Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron iniciar una investigación en las cárceles por las denuncias de torturas y desapariciones forzadas de los detenidos, durante una manifestación este martes frente a la sede de la fiscalía en Caracas.
En Venezuela hay unos 884 presos por motivos políticos, según cifras de la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, varios de los cuales denuncian que son víctimas de “tortura”.
“Los presos políticos sufren tratos crueles e inhumanos”, se leía en una pancarta durante una protesta de unos 30 familiares que exigieron al Ministerio Público investigar “la omisión de los delitos de tortura” en las cárceles de Rodeo I y Yare II (Miranda, centro).
En la cárcel del Rodeo I “actualmente hay cuatro personas aisladas. Uno de ellos es mi hermano”, dijo Hiovanka Ávila, de 38 años, hermana del preso Henryberth Rivas, acusado por el fallido atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro en 2018.
“Hoy, ellos tienen 21 días en aislamiento en el piso cuatro del Rodeo. Las condiciones de este aislamiento es 24 horas esposados, desnudos, poca alimentación y poca agua”, detalló.
Ávila indicó que entre los detenidos hay quienes sufren de cáncer y enfermedades cardiovasculares y neurológicas.
“Nosotros queremos evitar que familias se sigan sumando a este sufrimiento, que siga habiendo pérdidas de vida por descuidar la salud de nuestros familiares”, añadió.
Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), veinte personas han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, cinco de ellas desde noviembre del año pasado.
En Rodeo I, un centro penitenciario cercano a Caracas, hay actualmente “cuatro personas aisladas”, afirmó Ávila, entre ellas su hermano, quien, denunció, permanece recluido “con poca alimentación y poca agua”.
“Hemos asistido en varias oportunidades, a nosotros nos toca la visita los domingos en el Rodeo, y nos han prohibido el ingreso. No nos reciben paquetería, no nos reciben la medicina”, aseguró la activista, quien indicó que su hermano sufre “una situación de diarrea que no para”.
Por otra parte, Ávila denunció que hay alrededor de 140 familias “buscando a sus (parientes) detenidos en diferentes centros de reclusión” y “no les dan respuesta”, por lo que exigió el cese de las que calificó como “desapariciones forzadas”.
Otras veces, agregó, en el Palacio de Justicia “dan la ubicación y al llegar al centro de detención lo niegan”.
Margareth Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel —detenido desde 2020—, afirmó que los familiares de presos políticos también son víctimas y, en ese sentido, denunció que han sido “atacados, acosados y asediados constantemente por ejercer el legítimo derecho de denunciar y alzar la voz” por quienes “están injustamente presos”.
La activista —hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en 2021 en la cárcel, tras doce años detenido— exigió una revisión de los casos de sus parientes y la liberación de ellos.
Por su parte, Luis Alberto Méndez —abuelo de Gabriel Rodríguez, uno de los cuatro adolescentes presos políticos— pidió al fiscal general, Tarek William Saab, que “piense” en estos menores de edad, quienes “son inocentes”.
Méndez lamentó que su nieto, ya bachiller, está “desmoralizado” y teme perder el cupo que consiguió en una universidad pública para estudiar Ingeniería Civil, cuyas clases ya empezaron.
El régimen de Nicolás Maduro niega que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino ciudadanos que cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.
(Con información de EFE y AFP)
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