La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPP) exigió este lunes a Colombia que adopte un papel activo en la búsqueda y protección de los ciudadanos Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Gutiérrez, desaparecidos el pasado 26 de octubre en el estado Miranda, cercano a Caracas. La entidad explicó que Emilio Gutiérrez trabajaba desde hace 20 años como cuidador de una casa de campo propiedad de Corina Parisca, madre de la líder opositora María Corina Machado, mientras que su hijo Reinaldo lo visitaba desde Colombia. Ambos se encuentran desaparecidos desde que, según la ONG, se dirigían en dirección a la localidad de El Junquito, a las afueras de Caracas, a bordo de un Jeep amarillo placas DBI-69P, sin que haya rastros del vehículo ni de los teléfonos móviles de los desaparecidos.
De acuerdo con declaraciones divulgadas por el CLIPP en redes sociales, ninguno de los dos hombres tenía actividad política y la familia ha acudido a distintas instituciones tanto en Venezuela como en Colombia, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Caracas, la Cancillería colombiana y la Defensoría del Pueblo de Colombia. También buscaron en hospitales y morgues del país sin obtener respuestas. El CLIPP manifestó temor de que la desaparición esté relacionada con “motivos políticos o de retaliación”, dada la vinculación laboral de Gutiérrez con la familia de una referente opositora.
La ONG señaló que el caso “reúne todos los elementos de una desaparición forzada, violando la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal”. Por ello demandó garantías para la vida, libertad e integridad física y psicológica de Emilio y Reinaldo Gutiérrez, al tiempo que reclamó “su aparición con vida, inmediata y verificable”.
La preocupación por desapariciones y detenciones en Venezuela fue reforzada por la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que alertó recientemente sobre el aumento de arrestos “sin información pública suficiente”, creando un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada”. Por su parte, el Foro Penal cifró en 884 la cantidad de presos políticos en Venezuela, 85 de los cuales poseen doble nacionalidad o son extranjeros, según un boletín con corte al 3 de noviembre.
Pese a la gran cantidad de denuncias sobre desapariciones forzadas, las investigaciones internacionales y la abundante documentación presentada, el régimen venezolano, encabezado por el dictador chavista Nicolás Maduro, y el fiscal general Tarek William Saab niegan la existencia de presos políticos en el país, y sostienen que las detenciones responden a la comisión de delitos, una afirmación rechazada por diversas organizaciones no gubernamentales y figuras de la oposición.
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