
Las autoridades de Trinidad y Tobago informaron este sábado sobre la incautación, el jueves, de 268 kilos de marihuana valorada en 29 millones de dólares. La droga fue hallada en una embarcación pesquera proveniente de Venezuela, en un contexto de creciente tensión en el Caribe.
Según un comunicado del comisario de la Policía trinitense, Allister Guevarro, “esta exitosa operación pone de relieve la solidez del aparato de inteligencia del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) y la eficacia de la Policía de precisión cuando cuenta con el apoyo de nuestros socios regionales e internacionales”.
De acuerdo con el TTPS, autoridades estadounidenses señalaron que la embarcación era utilizada para el transporte de drogas ilegales con destino a Estados Unidos.

Durante la operación, los agentes confiscaron nueve bolsas con 268 paquetes de cannabis envueltos en papel marrón, localizados en el mar cerca del barco, con un peso estimado en 268 kilogramos y un valor en la calle de 29.412.196 dólares.
Tres ocupantes de la embarcación se arrojaron al mar, mientras que dos más –un trinitense y un latinoamericano– permanecieron a bordo y fueron detenidos y trasladados a Staubles Bay, en Chaguaramas.
“El tráfico ilegal de estupefacientes es una amenaza transnacional que socava la seguridad en todo el Caribe, y ningún hombre ni ninguna isla pueden combatirlo por sí solos. Esta operación demuestra los resultados que podemos lograr cuando los organismos colaboran y comparten información”, señaló Guevarro.
Trinidad y Tobago respalda el despliegue de Estados Unidos de buques e infantes de marina en el Caribe, dirigido a combatir el tráfico de drogas en el que, según el gobierno trinitense, está involucrado el régimen de Venezuela, y ha manifestado su intención de colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico.

El Gobierno de Estados Unidos incrementó recientemente su presencia militar cerca de las costas venezolanas y reportó un ataque contra una narcolancha atribuida a la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, lo que representó un cambio en la política habitual de confiscaciones, detenciones y sanciones.
Además, se aumentó la presión sobre Venezuela y el dictador Nicolás Maduro, sobre quien la Administración Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva del régimen chavista, Delcy Rodríguez, acusó a los gobiernos de Guyana y de Trinidad y Tobago de ser “vasallos” del Departamento de Guerra de Estados Unidos y de formar parte de “planes de agresión” del país norteamericano.
En respuesta, la dictadura venezolana ordenó la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y el “refuerzo especial” de la presencia militar en cinco regiones costeras del país.