Familiares de presos políticos recluidos en el centro penitenciario El Rodeo I denunciaron ante instancias internacionales una serie de hechos de extrema gravedad que comprometen seriamente la vida, la integridad personal y la salud mental de las personas privadas de libertad.
De acuerdo con información documentada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los detenidos estarían siendo sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes que trascienden el castigo físico y buscan deliberadamente quebrarlos psicológicamente mediante el uso sistemático del miedo y la intimidación.
Según testimonios recabados, funcionarios custodios del penal habrían formulado amenazas directas contra la vida de los presos políticos, advirtiéndoles que, ante una eventual intervención militar extranjera en Venezuela, serían los primeros en morir, señalándolos explícitamente como “escudos humanos”. Estas amenazas se producen en un contexto previamente documentado de aislamiento, castigo colectivo e incomunicación prolongada.
El observatorio advierte que estas prácticas ocurren junto a restricciones arbitrarias y reiteradas de visitas familiares, recepción de paquetería, atención médica adecuada y contacto con abogados defensores, lo que vulnera de manera directa estándares internacionales sobre el trato a personas privadas de libertad.
A esta situación se suma una práctica particularmente alarmante: la negación oficial de la custodia. Aunque numerosas familias tienen conocimiento cierto de que sus seres queridos se encuentran recluidos en El Rodeo I, las autoridades penitenciarias niegan formalmente que estas personas estén detenidas en dicho centro. Esta conducta no constituye un error administrativo, sino una práctica sistemática que impide la verificación independiente, obstaculiza recursos judiciales urgentes y coloca a los detenidos en un limbo legal deliberado.
La negación de la custodia de personas privadas de libertad, combinada con incomunicación prolongada, amenazas de muerte y ausencia total de información oficial a los familiares, constituye una señal de alerta extrema. En este contexto, dichas prácticas pueden configurar desaparición forzada, con un riesgo real de tortura y ejecuciones extrajudiciales, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Ante estos hechos, el Observatorio Venezolano de Prisiones informó que se encuentra activando acciones internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordando que desde 2008 dicho tribunal dictó medidas provisionales a favor de todas las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios Rodeo I y II, debido a la situación de gravedad extrema y al riesgo de daño irreparable a la vida y la integridad personal.
Las organizaciones y familiares hacen un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas, en particular a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a los Procedimientos Especiales, para que se adopten medidas inmediatas de protección, se exija información oficial verificable sobre la situación de los detenidos y se garantice el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales.
Finalmente, los familiares cuestionan la persistencia de actos de crueldad contra personas detenidas arbitrariamente que, conforme al derecho internacional, deberían encontrarse en libertad plena, especialmente en un período del año marcado por la reunificación familiar y la protección reforzada de la dignidad humana.
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