La organización venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció este viernes que se desconoce el paradero del activista opositor José Riera, quien, según el partido Voluntad Popular (VP), fue detenido hace seis días por funcionarios estatales. La ONG afirmó a través de X que la familia de Riera lleva sin comunicarse con él desde el 26 de julio y que tampoco ha recibido información oficial sobre su situación.
Ante la falta de información, el Clipp calificó el caso como una “desaparición forzada”.
“José Riera lleva 6 días en desaparición forzada (...) No ha tenido acceso a sus seres queridos ni a una defensa legal”, afirmó la organización, que subraya que el régimen de Nicolás Maduro “tiene la obligación de dar respuestas”.
Voluntad Popular sumó este jueves su reclamo y exigió la liberación de Riera, a quien describe como víctima de una “detención arbitraria”.
“La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Exigimos a las autoridades que den fe de vida de José Riera y que cesen las prácticas de persecución y tortura contra quienes piensan distinto”, señaló el partido político opositor.
El Estatuto de Roma define la desaparición forzada como la “aprehensión, detención o secuestro de personas por parte de un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o proporcionar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de mantenerlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado”.
Los hechos se producen en un clima de creciente preocupación internacional. El 15 de julio, Amnistía Internacional (AI) alertó sobre un “aumento drástico” de detenciones cometidas de “forma sistemática” en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, fecha en la que el ente electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro. Según AI, estos casos exhiben “elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”.
El régimen venezolano y su Fiscalía rechazan la existencia de presos políticos en el país y mantienen que quienes han sido privados de libertad enfrentan cargos por diversos delitos. Activistas y partidos opositores desestiman estas explicaciones y denuncian persecución política.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes que en Venezuela se repite el “patrón de puerta giratoria”: excarcelaciones de algunos presos políticos que se alternan con nuevas detenciones, a un año de unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y el mantenimiento en el poder de Maduro. El 18 de julio de 2025, el régimen venezolano anunció la excarcelación de 80 personas y la liberación de 10 estadounidenses o residentes permanentes de Estados Unidos, en un intercambio por la salida de 252 migrantes venezolanos que el gobierno estadounidense de Donald Trump había expulsado a una cárcel en El Salvador.
De acuerdo con Vente Venezuela, el partido político encabezado por la dirigente opositora María Corina Machado, después de las recientes liberaciones han sido detenidos cerca de 40 críticos, de los cuales algunos han sido puestos en libertad, señala HRW.
La directora de la ONG, Juanita Goebertus, declaró que “el gobierno de Maduro lleva años aplicando un patrón de ‘puerta giratoria’” y advirtió que Estados Unidos y otros países “deben entender esta manipulación del gobierno venezolano, que libera a algunos presos políticos mientras detiene a otros y consolida su régimen autoritario”.
HRW llamó a la comunidad internacional a “contrarrestar el sistema de incentivos internos del régimen de Maduro, que premia a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para asegurar su lealtad, mientras castiga, tortura y obliga a exiliarse a los críticos”.
(Con información de AFP y EFE)
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