El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este viernes una “atención médica especializada” para el periodista José Gregorio Camero, quien permanece detenido por el régimen de Nicolás Maduro desde el 3 de agosto de 2024 y presenta, según reportaron sus familiares, “problemas cardíacos”.
La solicitud fue difundida a través de la red social X, donde el OVP compartió un video de Egda Graterol, esposa de Camero, en el que dirige un llamado al dictador Maduro y al fiscal general del régimen Tarek William Saab para que se revise la causa judicial contra su esposo.
Graterol denunció que la detención se produjo de forma arbitraria en el contexto de la crisis surgida tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. “No hemos obtenido ninguna respuesta de los entes a los que hemos acudido”, afirmó Graterol, al advertir que el estado de salud de Camero “se ha ido deteriorando en los últimos meses”.
Según el OVP, informes forenses “confirmaron” el “delicado estado” de salud del periodista, y esos documentos ya se encuentran en poder de su defensor público. No obstante, la organización aseguró que “pese a los reiterados pedidos de su familia para que se le conceda una medida humanitaria, las autoridades han hecho caso omiso”.
Además de la atención médica, el OVP exigió que a Camero se le permita contar con un abogado de su confianza y reclamó su liberación “inmediata y sin restricciones”.
También este viernes, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) instó al régimen venezolano a tomar “medidas urgentes” frente a la situación de los ciudadanos detenidos por razones políticas, reclamando condiciones de reclusión que se “ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos”.
“La grave situación que enfrentan los detenidos pone también en riesgo a los familiares, quienes se encuentran sometidos a una angustia constante, viviendo en un estado de incertidumbre y zozobra debido a la prolongada detención”, afirmó la JEP en su cuenta de X.
De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), actualmente hay 12 trabajadores de la prensa detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela bajo condiciones arbitrarias.
Familiares de los presos políticos venezolanos denunciaron ante la ONU la falta de respuesta del régimen a sus pedidos
Una treintena de familiares de presos políticos acudió a la sede de la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Caracas para denunciar la falta de respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro a solicitudes presentadas hace un mes respecto a la situación procesal de sus allegados, detenidos en condiciones arbitrarias.
El grupo entregó nuevamente un documento que habían presentado el mes pasado ante varias instituciones del Estado, como el Palacio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Servicio Penitenciario y la Fiscalía, en el que exigen medidas como la revisión de los casos, la creación de una mesa de diálogo, atención médica especializada, acceso a defensa privada y liberación plena e inmediata de los detenidos.
También solicitaron el cese de los traslados arbitrarios sin notificación previa y que se garanticen las visitas familiares sin restricciones, condiciones que aseguran rara vez se cumplen en los centros penitenciarios del país.
A un mes de la entrega del documento, y tras haber superado los 15 días hábiles de espera estipulados por las mismas instituciones, los familiares afirmaron no haber recibido ningún tipo de respuesta oficial. Así lo manifestó Sairam Rivas, pareja del ex concejal caraqueño Jesús Armas, detenido hace más de tres meses. “No se han comunicado con ninguno de los familiares”, afirmó.
Rivas denunció que, lejos de atender los reclamos, “la respuesta del régimen ha sido afianzar y aumentar la persecución contra los familiares”, asegurando haber sido víctima de amenazas por parte del ministro del Interior, Diosdado Cabello.
En ese contexto, el grupo pidió a la ONU que interceda ante el régimen venezolano para “cesar la persecución y el hostigamiento”, acabar con el “aislamiento prolongado” y gestionar medidas humanitarias para los presos que presentan “graves patologías y estados de salud”.
Durante su intervención, Rivas cuestionó la falta de coherencia de la dictadura chavista. “Hablan del debido proceso, pero en muchos casos los familiares de nuestros presos políticos no saben ni siquiera cuáles son los cargos que les imputan ni cuál es el defensor público que les fue asignado”, dijo, y añadió que varios fueron presentados en “audiencias clandestinas”, incluso en los mismos lugares donde, según denunció, fueron torturados.
Según cifras actualizadas este lunes por la organización no gubernamental Foro Penal, el número total de presos políticos en Venezuela asciende a 901 personas, con siete nuevos arrestos en la última semana.
Del total, 813 son hombres y 88 mujeres, incluidos cinco adolescentes de entre 14 y 17 años y 167 militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La mayoría de los detenidos fue arrestada tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en el marco de operativos que, según la organización, respondieron a la represión contra disidentes políticos.
(Con información de EFE)
