“Cientos de kilos y hasta toneladas de drogas siguen transitando a diario por Venezuela y esa es una realidad que no ha podido ocultar ni siquiera la política de opacidad implementada por el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años”. Así inicia el informe “Narcotráfico en Venezuela 2024: un negocio que lucra al poder y se expande”, de la organización Transparencia Venezuela, ahora en el exilio.
Esa ONG revela “el hostigamiento contra investigadores de medios u organizaciones de la sociedad civil venezolana”, que va de la mano con “la férrea campaña de desinformación que se impulsa desde todos los canales de comunicación estatales y los ‘privados’ alineados con el poder”.
Sobre la ruta de la cocaína hacia Estados Unidos existe una investigación, citada en el informe de Transparencia, evidenciando que “partiendo de los campos de Colombia, encontró que el número de vuelos sospechosos desde Venezuela aumentó 50% de 2017 a 2018, de acuerdo con un funcionario estadounidense”.
“Se pasó de dos vuelos por semana en 2017 a casi uno diario en 2018. En 2019, el mismo funcionario vio hasta seis vuelos nocturnos simultáneos surcando los cielos. Otro funcionario estadounidense acotó que -muchas veces- los pilotos a cargo son antiguos trabajadores de aerolíneas comerciales que solían volar jets de pasajeros”.
“Un funcionario gubernamental venezolano dijo que los vuelos cuentan con unas 50 pistas clandestinas en el estado Zulia”.
El informe de Transparencia establece que “Venezuela es un eje clave del narcotráfico global, y se pone la lupa sobre el peso económico de ese delito en el país, las rutas que se emplean para sacar los narcóticos, los actores que están involucrados, la respuesta institucional, las distorsiones sociales y culturales, y en especial, en el impacto del delito en los derechos humanos y en las recomendaciones para afrontarlo”.
Revelan que para llegar a las conclusiones de lo que ocurre en Venezuela hicieron “el rastreo y sistematización de información obtenida de fuentes directas, del trabajo de campo en siete estados de Venezuela”, así como entrevistas estructuradas y desestructuradas “a personas dentro y fuera del país”, con conocimiento sobre el tema e informes nacionales e internacionales y publicaciones en redes sociales entre 2022 y 2024.
Para Transparencia Venezuela si en Colombia durante 2023 se llegó a producir unas 2.664 toneladas de cocaína, “se estima que en 2023 circularon por Venezuela aproximadamente 639 toneladas de esta droga”, lo que por el precio promedio de la droga que se vende a los mayoristas “se puede asumir que por narcotráfico hubo un ingreso bruto en Venezuela de USD 8.236 millones durante 2024”.
Bernal y el TDA
La opacidad de la información sobre las incautaciones no impidió que Transparencia en su informe destacara que “desde 2022, los reportes de las incautaciones de drogas en Venezuela estuvieron creciendo. Las cifras publicadas por la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), indican que ese año se decomisaron en total 47.264,837 kilogramos de drogas (47,2 toneladas), mientras que en 2023 la cifra ascendió a 52.186,857 kg12 (o 52,1 toneladas)”.
En el informe se presenta al Gobernador del fronterizo estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, como “uno de los primeros funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos por su presunta vinculación con el tráfico de drogas. En 2011 Washington lo designó como narcotraficante junto a Amílcar Figueroa, representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano; a Clíver Alcalá Cordones, general del Ejército y Ramón Madriz, funcionario de inteligencia”.
En el lucrativo negocio de las drogas también está la megabanda Tren de Aragua (TDA), según la investigación de Transparencia Venezuela, ahora en el exilio. “En marzo de 2024, la Policía de Colombia detuvo a 11 venezolanos integrantes del Tren de Aragua en el municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia, que planeaban acopiar tres toneladas de marihuana, las cuales serían llevadas luego a suelo venezolano”.
Otra evidencia es que dos meses después, en mayo de 2024, la Policía de Colombia capturó a Juan Antonio Gil Díaz, alias Toño o Cachicamo, en la zona rural del municipio de Paratebueno, Cundinamarca, cerca de Bogotá.
Según autoridades colombianas, “Gil Díaz era uno de los principales operadores de las rutas del narcotráfico del Caribe y la Guajira colombiana, y a lo largo de su carrera criminal, ha tejido alianzas con los productores de cocaína en Colombia para enviar cargamento a las islas del Caribe, Centroamérica y Europa”.
Las rutas y los agentes
Entre los agentes que permiten el ingreso de dinero ilícito en el sistema bancario y bursátil, la investigación de Transparencia Venezuela relata que “Grupos de procedencia china han perfeccionado en la última década un sistema que permite que las montañas de dinero que generan el narcotráfico y otras actividades ilegales lleguen de un país a otro sin necesidad de cruzar físicamente las fronteras”.
Explican que las bandas criminales adaptaron un método conocido hace mucho tiempo (hawala) al sistema financiero moderno. “Ciertos carteles de Latinoamérica usan la banca clandestina china que, además de asegurar las transferencias, cobra un porcentaje mucho más bajo que otros lavadores de dinero”.
Relatan que en Venezuela, “un hombre identificado como Gerardo Antonio Sevilla, colaboraba con una organización criminal dirigida por Simeón Gaitx Rog, de acuerdo con investigaciones del Estado español” y estaba encargado del contacto y organización de operaciones tipo ‘hawala’, “específicamente de recibir, proteger y entregar el dinero en efectivo a terceros ubicados en Venezuela y Colombia”.
Sevilla además “usaba la banca para transferir el dinero producto de la venta de la droga. Una de las formas más usuales del blanqueo cometido por la organización dirigida por Simeón Gaitx, consistiría en transportar cantidades de dinero en efectivo en coches con compartimentos ocultos desde España hasta Portugal”.
El siguiente paso era “ingresar el dinero en efectivo en cuentas bancarias portuguesas para luego transferirlo a Latinoamérica, donde aparecería Gerardo Antonio Sevilla como encargado de la recepción, custodia y entrega a terceros del dinero”.
En las conversaciones encontradas en el teléfono de Simeón Gaitx, observaron que, “de las 58 cuentas investigadas, Gerardo Antonio Sevilla trabajaría de manera frecuente con los titulares de dos de ellas: Ligia del Valle García Rondón y Martinho Santos Rodrigues”, revela Transparencia.
La investigación de Transparencia especifica que las rutas del narcotráfico en Venezuela se mantienen y están principalmente en Zulia, Táchira y Apure, estados venezolanos que limitan con el Catatumbo colombiano, principal enclave de cultivos de coca en ese país. Desde ahí sale la droga hacia las islas del Caribe, Centroamérica y Europa.
Destaca Zulia como el principal puente para el paso de narcóticos provenientes de Colombia; a través de los ríos Catatumbo y Tarra transportan los envíos, así como pistas clandestinas en ambos lados de la frontera. Se ha encontrado presencia en las actividades con drogas de la banda Tren de Aragua, así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se extiende a Táchira y Apure.
Falcón juega papel importante en las rutas occidentales por su cercanía con otros países del Caribe, lo que aprovechan los carteles para sacar su mercancía hacia Aruba y Curazao.
En el centro del país transita la droga por La Guaira y Carabobo, donde están los principales puertos y aeropuertos venezolanos. Las rutas al oeste de Venezuela están en Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, a pocos kilómetros de Trinidad y Tobago.
