Una jueza federal bloqueó la orden de Trump que prohíbe que las personas transgénero sirvan en el Ejército

Una juez federal en Washington bloqueó el martes la prohibición de la administración Trump de que las personas transgénero sirvan en el ejército, dictaminando que el plan viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución.

La jueza Ana C. Reyes emitió la medida cautelar, impidiendo que el Departamento de Defensa promulgue una nueva política que habría eliminado a las tropas transgénero de las filas.

La política, emitida el mes pasado, siguió a una orden ejecutiva de enero firmada por el presidente Donald Trump que se refería a ser transgénero como una “falsedad” inconsistente con la “humildad y abnegación requerida de un miembro del servicio”.

Reyes, que fue nombrada por el ex presidente Joe Biden, escribió que tales pronunciamientos de que las personas transgénero no son honorables y que son “puras conjeturas”. La orden ejecutiva y la política del Departamento de Defensa “no proporcionan nada para apoyar la opinión de los demandados de que el servicio militar transgénero es incompatible con la preparación militar”, escribió.

“Los demandantes se enfrentan a una violación de sus derechos constitucionales, lo que constituye un daño irreparable. De hecho, la cruel ironía es que miles de miembros transgénero del servicio militar se han sacrificado -algunos arriesgando sus vidas- para garantizar a otros los mismos derechos de igualdad de protección que la Prohibición Militar pretende negarles”, escribió Reyes, añadiendo que “evitar violaciones constitucionales es siempre de interés público”.

El Departamento de Defensa remitió las preguntas al Departamento de Justicia, que no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.

Jennifer Levi, directora sénior de GLAD Law para los derechos de las personas transgénero y queer, dijo que la sentencia “deja al descubierto cómo esta prohibición se dirige específicamente y socava a nuestros valientes miembros del servicio que se han comprometido a defender nuestra nación”. “Dada la lúcida evaluación del Tribunal, confiamos en que esta sentencia se mantenga firme en apelación”, afirmó Levi.

Ocho personas, incluidos seis miembros del servicio y dos personas que intentaban unirse a las fuerzas armadas, demandaron al gobierno en enero, desafiando la legalidad de la orden de Trump. Una docena más de personas, entre ellas nueve en servicio activo, se han unido desde entonces a la demanda. El recurso legal es uno de los varios que las personas trans y sus aliados han presentado contra Trump, que ha firmado una serie de directivas destinadas a hacer retroceder los derechos de las personas LGBTQ+.

Las demandantes en este caso están “muy aliviadas”, dijo Shannon Minter, director jurídico del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, que defendió el caso con GLAD Law. “Han estado sometidos a mucha presión, a un estrés casi insoportable. Esto les da un momento para respirar. Desean tanto continuar su carrera militar y seguir sirviendo. Es toda su vida. Se han sacrificado. Sus familias se han sacrificado. La incertidumbre les ha desgastado”.

El memorando del Pentágono, hecho público a finales de febrero como parte de la demanda, decía que las tropas que tuvieran disforia de género o antecedentes de ella serían separadas, lo que suponía un cambio de la política anterior que prohibía la discriminación basada en la identidad de género.

El memorando decía que podrían hacerse excepciones en el caso de tropas transgénero que apoyaran directamente las “capacidades de combate” si el Departamento de Defensa tenía una razón “imperiosa” para retenerlas.

Se ordenó a cada rama militar que identificara a los miembros del servicio con disforia de género en un plazo de 30 días y que “iniciara las acciones de separación” en un plazo de 30 días a partir de ese momento.

Ninguno de los demandantes ha sido separado del servicio como parte de la política, pero escribieron en documentos judiciales que la prohibición les ha afectado de diversas maneras.

Una mujer transgénero, sargento de las Fuerzas Especiales del Ejército de EEUU, declaró que este mes la habían retirado de un despliegue en una zona de combate. La enviaron a Kentucky y le dijeron que la separarían el 26 de abril, según consta en los expedientes judiciales. Su unidad está operando ahora con un solo médico, escribió, una reducción que “afecta gravemente a la preparación y la misión” del equipo.

“La prohibición del servicio transgénero ha obligado a poner fin de forma abrupta e involuntaria a una carrera que amo, empañando mi historial de servicio honorable y poniendo en peligro mi futuro”, escribió la soldado. “Mi deseo es simplemente permanecer en el Ejército, seguir desplegando con mi unidad y cumplir con mis responsabilidades para con mi país y mis compañeros soldados”.

