El Departamento de Justicia demandó a Alabama por un programa destinado a eliminar votantes

El Departamento de Justicia demandó el viernes 27 de septiembre al estado de Alabama por un programa que, según los fiscales, violaba la ley federal al intentar eliminar a votantes de las listas de registro estatales menos de 90 días antes de una elección e incluía indebidamente a algunos ciudadanos estadounidenses nativos y naturalizados.

Los fiscales están pidiendo a un juez que detenga la iniciativa y restablezca a los votantes elegibles que recibieron avisos de que tendrían que actualizar sus formularios de inscripción electoral. Se les dijo que no podían volver a registrarse dentro de los 14 días posteriores a las elecciones del 5 de noviembre.

La demanda marca la primera acción legal de la administración Biden para bloquear los esfuerzos estatales para recortar las listas de votantes en un momento en que muchos republicanos importantes, incluido el candidato presidencial republicano Donald Trump, han hecho afirmaciones falsas de fraude electoral generalizado, incluso por parte de inmigrantes indocumentados.

El secretario de Estado de Alabama, Wes Allen (republicano), que figura como acusado en la demanda, dijo el mes pasado que el estado había identificado a 3.251 personas a las que se les había emitido previamente un número de identificación federal de no ciudadanos y cuyo estatus de votante se volvería inactivo. Reconoció que la lista podría incluir a algunas personas que desde entonces se habían convertido en ciudadanos naturalizados, y dijo que tendrían que actualizar su registro de votante.

La oficina de Allen publicó un comunicado el viernes diciendo que “no hace comentarios sobre litigios pendientes en los que el Secretario de Estado es un acusado nombrado”. La declaración también incluyó un comentario de Allen, quien dijo que era su “deber constitucional garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses voten en nuestras elecciones”.

Los funcionarios de justicia dijeron que el programa de Alabama violaba las leyes federales que prohíben a los estados y localidades eliminar grandes cantidades de votantes de los padrones en fechas demasiado cercanas a una elección, durante lo que se conoce como el “Período de Silencio” de 90 días. Esos estatutos existen, dijeron los funcionarios, porque tales acciones suelen ser propensas a errores y pueden causar confusión en los votantes, que tienen muy poco tiempo para corregir cualquier error o problema.

Las autoridades federales dijeron que su propia revisión de la lista de no ciudadanos de Alabama encontró que el estado había incluido indebidamente a algunos ciudadanos estadounidenses nativos y naturalizados.

“El derecho a votar es uno de los derechos más sagrados de nuestra democracia”, dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Kristen Clarke, jefa de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia. “A medida que se acerca el día de las elecciones, es fundamental que Alabama solucione la confusión de los votantes resultante de los envíos de correos de mantenimiento de listas que violan la ley federal”.

El voto de personas que no son ciudadanas en las elecciones federales es ilegal y las investigaciones han demostrado que rara vez ocurre. Trump y sus partidarios han prestado mucha atención a este tema en los últimos meses, y los republicanos en la Cámara de Representantes están presionando para que se apruebe una legislación que exija a los votantes presentar una prueba de ciudadanía para registrarse para votar.

Los conservadores han argumentado que garantizaría que solo los ciudadanos voten, mientras que los críticos han dicho que privaría del derecho al voto a los votantes veteranos que no tienen acceso fácil a certificados de nacimiento, pasaportes u otros documentos. En varios estados, los conservadores han presentado demandas para obligar a los funcionarios electorales a hacer más para identificar a los no ciudadanos en las listas de votantes.

Este mes, Arizona se vio sacudida cuando los funcionarios electorales se enteraron de que los sistemas informáticos del estado habían registrado incorrectamente a unos 98.000 votantes como si hubieran presentado una prueba de ciudadanía. La Corte Suprema de ese estado abordó el asunto en cuestión de días, dictaminando que los funcionarios no deberían cambiar el estatus de votante de esos residentes porque las elecciones son demasiado pronto.

Además de restablecer los derechos de los votantes elegibles y bloquear cualquier otra violación del Período de Silencio, los fiscales federales están pidiendo al tribunal que obligue a Alabama a enviar por correo información destinada a educar a los votantes sobre la restauración de sus derechos. Los fiscales también piden capacitación para los funcionarios locales y los trabajadores electorales para aliviar la confusión y la desconfianza entre los votantes elegibles que han sido acusados indebidamente de no ser ciudadanos.

El programa de Alabama ya enfrenta un desafío legal separado por parte de una coalición de grupos de derechos civiles, quienes dijeron en una demanda la semana pasada que el estado “está apuntando a su creciente población inmigrante a través de una purga de votantes destinada a intimidar y privar de derechos a los ciudadanos naturalizados”.