
La administración Trump dejó en tierra el domingo aviones que transportaban a niños migrantes que la Casa Blanca tenía la intención de deportar a Guatemala, después de que una jueza federal emitiera una orden de emergencia bloqueando temporalmente la expulsión de unos 600 menores no acompañados.
La jueza Sparkle L. Sooknanan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dijo que se enteró por los demandantes de que la administración estaba subiendo a cientos de menores no acompañados a vuelos la mañana del domingo, a pesar de una orden que ella había emitido más temprano ese día prohibiendo a los funcionarios, durante 14 días, deportar a 10 niños nombrados en una demanda. Como resultado, adelantó una audiencia para la tarde del domingo y amplió su suspensión para cubrir a los aproximadamente 600 niños de Guatemala en riesgo de ser deportados a su país de origen.
“Tengo al gobierno intentando sacar a niños menores del país en las primeras horas de la mañana durante un fin de semana festivo”, dijo Sooknanan. “Eso es sorprendente”.
Drew Ensign, quien representó al Departamento de Justicia, dijo durante la audiencia que su agencia no estaba al tanto de la orden inicial que bloqueaba las deportaciones cuando los niños fueron subidos al avión. Sooknanan había emitido la orden temprano en la mañana del domingo, después de que el National Immigration Law Center presentara una solicitud de emergencia para pausar la deportación de 10 niños guatemaltecos.
Mientras que la primera orden de Sooknanan cubría solo a los 10 niños listados como demandantes en la presentación inicial, ella amplió su suspensión durante la audiencia de la tarde para cubrir a los aproximadamente 600 niños en riesgo de deportación, ya que la demanda fue presentada como una acción colectiva.
Durante la audiencia, los abogados de los niños dijeron que sus clientes seguían en aviones en El Paso y Harlingen, Texas, mientras se llevaba a cabo la audiencia.
Sooknanan entonces pausó la audiencia y le indicó al Departamento de Justicia que distribuyera su orden —que emitió alrededor de las 4 a.m. del domingo— a la administración Trump.
En la audiencia, la jueza dijo que intentó contactar a representantes del Departamento de Justicia temprano el domingo para informarles sobre la solicitud de emergencia del National Immigration Law Center, pero no obtuvo respuesta.
Ensign respondió que los aviones estaban siendo detenidos y no saldrían de Estados Unidos mientras la orden de la jueza estuviera vigente.
El incidente recordó a un caso judicial de alto riesgo en marzo, en el que la administración Trump cargó dos aviones llenos de deportados mientras se realizaba una audiencia de emergencia para intentar detener su expulsión.
El National Immigration Law Center argumentó en su presentación inicial que las acciones de la administración violaban la Constitución, así como protecciones de larga data bajo la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas.
“La Constitución y las leyes federales brindan protecciones sólidas a los menores no acompañados precisamente por los riesgos únicos que enfrentan. Estamos decididos a usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para obligar a la administración a respetar la ley y no enviar a ningún niño al peligro”, dijo Efrén C. Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia legal del centro, en un comunicado.
También criticó la búsqueda de la administración de la deportación de niños pequeños.
“Es un momento oscuro y peligroso para este país cuando nuestro gobierno elige perseguir a huérfanos de 10 años y les niega su derecho legal más básico de presentar su caso ante un juez de inmigración”, agregó Olivares.
La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el caso.
La administración Trump ha estado trabajando con el gobierno guatemalteco para deportar a cientos de niños no acompañados de regreso al país, y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, dijo a Associated Press la semana pasada que el país centroamericano ha acordado recibir a cientos de menores guatemaltecos que llegaron no acompañados a Estados Unidos y que actualmente se encuentran en instalaciones estadounidenses.
Ensign argumentó en la audiencia que las acciones de Estados Unidos no eran deportaciones porque los padres y tutores de los niños estaban exigiendo que los menores fueran devueltos. El gobierno, argumentó, buscaba reunirlos con sus familias.
“Es indignante que los demandantes intenten interferir con estas reunificaciones”, dijo Ensign.
Los abogados que representan a los niños impugnaron el argumento, señalando que, al menos en un caso, los padres de un niño no solicitaron su regreso. Los abogados también argumentaron que, aunque los padres o tutores pudieran haber pedido el regreso de algunos de los niños, no cumplen con los criterios legales para ser deportados.
Los aproximadamente 600 niños guatemaltecos llegaron solos a Estados Unidos y están bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Según los abogados de los niños, la administración se preparaba para enviarlos de regreso a Guatemala sin aviso ni oportunidad de impugnar sus deportaciones, en algunos casos deteniendo abruptamente sus procesos migratorios pendientes.
“Estos niños no han tenido su día en la corte. Muchos de ellos han expresado temor de regresar a Guatemala debido a la violencia, el abuso, el abandono o la trata de personas”, dijo Lindsay Toczylowski, presidenta y directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center, en un comunicado. “Todos ellos tienen derecho a buscar alivio legal y a buscar seguridad en Estados Unidos”.
© 2025, The Washington Post.
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