La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este miércoles 14 de mayo a Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la destrucción de videos clave relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La detención se llevó a cabo alrededor de las 08:00 horas en la colonia Ruffo Figueroa de Chilpancingo, Guerrero, por agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros (Conase) y de la Agencia de Investigación Criminal.
Galeana Marín, de 80 años de edad, fue trasladada a la sede de la Policía Federal Ministerial en Guerrero para su certificación médica y posterior ingreso a un penal.
La ex funcionaria ocupaba la presidencia del TSJ en septiembre de 2014, cuando ocurrieron los ataques y desapariciones de los normalistas. Se le acusa de haber ordenado la destrucción de grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales podrían haber registrado el momento en que policías municipales y presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos interceptaron a los estudiantes.
Estas grabaciones han sido solicitadas durante más de una década por los familiares de las víctimas, sus representantes legales y organizaciones de derechos humanos, al considerarlas fundamentales para esclarecer los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha respaldado la importancia de estos videos, señalando que podrían mostrar el traslado de los estudiantes hacia el municipio de Huitzuco, donde presuntamente fueron entregados a un líder criminal conocido como “El Patrón”.
En su momento, Galeana Marín declaró que las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia no tenían utilidad, ya que “solo habían captado manchas borrosas”.
Ordenes de aprehensión en caso Ayotzinapa ¿Habrá “verdad histórica?
La detención de la ex presidenta del TSJ se suma a una serie de acciones emprendidas por las autoridades para esclarecer el caso Ayotzinapa.
En septiembre de 2022, un juez federal ordenó la aprehensión de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, incluyendo al ex procurador Iñaki Blanco, por delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes y vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
El caso Ayotzinapa ha sido catalogado como un crimen de Estado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ), que en 2022 publicó un informe confirmando la participación de autoridades de distintos niveles en la desaparición forzada de los estudiantes. El informe también reveló la implicación de miembros del Ejército en los hechos y en la construcción de la llamada “verdad histórica”.
La detención de Lambertina Galeana Marín representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, quienes han exigido durante más de una década el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables. Las autoridades continúan con las investigaciones y no se descartan más detenciones en el futuro.
