El Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, anunció este domingo la reducción de la jornada laboral en instituciones públicas a partir de este lunes, como respuesta a la grave crisis eléctrica que atraviesa el país, una medida que la dictadura atribuye a la sequía en los embalses hidroeléctricos de la región andina, pero que expertos y sectores críticos vinculan con años de abandono, corrupción y desinversión en el sistema eléctrico nacional.
Según un comunicado oficial, la administración pública trabajará solo entre las 8:00 a.m. y las 12:30 p.m. durante seis semanas. La medida afecta a ministerios, gobernaciones, alcaldías y otros entes del Estado, y busca, según el régimen, mitigar el impacto de la “emergencia climática” que habría reducido los niveles de agua en los principales embalses del país.
“El aumento de temperaturas a escala mundial ha afectado el nivel de agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina”, declaró el Ministerio en su mensaje. Sin embargo, el discurso oficial omite que el sistema eléctrico venezolano lleva más de una década en deterioro progresivo, sin inversiones sostenidas ni mantenimiento preventivo, especialmente en infraestructuras clave como la Central Hidroeléctrica de Guri, que genera alrededor del 70 % de la electricidad del país.
La reducción del horario laboral se produce en medio de una nueva ola de apagones generalizados en múltiples regiones del país, donde los cortes de electricidad se han vuelto parte de la rutina diaria. La zona metropolitana de Caracas, centro del poder político, continúa siendo una excepción en medio del colapso energético, lo que ha generado denuncias de discriminación territorial y abandono institucional.
Desde hace años, técnicos y trabajadores del sector eléctrico han alertado sobre la salida masiva de personal especializado, la falta de repuestos, el robo de equipos y la ausencia de planes de mantenimiento en líneas de transmisión, subestaciones y generadores. Organizaciones sindicales han documentado que las torres eléctricas carecen de vigilancia, las zonas de vegetación circundante no se limpian y los sistemas alternos de generación termoeléctrica están inactivos o funcionando por debajo de su capacidad.
Mientras el régimen responsabiliza al cambio climático por los cortes de electricidad, las consecuencias de la crisis energética afectan cada vez más al sector privado y a los hogares. Comercios, industrias y hospitales enfrentan interrupciones constantes en el suministro eléctrico, lo que agrava la ya delicada situación económica y social del país. En zonas como Zulia, Táchira, Mérida y Barinas, los racionamientos pueden durar hasta ocho horas por día.
Aunque países vecinos como Colombia y Brasil también han registrado impactos de la sequía en sus sistemas energéticos, Venezuela afronta esta emergencia con una infraestructura debilitada por años de gestión opaca y falta de planificación. Según datos de ingenieros eléctricos y organizaciones civiles, el país ha perdido más del 60 % de su capacidad instalada desde 2013, sin que se haya presentado una política pública creíble para revertir la situación.
El llamado del régimen a “tomar conciencia sobre el ahorro energético” contrasta con la opacidad en la publicación de datos oficiales sobre el consumo, generación y distribución de electricidad, y con la falta de información técnica verificable que permita evaluar el alcance real de la crisis. Mientras tanto, la población continúa enfrentando interrupciones prolongadas del servicio sin explicaciones claras ni compensaciones.
(Con información de EFE)
