En marzo del 2021 arrancó una de las operaciones más torpes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra un campamento vacío de las disidencias de las FARC, en el municipio Páez del estado Apure. Se desencadenó una guerra entre guerrilla y militares venezolanos, que llevó a la muerte de 16 militares venezolanos. De ese caso hay centenares de civiles presos, algunos condenados y otros en juicio, porque tendrían relación con los grupos irregulares. Ni un solo oficial de los que mantenían relación personal y de negocios con la guerrilla fue enjuiciado.
“Quienes asumieron los delitos lo hicieron porque luchar contra el gobierno no es fácil. Les dijeron que se declaran culpables y así les dieron penas inferiores a cinco años. Terminaron siendo los culpables de esa matazón en Apure. Los usaron como chivos expiatorios”, le dicen a Infobae familiares de algunos detenidos.
Explican que varios de los que están en juicio se negaron a admitir los hechos. “¿Si no son culpables, por qué tienen que asumirlo? Ninguno de esos delitos se podía demostrar. Es culpa del gobierno que la guerrilla funcionara durante años y los que habitamos la frontera tengamos que convivir con esa gente. Ellos se pelearon y terminaron pagando los inocentes”.
“A todos los detenidos los agarraron en sitios distintos, a unos en la calle, a otros en una plaza, a algunos en un autobús, los presentaron ante un tribunal militar y les dijeron que tenían muchos delitos, incluso de rebelión militar. Una locura todo eso”.
Entre los casos más insólitos está el de Angélica de Casanova, quien vivía en La Victoria del estado Apure, y sufre de episodios psiquiátricos. Cuando vio los tanques militares en la calle, salió a la vía gritando y diciéndole a su familia que todos iban a morir, que se los comerían los gusanos. La metieron presa y la acusaron de cinco delitos.
“Angélica ha dicho en el tribunal que ella está en el primer mundo, donde Jesús estaba sin ropa. Ella solo tiene una muda de ropa, no acepta nada de nadie, llora mucho y ha sufrido muchísimo porque no entiende lo que está viviendo”.
“La situación de Angélica empeoró cuando agredió a un militar, porque creyó que estaba siendo agredida. El tribunal la condenó a tres años y dos meses de prisión, pues ya tiene la pena cumplida en su totalidad, pues ya tiene tres años y nueve meses presa. No la liberan porque dicen que están esperando ‘la orden de Caracas’ que deja en indefensión a los familiares cuando recibimos respuestas como esa”, le dice a Infobae el familiar indignado.
Varios expedientes
Después de lo ocurrido en Apure en el 2021, el régimen venezolano anunció la activación de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Temporal Especial “GD José Cornelio Muñoz”, al mando del GD Alejandro Javier Benítez Marcano, con un Estado Mayor de Coordinación, y la 94 Brigada Especial Integral Negro Primero en la ZODI Apure comandada por el General Brigada Wilfredo Alexander Medrano Machado. Solo discurso y acomodar a militares de los mucho que tiene la Fuerza Armada.
Mientras Diosdado Cabello amenazó a los periodistas de medios independientes que se acercaban a cubrir la información en la zona de conflicto, usaban a propagandistas del régimen para señalar a agentes externos porque no encajaba relacionarlos a dirigentes de oposición como ha sido costumbre en sus puestas en escena.
Los voceros políticos y militares venezolanos desencadenaron una campaña mediática para ocultar que la guerrilla tenía años instalada en esa zona, para buscar culpables externos y así señalaron al entonces presidente de Colombia, Iván Duque, en una absurda historia de que las disidencias de las FARC habían sido enviadas por el mandatario colombiano para desestabilizar al régimen venezolano.
Son varios expedientes los del caso de Apure, algunos de 20 o 30 personas, entre quienes están condenados Rafael Enrique Gómez Peralta, Germán González, Angélica de Casanova, Saúl Ramón Vera y María José Gualdrón.
Entre los que siguen en juicio algunos de esos nombres son: Liliana Yulimar Cedeño Morillo, Uriel Arguello, Jhonny Ramos Garrido, Andrés Escobar, Omar Ratia e Ismael Villamizar. Están acusados algunos de resistencia a la autoridad e instigación a la insurrección.
Los familiares se encuentran en indefensión para que los organismos de justicia les respondan. “Hay condenados que cumplieron el 75 físico con la redención de pena, pero sus derechos están siendo violentados y están casi secuestrados porque ya deberían estar en libertad, a otros no les han demostrado nada, pero los presionan a que se declaren culpables, porque la Fiscalía no tiene pruebas contra ellos”.
El caso de Apure en el 2021 impactó a la comunidad nacional, pero más aún a la Fuerza Armada venezolana, por lo que altos mandos militares han presionado para que esa cantidad de personas se mantengan privadas de libertad y así responsabilizar a alguien de lo ocurrido entre marzo y abril 2021, que significó la baja de 16 militares, el secuestro de otros y numerosos heridos.
Lo irónico es que varios funcionarios de la DGCIM que detuvieron en el 2021 a algunos de los presos hoy en día por el caso contra las FARC, están apresados porque torturaron y asesinaron al funcionario del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Juan Ángel Pantoja Carreño.
El jefe de la base de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Merecure, municipio Biruaca, Apure, era Juan Bautista García Arocha alias Gavilán, quien era el jefe de una base de la DGCIM en Apure, y que está preso por el crimen de Pantoja Carreño.
