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Carolina Pochetti, viuda de Muñoz,
Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, tras su arresto en octubre de 2018 (Adrián Escandar)

En 2018, poco después de la revelación de los cuadernos de Oscar Centeno, la Justicia Federal, con el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, inició una maratónica investigación por el presunto lavado internacional de dinero de las coimas recolectadas a empresarios. Esa investigación no será juzgada desde este 6 de noviembre en el Tribunal Oral Federal N°7 con el expediente principal de los diarios de Oscar Centeno y otras causas conexas, porque, básicamente, seis años después, con una querella de la Unidad de Información Financiera y un pedido de elevación a juicio de 350 páginas, sigue abierta.

“La causa técnicamente todavía esta en instrucción, pues está en la etapa de cumplir con los requerimientos de elevación a juicio”, explica un alto funcionario judicial a Infobae. Así, el proceso por este caso podrá ocurrir en cualquier otro momento, y en cualquier otro tribunal. Hoy, el expediente está en manos del juez Julián Ercolini, con una investigación que continúa.

El principal protagonista de este caso no será juzgado tampoco: murió de cáncer el 25 de mayo de 2016. Héctor Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, atraviesa la causa Cuadernos como ningún otro personaje. El remisero Oscar Centeno lo ubicó en sus diarios en cada recepción de dinero en el departamento de Néstor y Cristina Kirchner en Recoleta; José López, el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti y el ex financista Ernesto Clarens lo complicaron fuertemente con sus testimonios como arrepentidos.

Néstor Kirchner junto a su
Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

La principal imputada, entonces, es su viuda, Carolina Pochetti, que fue detenida en 2018, liberada meses después, junto a otros 14 acusados, entre ellos su ex abogado, Miguel Plo y Jorge Isidro Bounine, secretario privado de CFK, detenido en enero de 2019.

En su pedido de elevación parcial a juicio, firmado el 14 de junio de ese año, el fiscal Carlos Stornelli apuntó a “la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero, empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, precisamente aquellos originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz –fallecido el 25/5/2016- en el marco de la asociación ilícita y los cohechos pasivos investigados en la causa nro. 9608/2018″, el expediente principal del caso Cuadernos que se juzgará desde noviembre.

El monto estimado del daño, según fuentes del caso: 70 millones de dólares.

Carlos Stornelli, fiscal del caso
Carlos Stornelli, fiscal del caso (NA/Juan Vargas)

De Miami al paraíso fiscal

Stornelli describió a dónde fue la supuesta plata de las coimas en el documento: a ladrillos en Estados Unidos con papeles offshore.

Entre 2010 y 2015, Pochetti y otros cinco acusados “intervinieron en la maniobra de aplicación de fondos destinados a la adquisición de bienes en el extranjero, concretamente catorce inmuebles ubicados en las ciudades de Miami y Nueva York, disimulados a nombre de al menos doce personas jurídicas constituidas y radicadas en los Estados Unidos” y en las Islas Vírgenes Británicas“, con nombres curiosos como Mother Queen (reina madre) y Old Wolf (viejo lobo), administradas, de acuerdo a la imputación, por el otro acusado clave en el caso, Sergio Todisco.

Las propiedades fueron compradas en las zonas más exclusivas de Miami: Collins Avenue, Brickell Avenue, Biscayne Boulevard, una propiedad en 2100 East Atlantic Boulevard de 5,8 millones de dólares. Una propiedad en New York, en uno de los edificios más icónicos de Manhattan, habría costado casi tres veces más. Dos lotes premium en la isla de Turks & Caicos habrían sido comprados para crear un resort de playa.

A nivel local, siempre de acuerdo a la investigación de Stornelli, Pochetti y Muñoz hicieron sus movimientos. Un informe de inteligencia realizado por la UIF, con fecha de 2017, fue una base de la imputación:

La trama familiar del lavado
La trama familiar del lavado de dinero de los cuadernos en un cuadro del expediente

50 mil millones de pesos

“El informe aborda en detalle la evolución patrimonial declarada por Pochetti y Muñoz al Fisco Nacional (AFIP) a través del análisis de las DDJJ de Bienes Personales y Ganancias de los años 2010 a 2015. Este mismo análisis se realiza respecto de las sociedades y las participaciones accionarias exteriorizadas por los nombrados”, con participaciones en directorios de empresas como Patagon Adventure, Patagon Experience y nueve firmas más. Panamá y Andorra aportaron información con respecto a los movimientos de sociedades y cuentas bancarias, que detallaron el presunto tren del dinero, desde Santa Cruz hasta Brickell Avenue.

En 2017, tras la muerte de Muñoz, varias propiedades fueron vendidas en el exterior, lo que fue detectado por la Justicia argentina. Los imputados, como el abogado Miguel Plo, que aseguró haber sido corrido injustamente de la defensa de Pochetti, enfrentaron duras indagatorias en base a sus movimientos migratorios. Sergio Todisco declaró como arrepentido. Cada compra de cada inmueble fue cruzada con los movimientos migratorios de los acusados.

Semanas atrás, hubo novedades con respecto a este expediente en Comodoro Py. La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento y embargo de varios de los otros imputados. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia concluyeron que “parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita (investigada en el caso Cuadernos) fue recibido por Héctor Daniel Muñoz, quien lo habría puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen lícito”. El embargo de Pochetti, procesada por Ercolini, había sido ampliado en su momento a 50 mil millones de pesos.

Franco, un hijo de Pochetti y del fallecido secretario de Néstor Kirchner, que no fue mencionado por Stornelli en su elevación a juicio parcial de 2019, fue involucrado también: su embargo asciende a 15 mil millones de pesos argentinos. Otros seis sospechosos fueron sobreseídos, una decisión apelada por la querella de la UIF, que logró un recurso de casación.

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