud mental” precipita tragedias como la reciente.
“Hay un registro creciente de casos donde personas con cuadros psiquiátricos incontrolables terminan siendo protagonistas de crímenes que, al principio, parecen episodios policiales pero son, ante todo, emergencias de salud pública. Los ataques en la vía pública exponen el profundo desamparo tanto de las víctimas como de los propios agresores”, explicó Sánchez. El caso de d’Asdores, quien murió tras ser empujada y golpeada brutalmente por un hombre que acumulaba antecedentes por diversas agresiones y había sido declarado inimputable en reiteradas oportunidades, reabrió el interrogante por la capacidad del Estado para anticipar y evitar estas situaciones.
“El atacante tenía 30 años, fue detenido el mismo día y se confirmó que tenía un prontuario considerable y antecedentes psiquiátricos vinculados a desórdenes en la vía pública”, detallaron al aire. “No es la primera vez que ocurre una situación así. Hay una enorme dificultad legal para internar preventivamente a alguien por un cuadro mental, incluso si está en riesgo claro de dañar a terceros”, explicó Crivelli en en el programa de la mañana de Infobae en Vivo.
La legislación vigente en torno a la salud mental en Argentina, reconocida como la famosa “ley de salud mental”, fue uno de los ejes centrales del análisis. “Esta normativa pretendió cambiar la lógica manicomial tradicional, prohibiendo la construcción de hospitales psiquiátricos monovalentes como el Borda o el Moyano, para priorizar la integración comunitaria de quienes atraviesan padecimientos psíquicos. Sin embargo, impone requisitos tan estrictos para las internaciones que, en la práctica, solo se habilitan si existe un riesgo ‘cierto e inminente’ contra sí o terceros. Con ese estándar, casi nunca es posible internar preventivamente a una persona con antecedentes de hostilidad”, advirtieron durante la transmisión.
“La intención de la ley era buena: romper con la cronificación de pacientes y evitar internaciones eternas. Pero en la realidad, al no estar acompañada por la inversión necesaria ni planes articulados de seguimiento, deja a muchos enfermos literalmente en la calle”, agregó Crivelli. A su vez, Sánchez remarcó: “Lo que vemos es que muchos de estos pacientes, cuando llegan a instancias judiciales tras cometer agresiones, son declarados inimputables por su condición mental, pero no cumplen criterios para quedar internados y terminan libres, en un ciclo que parece no tener solución”.
El análisis expuso la fragilidad de un sistema desbordado: “Aun si un médico considera que hay riesgo y recomienda la internación, con la ley actual puede encontrarse con una negativa judicial. Se ha vuelto muy común rechazar internaciones compulsivas si no existe un acto de agresión en el momento mismo del examen”. Así lo describió Crivelli, quien insistió en la necesidad de repensar no solo el marco legal sino la falta de inversión estatal: “No existen lugares adonde derivar a las personas que necesitan atención. La falta de recursos se hace sentir en cada caso. Hay una desinversión estructural en salud mental”.
Los conductores recordaron el emblemático caso del policía asesinado en avenida Libertador, que también ilustró las consecuencias de no contar con instancias efectivas de internación y tratamiento continuo para pacientes de alta peligrosidad. Crivelli recalcó: “Hay una presión fuerte de la comunidad médica para reformar la ley, o al menos garantizar su cumplimiento real con presupuesto y personal, pero ni la reforma ni los recursos parecen estar cerca”.
El paradigma internacional, especialmente en países como Estados Unidos, fue citado como referencia. “La llamada ‘desmanicomialización’ se ha logrado en países donde sí se implementa el seguimiento regular y obligatorio a los pacientes, incluida la administración supervisada de medicación y la presencia de equipos que salen a buscar a quienes no se presentan. En la Argentina, eso es imposible: no hay personal para buscar ni infraestructura suficiente. Así, los pacientes discontinuos quedan sin contención y se multiplican los riesgos”, señaló la conductora.
El impacto estadístico fue otro de los puntos centrales de la discusión. “Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, se realizaron unas 5.360 asistencias psiquiátricas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa el 5,58% del total de atenciones médicas de emergencias del SAME. Esto revela que el problema está creciendo”, dijo Sánchez, exponiendo además cómo la percepción social suma “la idea de que hay más personas con problemas de salud mental en la calle”. Esa percepción también se alimenta del lenguaje cotidiano: “‘Fisura’, ‘loquito’: son palabras que circulan cada vez más, reflejo de una preocupación colectiva”.
Crivelli enfatizó que no toda la población en situación de calle sufre patologías psiquiátricas, pero que el desamparo sí puede desencadenar “un quiebre mental”. Esta doble cara del fenómeno revela una dimensión social aún más compleja para el abordaje de la problemática.
Asimismo, los conductores hicieron foco en el desajuste entre las normas y la realidad operativa: “Legislamos como en Suecia o Finlandia, pero después, cuando la justicia tiene que ejecutar la ley, no hay ni siquiera un lugar físico para derivar a estos pacientes. Se termina liberando a personas que podrían recibir tratamiento preventivo, sencillamente porque el Estado no ofrece respuestas”, sintetizó Indart.
La distancia entre la letra de la ley y las posibilidades de implementación fue mencionada como causa subyacente de episodios que conmocionan a la opinión pública. “Mientras los recursos no se asocien al diseño de los sistemas, la ley seguirá siendo una declaración de buenas intenciones incapaz de resguardar ni a los pacientes ni a la sociedad”, analizaron.
• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.
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