Otros demandantes escribieron en documentos judiciales que fueron puestos en baja administrativa, se les cancelaron sus contratos o se les prohibió graduarse en la Escuela de Aspirantes a Oficial. Los portavoces de cada una de las cuatro ramas se negaron a comentar si se había despedido a algún miembro transgénero del servicio.

Las personas abiertamente transgénero pueden servir en el ejército desde 2016, cuando la administración Obama derogó la prohibición del servicio transgénero, alegando el valor de garantizar que todas las personas cualificadas pudieran servir a su país de uniforme. Anteriormente, el ejército consideraba que las personas transgénero no eran aptas para el servicio.

Desde entonces, menos de 6.000 miembros del servicio activo o de la Reserva han recibido un diagnóstico de disforia de género, según un alto funcionario de Defensa que habló bajo condición de anonimato en virtud de las normas básicas establecidas por la administración Trump. Aproximadamente la mitad de ellos han tomado hormonas y solo 1.000 se han sometido a cirugía de transición.

El ejército ha gastado 52 millones de dólares en total desde 2014 en terapia, hormonas y costes de cirugía para los miembros trans del servicio, según los documentos judiciales. Reyes escribió que en 2023, el Departamento de Defensa gastó alrededor de 41 millones de dólares en Viagra, en comparación con un estimado de 5,2 millones de dólares para la atención de afirmación de género.

En una audiencia la semana pasada, el abogado del Departamento de Justicia Jason Manion argumentó que la nueva política del Pentágono impone “una descalificación basada en una condición médica”. En un memorando, el DOJ señaló un estudio de 2021 que encontró que el 40 por ciento de los miembros transgénero del servicio no eran desplegables durante un período de 24 meses.

Pero Reyes calificó esa cifra de “insignificante” porque el gobierno no señaló qué porcentaje de la fuerza total no pudo desplegarse durante ese período, ni cuánto tiempo permanecieron sin desplegarse los miembros transgénero del servicio. Reyes también dijo que había leído el estudio y que en él se concluía que los miembros transgénero del ejército eran más aptos para el despliegue y tenían menos bajas que otras tropas a las que se les había diagnosticado depresión. Según el estudio, también permanecían más tiempo en el ejército.

Reyes señaló que el anterior Secretario de Defensa, Lloyd Austin, utilizó el mismo estudio para determinar que los transexuales son aptos para el servicio siempre que tengan 36 meses de estabilidad tras un diagnóstico de disforia de género.

Aunque Reyes criticó a veces con dureza los argumentos del Gobierno, la vista de la semana pasada fue discreta en comparación con las anteriores, que en ocasiones se tornaron acaloradas. En una audiencia en febrero, Reyes describió la orden de Trump como “biológicamente inexacta” y dijo que estaba motivada por una “animadversión no adulterada” hacia las personas transgénero. Aunque Reyes felicitó al abogado del DOJ varias veces durante esa audiencia de dos días, el departamento presentó más tarde una queja ante el juez principal del Circuito de Washington D. C. y acusó a Reyes de “mala conducta hostil y atroz”.

Reyes no abordó la queja durante la vista de la semana pasada y, en su lugar, formuló una amplia gama de preguntas que se basaban en todo, desde la física newtoniana hasta la teoría del “velo de ignorancia” de John Rawls. Mientras que el abogado del DOJ dijo en ocasiones que o bien no había leído recientemente los estudios completos citados en su memorándum o no los tenía consigo en la vista, Reyes dijo que los había estudiado en su totalidad y dijo repetidamente que el gobierno estaba caracterizando erróneamente sus propias pruebas.

Reyes dijo que estaba siendo especialmente minuciosa porque los demandantes le están pidiendo que haga algo que “nadie debería tomarse a la ligera”.

“Me están pidiendo que inhabilite al presidente de Estados Unidos y al secretario de Defensa”, dijo Reyes. “Y no me sentiría cómoda haciéndolo a menos que me aseguraran que ese es el enfoque correcto. Y yo personalmente no puedo estar segura de eso a menos que esté haciendo todas estas preguntas “.

El martes, Reyes señaló que Trump emitió la orden ejecutiva que prohíbe a las personas transgénero en el ejército una semana después de regresar al cargo. Las políticas anteriores que afectan a las tropas transgénero fueron “adoptadas después de un cuidadoso estudio y revisión”, dijo.

“Nadie sabe en qué se basó, si es que se basó en algo”, dijo Reyes sobre Trump.

El juez dio al Departamento de Defensa hasta el 21 de marzo para informar a cada rama militar de la sentencia.

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