Una treintena de personas se acercó este viernes a la sede de la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Caracas para denunciar la falta de respuesta del régimen de Nicolás Maduro a sus pedidos relativos a la situación procesal de sus seres queridos, detenidos arbitrariamente.
Familiares de los presos políticos acercaron hace un mes un documento a las autoridades del Palacio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Servicio Penitenciario y la Fiscalía, con solicitudes de revisión de casos, la creación de una mesa de diálogo, el acceso a atención médica oportuna y especializada, el permiso para la defensa privada y, en última instancia, la libertad plena e inmediata para todos ellos.
Asimismo, la nota pedía por el fin de los traslados arbitrarios sin notificación de los presos y garantías para las visitas de familiares, sin restricciones, que raramente se cumplen en las cárceles venezolanas.
Sin embargo, a un mes de la entrega de estos documentos e “incluso luego de haber pasado los 15 días hábiles que ellos mismos dijeron que debíamos esperar, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta ni se han comunicado con ninguno de los familiares”, apuntó la pareja del ex concejal de Caracas Jesús Armas, Sairam Rivas, quien lucha en nombre del político detenido hace más de tres meses.
Por el contrario, señaló, “la respuesta del régimen ha sido afianzar y aumentar la persecución contra los familiares”, incluidas amenazas que ella misma sufrió por parte del ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Es por ello que el grupo acordó acercar a la ONU el documento elaborado un mes atrás y hacer un llamado “urgente” para que “interceda ante el Estado para que cese la persecución y el hostigamiento (...), acabe con el aislamiento prolongado” y gestione “medidas humanitarias para todos los presos políticos que, en este momento, se encuentran atravesando graves patologías y estados de salud”.
Sus reclamos, sumó Rivas, se alinean con la postura expuesta recientemente por Nicolás Maduro sobre los migrantes deportados por Estados Unidos, para quienes exigió el pleno respeto de sus derechos.
“Hablan del debido proceso pero, en muchos casos, los familiares de nuestros presos políticos no saben ni siquiera cuáles son los cargos que les imputan ni cuál es el defensor público que les fue asignado” y hasta “han sido presentados en audiencias clandestinas, incluso en los mismos lugares donde fueron torturados”, denunció Rivas que pidió, así, “coherencia” al chavismo.
Según la ONG Foro Penal, el balance de presos políticos hasta este lunes era de 901 personas, lo que expuso que siete nuevos individuos fueron privados de su libertad en la última semana, sin justificación válida más que la de haber manifestado su oposición al régimen.
Del total, 813 son hombres y 88 son mujeres, mientras que cinco son adolescentes de entre 14 y 17 años y 167 son militares de diversos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La mayoría de ellos fueron arrestados luego de las elecciones presidenciales del pasado julio, cuando el régimen ordenó intensos operativos de persecución y detención de disidentes que desafiaban su permanencia fraudulenta en el poder.
Uno de ellos fue el dirigente político Freddy Superlano, quien va a cumplir “ocho meses en aislamiento prolongado” en el Helicoide, donde le han “violado todos los derechos fundamentales”, denunció su esposa, Aurora Silva.
(Con información de EFE)
