La organización no gubernamental venezolana PROVEA denunció este lunes la desaparición forzada y detención arbitraria de Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), a manos de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en hechos que habrían comenzado el 27 de noviembre de 2024 en Caracas.
Según el comunicado de PROVEA, Maíz Nadales se desempeñaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación del CNE. Ese día fue citado a una reunión en la sede central del organismo, ubicada en Caracas, y desde entonces su familia no volvió a tener contacto con él.
Su hija, Bianggi Maíz, relató en un video publicado por la ONG que al día siguiente acudió a la sede del CNE para preguntar por su paradero. Tras varios intentos, logró confirmar que su padre había sido trasladado a la sede de la DGCIM en Boleíta, al este de la capital venezolana. Allí, según su testimonio, les permitieron entregarle medicamentos debido a su condición médica: el funcionario es paciente bariátrico, hipertenso y padece de tensión ocular.“El lunes siguiente nos dejaron pasarle sus pertenencias y sus pastillas. Pero al otro lunes, ya no nos las aceptaron. Nos dijeron que él no estaba allí, que había sido desaparecido”, explicó Maíz en el video difundido en la red social X. Según su testimonio, el último contacto indirecto ocurrió el 16 de diciembre de 2024, cuando funcionarios de la DGCIM informaron a la familia que Albert Maíz ya no se encontraba en esa sede.
Desde entonces, los familiares han recorrido múltiples centros de detención sin obtener información sobre su ubicación. Afirmaron que en el Centro Penitenciario Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, incluso se les impidió preguntar por su parader o. El 20 de marzo de 2025, cuatro meses después de su desaparición, la familia se enteró de forma extraoficial que el funcionario había sido presentado ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo. Allí fue acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. No se permitió a sus familiares designar un abogado privado, y el defensor público asignado “no ha ofrecido ninguna información sobre el caso”, indicó PROVEA.
Bianggi Maíz denunció además que no se les ha permitido tener contacto directo con su padre, ni siquiera para hacerle llegar los medicamentos que requiere para mantener sus condiciones de salud.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe expresamente la desaparición forzada. El artículo 45 establece que “ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”. Asimismo, el artículo 44 garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con sus familiares, designar un abogado de su confianza y conocer las razones de su detención.
En respuesta a la situación, los familiares han presentado múltiples acciones legales: han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Hasta el momento, aseguran no haber recibido respuesta de ninguna institución.La organización PROVEA exigió la liberación inmediata de Albert Maíz Nadales, el respeto al debido proceso, el acceso a la defensa privada y la atención médica adecuada, en cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano.
El caso se produce en un contexto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han alertado sobre patrones sistemáticos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, especialmente contra trabajadores del Estado y ciudadanos vinculados a procesos electorales o actividades políticas.Hasta la fecha, el CNE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la desaparición de su funcionario. Tampoco lo han hecho la DGCIM ni el Ministerio Público.
PROVEA, una de las organizaciones de derechos humanos con mayor trayectoria en el país, advirtió que la detención en condiciones de incomunicación y sin garantías procesales constituye una grave violación a los derechos humanos. Señaló además que las acusaciones de terrorismo y traición a la patria contra ciudadanos sin acceso a una defensa adecuada representan un uso indebido del sistema judicial.En el video compartido por la ONG, Bianggi Maíz subrayó: “Queremos respuesta del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de la Sala Constitucional del TSJ. Todos los derechos de mi padre están siendo vulnerados. Necesitamos verlo, saber dónde está, y que se le respeten sus derechos como ciudadano y como paciente.”
La familia reiteró su llamado a la comunidad nacional e internacional para visibilizar el caso y presionar por el cumplimiento de las leyes venezolanas y los tratados internacionales de derechos humanos.
