El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela exigió la liberación inmediata de dos de sus colaboradores, que cumplen este jueves un año como presos políticos del régimen de Nicolás Maduro en El Helicoide.
El coordinador nacional del organismo, Orlando Moreno, denunció en sus redes sociales que Henry Alviarez y Dignora Hernández “sufren una detención arbitraria e injusta, aislados de familiares, compañeros y abogados de confianza, siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos”.
Asimismo, recordó que fueron criminalizados y acusados de estar supuestamente vinculados a “acciones violentas” y actos conspirativos, por “el simple hecho” de “ejercer sus derechos políticos”.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó este jueves que ambos dirigentes fueron formalmente acusados por los presuntos delitos de conspiración, legitimación de capitales y asociación.
El 20 de marzo de 2024, Saab confirmó la detención de los dos colaboradores, “en razón de lo que ha confesado” Emil Brandt, un jefe regional del comando de campaña, quien había sido arrestado a principios de aquel mes, también por supuestamente estar “incriminado” en planes “violentos” y “terroristas” contra el chavismo. No obstante, al día de hoy, aún no ha presentado ninguna prueba que sustente sus acusaciones.
Ante esta situación, Moreno prometió que, no obstante, “seguiremos honrando su labor y defendiendo la verdad hasta lograr la libertad del país y hacer justicia”, a la par que Vente Venezuela instó a todos a que “hoy más que nunca, alcen sus voces por la libertad de todos los rehenes políticos” en el país.
A la par de este reclamo, el partido se pronunció sobre la situación de los cinco opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, que también cumplen este jueves un año refugiados en la sede diplomática.
En el marco de la persecución que el régimen había emprendido contra la disidencia de cara a las elecciones presidenciales y en línea con las supuestas declaraciones de Brandt, el régimen también emitió el mismo 20 de marzo órdenes de detención para Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González. Enseguida, el grupo ingresó en la residencia, de la cual no han podido salir hasta el momento.
Su situación allí se ha deteriorado considerablemente los últimos 365 días, con el impedimento de ingreso del personal, bloqueos al ingreso de insumos básicos y el corte de suministro de servicios como el agua y la electricidad, que los obligaron a recurrir al uso de un generador eléctrico y a otras medidas de emergencia.
A su vez, el establecimiento es a menudo objeto de asedio policial, con el despliegue de fuertes operativos del SEBIN en sus inmediaciones, cortes de calles cercanas, presencia de hombres armados y hasta sobrevuelos con drones de vigilancia.
Es “un refugio que se ha convertido en una prisión bajo la cruel dictadura de Nicolás Maduro. Desde el primer día, esto se ha sentido como un encierro sin fin, sin visitas, sin atención médica, sin agua, sin electricidad, sin comida... La falta de electricidad, los servicios básicos, han convertido nuestras vidas en una lucha constante por la sobrevivencia”, dijo esta mañana en diálogo con Infobae en Vivo Omar González.
A raíz de esta situación, el Comando con Venezuela en España pidió a las autoridades interceder una vez más ante el régimen -el pasado septiembre ya habían conseguido la salida segura de Edmundo González Urrutia del país- para lograr un salvoconducto para el grupo.
“Estamos haciendo todas las gestiones diplomáticas necesarias (...) queremos la intervención del ministro José Manuel Albares para que nos permita justamente seguir haciendo gestiones para lograr el salvoconducto de nuestros compañeros y la salida segura del país”, explicó María Gabriela Olavarría, coordinadora del grupo en Madrid.
(Con información de EFE)
