Cómo funciona el tráfico irregular de buques petroleros que apagan sus sistemas para no ser detectados rumbo a Venezuela

En los últimos años, el uso de petroleros que navegan sin identificación electrónica visible se ha transformado en el eje de la exportación clandestina de crudo venezolano, conforme a los hallazgos difundidos por la ONG Transparencia Venezuela (en el exilio) en su más reciente informe publicado en diciembre de este año. De acuerdo con este monitoreo, el tráfico marítimo asociado a la industria petrolera local ha adoptado prácticas centradas en el ocultamiento deliberado, en respuesta a un entorno internacional hostil dominado por sanciones, decomisos y una creciente vigilancia naval de Estados Unidos.

De acuerdo con el informe de Transparencia Venezuela (en el exilio), el endurecimiento de las sanciones y operaciones militares en el Caribe produjo una mutación en la estructura logística de las exportaciones venezolanas. El reporte, basado en datos de Vesselfinder, Marine Traffic e imágenes satelitales, identifica que el 41% del tráfico de petroleros observado en noviembre de 2025 operó de manera irregular: 14 buques sancionados, nueve furtivos y 17 pertenecientes a la “flota oscura”, es decir, embarcaciones que navegaron con sus sistemas de Identificación Automática de Buques (AIS) apagados.

El incremento de operativos cobra mayor relevancia, ahora que el presidente estadounidense Donald Trump, ordenó el “bloqueo total y completo” de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Trump aseguró este martes a través de su cuenta de Truth Social que el país “está rodeado por la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” para recuperar los activos que fueron “robados previamente” a Estados Unidos. En ese contexto, la Casa Blanca justificó el embargo del crudo venezolano como un mecanismo para enfrentar el supuesto financiamiento de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la trata de personas, por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

El documento de la ONG venezolana, que actualmente opera en el exilio, señala que el apagado del AIS —tecnología obligatoria para la seguridad y el control marítimo global— es una “práctica común entre flotillas sancionadas o involucradas en operaciones furtivas para evadir el seguimiento internacional”. Tan solo en el pasado mes de noviembre, Transparencia Venezuela detectó 13 transferencias marítimas ilícitas (STS, por sus siglas en inglés) entre buques oscuros, furtivos y sancionados, especialmente en la zona de Caquetíos, cerca de Amuay.

Asimismo, la organización indica que el modus operandi del sector ha evolucionado para evitar la detección: apenas una tercera parte de los tanqueros observados declararon de manera transparente el destino de su carga. Buena parte de los cargamentos sale del país en naves con bandera de Islas Comoras, Guinea, Guyana y Panamá, muchas de ellas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, la Oficina de Sanciones Financieras (OFSI) del Reino Unido o la Unión Europea.

El informe de Transparencia Venezuela (en el exilio) detalla la diversidad de la flota utilizada en las exportaciones irregulares. Se identificó la presencia de buques con banderas de países africanos, caribeños y asiáticos, y empresas propietarias radicadas en Emiratos Árabes Unidos, Seychelles y Liberia. Algunas embarcaciones —como el SEAHORSE (Islas Comoras), el ANTLIA (Guinea) o el WARRIOR KING (Togo)— figuran en la lista de sancionados por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Parte de estas naves, oficialmente declaradas como “fuera de servicio”, siguen operando a través de identidades falsas y registros alterados.

Transparencia Venezuela explica que la operativa de estos buques incluye permanecer anclados durante días cerca de sitios estratégicos, como el Parque Nacional Mochima, sin reportar actividades comerciales regulares ni itinerarios reales. Al analizar imágenes satelitales, la ONG confirmó la concentración de navíos sancionados y anónimos en las áreas de mayor trasiego, lejos del alcance de operativos convencionales.

Un mecanismo clave es el trasbordo o transferencia de crudo entre navíos en alta mar (STS), práctica que facilita la salida de petróleo y la entrada de diluyentes importados para refinar el crudo venezolano. Según publicaciones de Reuters, la exportación de hidrocarburos a Estados Unidos —a través de compañías como Chevron, autorizadas por el Departamento del Tesoro— convive con el flujo ilícito: tan solo en noviembre, ocho tanqueros comisionados por esta petrolera entraron y salieron del país bajo procedimientos reglamentarios, mientras que la mayoría de los cargamentos opera en la penumbra sin manifiestos de destino claro.

La organización señala que el uso de buques con AIS apagado no solo desvía el control aduanero y limita la transparencia de la cadena de suministro, sino que propicia una economía paralela en la que se diluye la trazabilidad del crudo, afectando la capacidad del Estado venezolano para regular sus ingresos y operaciones.

Uno de los aspectos más sensibles revelados por la investigación es la conexión entre el flujo de hidrocarburos y el tráfico de cocaína. Según un reportaje de The Wall Street Journal recogido y comentado por Transparencia Venezuela, “Venezuela se ha convertido en un centro de tránsito clave para la cocaína colombiana, que está entrando masivamente en Europa a través de los países del Sahel”. El trabajo periodístico y fuentes policiales citadas sostienen que, además de las rutas pesqueras tradicionales, las mafias emplean ahora buques mercantes y petroleros para camuflar cargamentos de droga en las bodegas, aprovechando el apagado del AIS y la falta de controles portuarios.

La ruta Venezuela–Senegal aparece como una de las más repetidas, tanto en investigación policial de Colombia como en el monitoreo efectuado por Transparencia Venezuela. El informe destaca que “el transporte de hidrocarburos está a cargo de flotas oscuras, que simulan puerto de origen, puerto de destino, origen de su carga y suelen realizar operaciones de trasiego sospechosas”.

En respuesta a esta convergencia de tráfico petrolero y narcotráfico, el Comando Sur de Estados Unidos ha incrementado las acciones de decomiso, como la incautación del buque Skipper a finales de noviembre, según informaciones de medios estadounidenses y confirmadas por Transparencia Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro calificó tales operativos de “piratería”, mientras que la administración estadounidense asegura que forman parte de su política de control de activos vinculados a actividades ilícitas.

Las consecuencias de este modelo irregular de exportación han sido cruciales para la economía venezolana. Mientras empresas con permisos excepcionales siguen operando bajo regulaciones estrictas impuestas por el Tesoro de Estados Unidos, la mayoría del crudo sale del país sin transparencia, fuera del sistema financiero internacional, permitiendo así que el régimen de Caracas se mantenga en pie con sus ingresos económicos garantizados. Según Transparencia Venezuela, aunque este tipo de operaciones limitan la recaudación de divisas, promueven la opacidad fiscal y aumentan la dependencia de intermediarios y redes ilegales para sostener la circulación del principal recurso nacional.

El informe de la ONG concluye que “la consolidación de esta flota irregular, su sofisticada logística y su nexo con redes delictivas” ha reconfigurado las reglas de la industria petrolera venezolana, la principal fuente de financiamiento de la dictadura chavista enquistada en el país desde hace más de dos décadas.