El posible acuerdo de culpabilidad entre Ovidio Guzmán López y el gobierno de Estados Unidos marcaría un giro en la situación judicial de los principales personajes del Cártel de Sinaloa que se encuentran procesados en dicho territorio.
Sin embargo, la pregunta que se mantiene en el centro del debate es si esta negociación judicial llevaría a que sus hermanastros, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también decidieran entregarse a las autoridades.
De acuerdo con el analista en seguridad nacional David Saucedo, ese escenario sería altamente improbable. En entrevista con el periodista Luis Chaparro para el programa Pie de Nota, el experto ofreció un diagnóstico que, más allá de las especulaciones sobre posibles beneficios judiciales, se centra en la lógica operativa y de supervivencia del grupo criminal.
En su análisis, los hermanos que aún se encuentran en libertad liderando la guerra en Sinaloa no tendrían margen para retirarse del negocio sin exponerse a un alto riesgo personal.
“Veo muy complicado que la totalidad de los hijos del Chapo se entreguen a la justicia”, afirmó Saucedo. “Su propia sobrevivencia como familia, incluso su propia seguridad física, depende de que sigan teniendo hombres, armas, recursos, flujos de ingresos”, confirmó.
El dilema de la supervivencia
A lo largo de la conversación, Saucedo reiteró que dentro de las organizaciones criminales de alto nivel, retirarse no suele ser una opción. Para quienes han alcanzado una posición prominente, como los hermanos Guzmán, abandonar el mando implicaría perder protección, estructura y control, volviéndose vulnerables ante sus enemigos e incluso frente a sus antiguos aliados.
“Una vez adentro y alcanzando una posición prominente, es muy difícil dejar el negocio”, dijo en respuesta a Chaparro. “Si dejan de tener ingresos, recursos, anillos de protección política, policial, los adversarios irían por ellos”.
Esta situación explicaría por qué los líderes operativos de la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa seguirían optando por mantenerse en la clandestinidad, aún cuando sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López encuentre colaborando con autoridades estadounidenses.
En opinión del analista, el riesgo no solo provendría de actores externos, sino también de posibles fracturas internas o traiciones entre grupos rivales dentro del propio cártel. El escenario actual, marcado por la fragmentación del poder criminal en Sinaloa, no ofrecería garantías para un retiro negociado o una entrega segura.
Una familia dividida: cooperación y operación
Para explicar lo que estaría ocurriendo al interior de la familia Guzmán, Saucedo propuso una interpretación que definió como una “decisión corporativa”.
Según este planteamiento, parte de los Guzmán habría optado por colaborar con la justicia estadounidense, mientras otra parte —la que se mantiene activa en México— conservaría el control operativo del cártel, sus rutas, recursos y plazas.
“La familia del Chapo Guzmán tomó una determinación: la mitad o una parte de la familia se va al esquema de protección de testigos de la DEA y la otra mitad va a seguir con el negocio”, explicó.
Este modelo ya ha sido aplicado por otras estructuras criminales, como la familia Zambada, donde algunos de sus integrantes, como Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, testificaron ante cortes federales, mientras su padre continuaba operando en territorio mexicano. Según Saucedo, este “camino amarillo” ya es conocido por quienes se mueven en los círculos del narcotráfico.
A la pregunta de si esa dualidad permitiría que todos los hijos del Chapo eventualmente accedan a beneficios judiciales en Estados Unidos, Saucedo fue enfático en señalar que, si bien existen casos donde los acuerdos se extienden más allá de los individuos detenidos, eso no significaría necesariamente una entrega formal.
“No por el momento está en su radar”, dijo sobre la posibilidad de que Iván o Jesús Alfredo sigan los pasos de Ovidio o Joaquín.
Uno de los casos más visibles que ilustrarían esa lógica sería el de Griselda López, madre de Ovidio, quien fue vista cruzando legalmente hacia Estados Unidos junto con otros familiares. Aunque enfrenta cargos federales, Saucedo consideró que su situación podría resolverse sin consecuencias penales.
“Muy probablemente Griselda López no va a pisar prisión, la van a dejar caminar libre en Estados Unidos”, sostuvo, al sugerir que la cooperación de su hijo sería suficiente para garantizarle protección.
El modelo estadounidense y mexicano
El analista también apuntó que este tipo de acuerdos judiciales responderían a una lógica pragmática del gobierno estadounidense, que busca desmantelar estructuras criminales sin necesidad de procesar judicialmente a todos sus miembros.
A cambio de cooperación, testimonio e inteligencia estratégica, se ofrecerían beneficios que incluirían reducciones de condena, protección a familiares, permisos migratorios e incluso tolerancia frente a la posesión de ciertos activos.
“Incluyen evidentemente reducciones de sentencia, que no se emitan órdenes de captura, que se les dé la visa y residencia en los Estados Unidos, ser trasladados a prisiones que no sean de alta seguridad, permitirles que conserven una parte de sus activos...”, enumeró Saucedo.
No obstante, advirtió que esta política de cooperación tendría efectos adversos para México, pues mientras EEUU obtiene cooperación y desmantela estructuras desde sus cortes, México carga con las consecuencias inmediatas de la fragmentación criminal.
“Quizá tenga muy contento a Donald Trump, al gabinete de seguridad de los Estados Unidos, pero en México nos mete en un sinfín de problemas: incremento de la violencia, de los secuestros, de la comercialización de drogas, porque la guerra de cárteles no se paga sola. La guerra civil del Cártel de Sinaloa requiere recursos y para obtenerlos hay más sobornos, más venta de droga, más exportación de droga, más compra de armas”, finalizó.
