Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de derechos humanos, cumple este martes un año detenido arbitrariamente en Venezuela. Los detalles de su caso fueron comunicados a Infobae por la ONG Espacio Público, quien describió las condiciones de su arresto, su situación procesal y conversó con su esposa, Francy Fernández, quien lo visita regularmente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en El Helicoide, Caracas.
El comunicador fue detenido el 15 de abril de 2024, cerca de la esquina Alcabala, en la parroquia caraqueña de La Candelaria, mientras caminaba junto a su esposa. Según relató un amigo del periodista en un audio divulgado entonces, dos hombres encapuchados y sin identificación descendieron de una camioneta gris y lo obligaron a subir por la fuerza.
Horas después, el fiscal Tarek William Saab anunció en su cuenta en la red social X que el trabajador de prensa había sido detenido por estar presuntamente involucrado como “instigador” y “operador logístico” en un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido el 25 de marzo de ese año.
Desde entonces, permanece en una celda compartida con 14 personas. Además, hasta el momento, no tuvo acceso a defensa privada, su causa judicial no avanzó y, según denunciaron organismos internacionales, se encuentra en una situación de "gravedad" y "riesgo irreparable“.
“Ha sido un año fatal”
Francy Fernández narró que este año fue fatal en todos los aspectos: emocional, económico y psicológico. Lo visita al menos tres veces por semana, aunque en una ocasión le suspendieron ese derecho por tres semanas, como represalia por insistir en el respeto a sus derechos.
“Ha sido un año de confrontación constante con los funcionarios que lo custodian. Les he pedido que lo alejen de su agresor, que también está detenido en ese mismo lugar. Esa persona inculpó a Rojas difundiendo un video con toda esta infamia que armaron, solo para dañarlo y hacerlo preso del Estado”, denunció la esposa del comunicador.
El relato de Fernández, abogada de profesión, describe el impacto emocional y económico de este año de encierro. “Él asegura ser un preso de conciencia y que está allí por una lucha, por defender derechos humanos y también por ser periodista”, dijo; al tiempo que añadió: “Carlos Julio lo que ha hecho es recordarle al Estado qué está bien y qué no”.
La acusación contra el periodista incluye presuntos delitos de terrorismo y tentativa de magnicidio, supuestamente por haber estado presente en una marcha en febrero de 2024; y por, según el régimen, haber recibido dinero de la dirigente opositora María Corina Machado. “Eso es totalmente falso”, expresó su esposa.
El periodista ya había sido arrestado anteriormente. En 2017, estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, de la que salió con medidas cautelares.
Su compañera recordó que, una hora después de su más reciente detención, recibió una llamada: “Me dijeron que me enviarían los pasajes (a otro país), pero no quise irme. Decidí acompañarlo en esta lucha, hasta lograr verlo en libertad”, relató.
Y siguió: “No lo voy a dejar solo. No es el momento para salir corriendo. Decidí quedarme porque cuando comencé con Carlos Julio dije que esta era yo, y estoy fortalecida al igual que él”.
Preso de conciencia
El caso de Rojas llamó la atención de organismos internacionales. El pasado 20 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 7/2025, en la que otorgó medidas cautelares a su favor al considerar que sufre una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
En febrero de este año, Amnistía Internacional lo calificó como "preso de conciencia“ y exigió su ”liberación inmediata e incondicional“. Además, pidió al régimen de Maduro que garantice su integridad física y psicológica, su derecho a no ser sometido a torturas y las garantías de un juicio justo.
En sus primeras semanas de reclusión, a Rojas no se le permitía recibir libros, uno de sus pocos consuelos durante el encierro. “Luego de tantas quejas, los custodios accedieron a recibirlos con la condición de que no le llevara varios, sino una vez que termine la lectura de uno, es que le podían entregar otro”, relató Fernández.
Rojas creció en un entorno político. Su abuelo había sido general durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero también fue encarcelado por oponerse a ese régimen. Aunque su familia deseaba que fuera militar, eligió el periodismo y el activismo social.
La denuncia de Espacio Público
En el documento enviado a Infobae, la ONG exigió al régimen de Venezuela que garantice el debido proceso, la libertad personal y el acceso a una defensa privada para el periodista. También pidió que se abstenga de utilizar el sistema judicial como herramienta de persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Actualmente, Carlos Julio Rojas sigue preso sin juicio, sin acceso a su abogado de confianza, y bajo condiciones que han deteriorado su salud. Los primeros 39 días de su detención estuvo incomunicado, y cuando su familia logró verlo por primera vez, presentaba problemas de hipertensión.
Al cumplirse un año de su detención, su esposa enfatizó: “Él no ha cometido delito alguno”.
