Quiénes son los policías y militares chavistas sancionados por Canadá por violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Uno de los constantes argumentos que al interior de las fuerzas militares y policiales se les insiste a los funcionarios es lo irrelevante de ser sancionado porque el régimen puede protegerlos. Ninguno de los afectados está seguro de eso, menos cuando países como Canadá los publica en listas donde no se les señala en crímenes que no prescriben como violación de derechos humanos. Esta vez la lista apunta directamente a policías y militares que pululan en los cargos mientras se enriquecen paralelamente.

Hasta ahora son 139 el número de venezolanos contra los que Canadá ha impuesto sanciones, con el fin de disuadir a las autoridades a impedir la violación de los derechos humanos de manifestantes, periodistas, líderes de la oposición y otros miembros de la sociedad civil.

La reacción de la Cancillería venezolana fue inmediata, calificando en un comunicado que las sanciones son “un acto de sumisión vergonzoso” agregando que Canadá decide actuar “como un mero ejecutor de las agresiones diseñadas en los Estados Unidos, confirmando lo que ya es evidente: ha dejado de ser un país soberano para convertirse en el estado número 51, sin voz propia y con una diplomacia dictada desde la Casa Blanca”. Los ocho policías y militares sancionados indica una de las medidas que más ha golpeado a los individuos señalados en ellas.

Desde el 5 de febrero 2016, ratificado en el 2018, como director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el comisario Douglas Arnoldo Rico González había sido un funcionario discreto, con reconocimiento en el ámbito policial. Se volvió más activo y visible, desde hace algunos años, en la propaganda del régimen venezolano. Su más relevante exposición fue cuando se hace público, el 16 de junio de 2021, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es señalado como responsable de graves violaciones contra los derechos humanos cometidas por funcionarios del CICPC bajo su supervisión. Por otra parte, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela caracteriza al CICPC como una institución que comete violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. De las imputaciones más graves está que el CICPC también está involucrado en ejecuciones extrajudiciales.

El General de División (Ej) Carlos Enrique Terán Hurtado, es el actual director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Su actuación como funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM) tuvo su etapa muy oscura cuando Terán dirigió el Departamento Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC) de la DGCIM, desde agosto 2019 a febrero 2021.Los testimonios de víctimas y familiares dan cuenta que el general Terán Hurtado, alias Manchas, fue extremadamente cruel durante su estadía al frente de la DGCIM en su sede central de Boleíta, Caracas.l oficial, que egresó de número 43 de la promoción 1994 General en Jefe José Antonio Páez II, también se había desempeñado como jefe de la policía en el estado Falcón y jefe de la DGCIM en el estado Táchira.

Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el GD Terán Hurtado es responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tratos crueles e inhumanos a detenidos, que cometieron funcionarios de la DGCIM bajo su mando. “El General Terán es señalado específicamente como uno de los actores responsables en los tratos crueles contra el Capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga.” (Conclusión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela).

Por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) destaca entre los sancionados el comisario mayor Carlos Alberto Calderón Chirinos, actual Director General del Servicio de Policía adscrito al Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Interiores y Justicia y es Director Adjunto de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional. Ha sido funcionario del mando de élite de la Policía Nacional de Venezuela y las tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales (PNB/FAES). Antes ocupó el cargo de Comisionado General, Director de la cárcel El Helicoide y Director de Investigaciones Estratégicas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

“Calderón aparece responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos en las instalaciones del SEBIN.”

El comisario jefe (C/J) Florencio Ramón Escalona, también sancionado por Canadá, es el Director General de Operaciones y Acciones Tácticas (DGOAT) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). La dirección a cargo de Escalona es parte de la estructura organizativa del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, aunque ya tenía seis años funcionando con la División Contra la Delincuencia Organizada, con la Unidad de Operaciones Tácticas Estratégicas y un grupo de Comandos Motorizados. Su grupo ejecuta operaciones en una perfecta unión cívica-policial-militar para el combate frontal a la delincuencia.

Aunque el comisario jefe (C/J) Leonel Alberto García Rivas es muy poco conocido a nivel de opinión pública, sí es una referencia en la institución policial como jefe del despacho y Coordinador de las divisiones de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET). Canadá lo sanciona como uno de los involucrados en actividades que han apoyado directa o indirectamente violaciones de derechos humanos en Venezuela o en actividades que socavan la democracia en Venezuela.

Aunque no aparecía sancionado, ya el comisario general Ronny Fernando González Montesinos, jefe de la División de Investigaciones Criminales de la DAET, había sido mencionado, en el 2022, en el tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, como implicado en violaciones de derechos humanos.De González Montesinos se estableció que actuaba en la “identificación de objetivos afiliados a la oposición política para su vigilancia y detención”. Incluso, la Misión de Determinación aseveró disponer “de copias de informes de inteligencia ordenados por González Montesinos contra personas y organizaciones sospechosas de estar afiliadas a la oposición política y realizados sin orden judicial”.“Al menos uno de los detenidos fue torturado, incluso con violencia sexual”, dijo la Misión cuando instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a analizar si se están llevando a cabo procedimientos contra los individuos identificados, entre ellos González Montesinos.

Como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), desde el 2024, el MG Manuel Enrique Castillo Rengifo es parte de la alta cúpula militar venezolana.Acaba de ser sancionado por Canadá, entre los ocho funcionarios señalados de violaciones a los derechos humanos.En el 2023 Castillo Rengifo fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes. Y antes, en el 2016, estuvo en uno de los cargos para privilegiados en el régimen venezolano como Gerente General (E) de Bolipuertos en el Puerto La Guaira.

Y como parte de los sancionados está el GD José Ramón Figuera Valdez, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Capital, una de las más importantes del país. Figuera, que es el Nr. 15 de la promoción 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez”, había ocupado, en el 2023, el cargo de segundo comandante y Jefe del Estado Mayor de ZODI que ahora comanda. Lo trasladaron a Comandante de la 32 Brigada de Caribe “GJ José Antonio Páez”, siendo uno de los oficiales privilegiados por su relación con la Guardia de Honor Presidencial, desde que en julio 2013 fue nombrado Director de Administración y Finanzas.Mélanie Joly, Ministra de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de Canadá, dijo que “las sanciones reflejan el compromiso de larga data de Canadá con la defensa de la democracia y el estado de derecho. También envían un mensaje claro de que Canadá no tolerará ninguna actividad que viole los derechos humanos”.