
El hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán destapó una de las expresiones más crudas de la violencia criminal en Jalisco. En ese predio colectivos de búsqueda descubrieron en marzo pasado una torre de prendas de vestir, objetos personales y evidencia de posibles crematorios clandestinos.
Testimonios recabados por organizaciones civiles, que más tarde fueron confirmados por la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a que el lugar habría sido utilizado como centro de entrenamiento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), principalmente para jóvenes reclutados mediante engaños de falsas ofertas laborales.
El caso, que involucraría la colusión de diversas autoridades, evidenció el funcionamiento sistemático de redes de captación forzada en la región. A partir de ese episodio, se reactivaron las alertas sobre la desaparición de jóvenes y su posible cooptación por grupos criminales.

En este contexto, la Universidad de Guadalajara (UdeG) difundió un informe detallado que da cuenta de una tendencia alarmante: los adolescentes de entre 15 y 19 años se han convertido en el grupo etario con mayor número de desapariciones en lo que va del año en Jalisco, un fenómeno que los especialistas relacionan directamente con el reclutamiento forzado.
El cambio en el perfil de las víctimas
El Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas, adscrito a la UdeG, publicó el 12 de mayo un análisis basado en datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD).
De acuerdo con esa fuente, entre enero y abril de 2025 se registraron 1.123 desapariciones en Jalisco. De ese total, 616 personas permanecen sin ser localizadas.
Aunque la cifra general es similar a la del mismo periodo de 2024, el perfil de las víctimas cambió drásticamente. En 2024, el grupo con mayor número de desapariciones era el de personas entre 25 y 29 años. En cambio, en 2025 el grupo más afectado es el de 15 a 19 años, con 122 casos —lo que representa un aumento del 64% respecto al año anterior para ese mismo grupo etario—.

El promedio mensual de adolescentes desaparecidos no localizados también aumentó de forma sostenida: de 9.8 en 2023 a 11.8 en 2024, y a 25.3 en los primeros meses de 2025. En algunos meses recientes, como marzo y abril, hubo más reportes de desaparición que desapariciones verificadas, lo que sugiere retrasos en las denuncias o problemas en los registros oficiales.
A esto se suma un dato que pasó desapercibido en los registros públicos: 21 de los 122 casos reportados en 2025 corresponden a desapariciones que ocurrieron en años anteriores, pero fueron denunciadas o incorporadas al sistema este año. Este desfase revela demoras tanto en la denuncia por parte de familiares como en la integración oficial de los casos, lo que complica su tratamiento y seguimiento.
Víctimas y focos rojos
Del total de adolescentes desaparecidos en 2025, 97 son hombres y 25 mujeres. Los municipios donde se concentra el mayor número de reportes son Zapopan y Guadalajara (21 casos cada uno), seguidos de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, con 13 reportes respectivamente. La mayoría de los casos se concentra en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Un dato que evidencia la falta de respuesta institucional es que, de los 122 casos registrados, solo 61 cuentan con cédula de búsqueda pública. Esta información fue recopilada por estudiantes voluntarios de sociología de la Universidad de Guadalajara, a partir del seguimiento a las publicaciones de la Comisión de Búsqueda en redes sociales.
Este punto es subrayado en el informe universitario, que denuncia la falta de transparencia en el manejo de los datos: “la tendencia a la opacidad de las denuncias que practican tanto la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas como la Comisión de Búsqueda da como resultado que no todas las denuncias se traduzcan en cédulas”. Esta crítica directa a las autoridades sugiere un obstáculo adicional para la visibilización de las víctimas y la comprensión real de la magnitud del problema.
El Comité Universitario sostiene que el reclutamiento forzado de adolescentes por parte del crimen organizado es una de las principales causas del aumento en las desapariciones de jóvenes. Aunque esta práctica no es nueva, se habría intensificado a partir del verano de 2024.
Las estrategias de captación se basan en engaños —como falsas ofertas laborales— o en coerción directa, y una vez reclutados, los jóvenes son sometidos a entrenamiento y obligados a participar en actividades criminales.