Trump firmó una orden ejecutiva que exige pruebas de ciudadanía para votar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que exige a los votantes presentar documentos que acrediten su ciudadanía al momento de registrarse, una medida que, según expertos, podría dejar a millones de estadounidenses sin la posibilidad de ejercer su derecho al voto.

La medida refleja la obsesión de Trump con el sistema electoral y sus afirmaciones infundadas tras las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, en las que aseguró, sin pruebas, que estuvieron marcadas por fraude, especialmente por votos ilegales de no ciudadanos.

No existe evidencia de que haya ocurrido un fraude generalizado, ya sea por parte de no ciudadanos o de cualquier otro grupo, que haya alterado el resultado de dichos comicios.

Durante décadas, los republicanos en decenas de estados han intentado exigir que los votantes presenten su identificación para emitir su voto, pero Trump ha llevado ese esfuerzo a un nuevo nivel con una orden ejecutiva que establece un mandato federal para proporcionar prueba de ciudadanía al registrarse para votar.

La Constitución de Estados Unidos otorga a los estados la facultad de regular la fecha, el lugar y la forma de las elecciones, con la salvedad de que el Congreso pueda intervenir y anular dichas leyes. No otorga al presidente ninguna facultad específica para hacerlo.

Expertos electorales afirmaron que Trump se arrogaba un poder que no tenía y que las demandas contra la medida estaban prácticamente garantizadas.

“Esta orden ejecutiva es ilegal”, dijo Wendy Weiser, vicepresidenta de democracia en el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

“El presidente no tiene la autoridad para exigir esto. El presidente no puede anular una ley aprobada por el Congreso que establece qué se requiere para registrarse para votar en el formulario de registro de votantes federal”.

Otros sugirieron que la orden refleja el deseo de Trump de expandir el poder ejecutivo y que la Corte Suprema lo permita. Su orden instruye a la Comisión de Asistencia Electoral, una agencia regida por una ley promulgada por el Congreso, a cambiar el formulario federal de registro de votantes para exigir prueba documental gubernamental de ciudadanía.

“La Corte está en camino de establecer que todas las agencias federales deben concebirse como parte del poder ejecutivo, sin importar cómo el Congreso las denomine o estructure”, escribió Richard Pildes, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Nueva York, en un blog ampliamente leído sobre leyes electorales.

No está claro si los estados estarían obligados a utilizar el formulario federal, ya que suelen crear sus propios documentos de registro, los cuales también pueden emplearse para inscribirse en elecciones federales.

Solo los ciudadanos pueden votar en elecciones federales, pero la mayoría de los estados no exigen una prueba de ciudadanía. En su lugar, los votantes deben firmar una declaración jurada donde afirman ser ciudadanos. Quienes no lo sean y firmen este documento pueden enfrentar cargos penales y ser deportados.

La orden permite a los votantes utilizar pasaportes o ciertas licencias de conducir como prueba de ciudadanía, pero excluye los certificados de nacimiento.

Además, busca prohibir que los estados contabilicen las boletas enviadas por correo si son recibidas después del día de la elección. El año pasado, 18 estados aceptaron estos votos siempre que estuvieran sellados antes o durante la jornada electoral.

Trump también advirtió que retendría los fondos federales destinados a los comicios en los estados que no acaten las disposiciones establecidas en su orden.

“Fraude electoral, han escuchado el término, lo acabaremos, con suerte”, dijo Trump mientras firmaba la medida, según un video publicado por la Casa Blanca.

Weiser y otros dijeron que la medida privaría del derecho al voto a millones de personas que no tienen fácil acceso a dichos documentos.

“El objetivo aquí es la supresión de votantes, pura y simple”, escribió Rick Hasen, profesor de derecho en UCLA, en el blog.

Al igual que Weiser, Hasen cuestionó la legalidad de la medida, ya que el presidente no supervisa la Comisión de Asistencia Electoral.

El voto de no ciudadanos es extremadamente raro, según han determinado revisiones académicas y judiciales. Sin embargo, Trump y otros republicanos han estado obsesionados con el tema y han dicho que quieren asegurarse de que solo los ciudadanos voten.

Los republicanos en el Congreso no han podido aprobar en los últimos años una legislación que exija prueba de ciudadanía para registrarse para votar. Con su orden, Trump busca eludir ese estancamiento.

El cambio afectaría a una amplia franja del electorado, incluidos los votantes de clase trabajadora y de zonas rurales, que constituyen una parte crucial de la base de Trump.

Muchos de esos votantes no tienen los documentos necesarios para registrarse para votar y viven lejos de las oficinas gubernamentales que los emiten.

No está claro de inmediato si la orden perjudicaría más a los demócratas, cuya base incluye a más migrantes y personas afroamericanas, que a los republicanos. Entre otros factores, las investigaciones muestran que los ciudadanos recientemente naturalizados tienden a mantener sus documentos de ciudadanía a la mano.

En otra disposición, la orden exige que los estados utilicen boletas que no registren votos con códigos de barras o códigos QR. Esto obligaría a algunos estados a realizar cambios costosos en su equipo electoral.

La orden de Trump también busca otorgar al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio Postal de EEUU la capacidad de revisar las listas de votantes estatales.

Expertos en elecciones cuestionaron el poder del gobierno federal para realizar ese trabajo, señalando que funcionarios electorales republicanos y demócratas se opusieron cuando una comisión presidencial durante el primer mandato de Trump intentó obtener copias de los registros de votantes estatales.

Sin embargo, lo que más llamó la atención este martes fue la disposición sobre ciudadanía. Los republicanos la respaldaron, mientras que los demócratas amenazaron con demandar.

“Este es un gran primer paso para la reforma de la integridad electoral a nivel nacional”, dijo en un comunicado Brad Raffensperger (R), secretario de Estado de Georgia.

Jocelyn Benson (D), secretaria de Estado de Michigan, dijo que los abogados de su oficina están revisando la orden.

“Si el negacionista en jefe de las elecciones intenta interferir con el derecho al voto de nuestros ciudadanos, con esta o cualquier otra acción, nos veremos en los tribunales”, dijo en un comunicado.

Arizona ha exigido durante años que los votantes proporcionen prueba de ciudadanía para registrarse en elecciones estatales, pero debido a un fallo de la Corte Suprema, el estado ha permitido que las personas se registren para votar en elecciones federales sin tal prueba.

Otros estados liderados por republicanos, incluidos Luisiana, Nuevo Hampshire y Wyoming, han aprobado recientemente leyes de registro basadas en el modelo de Arizona.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes está lista para aprobar una legislación que exige prueba de ciudadanía para registrarse para votar. No está claro si esa medida podría superar el Senado.

A diferencia de la orden de Trump, la legislación permitiría a los votantes usar certificados de nacimiento para probar su ciudadanía.

La Casa Blanca no explicó de inmediato por qué excluyó los certificados de nacimiento de la lista de documentos que pueden probar la ciudadanía, pero Trump ha buscado poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

© 2025, The Washington Post.