La líder opositora María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, instaron este miércoles a la comunidad diplomática acreditada en el territorio venezolano a pronunciarse sobre la situación de los cinco dirigentes opositores que permanecen refugiados en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas desde marzo de 2024.
Machado y González Urrutia denunciaron que el servicio eléctrico y de agua de la residencia fue cortado desde noviembre y que la planta eléctrica de emergencia colapsó recientemente.
“El asedio de la embajada es un hecho que tendría, en circunstancias normales, el rechazo de toda la comunidad internacional, al menos de la comunidad diplomática en Venezuela”, afirmó González Urrutia en una entrevista transmitida por Instagram, en la que también participó Machado.
El presidente electo, que debió exiliarse de Venezuela tras una orden de captura anunciada por el régimen de Maduro en su contra luego de reivindicar su victoria en las elecciones presidenciales de julio y denunciar fraude, insistió en que los diplomáticos acreditados en el país deben manifestarse.
“En Venezuela la comunidad diplomática venezolana debe rechazar estas medidas (...) yo no he leído si el decano del cuerpo diplomático ha dicho algo”, declaró.
Por su parte, María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, hizo un llamado urgente a los representantes internacionales. “Tienen un deber”, enfatizó. “Les pido que en estas horas eleven sus voces por nuestros compañeros en la embajada (...) porque es un tema de emergencia”.
Inicialmente, seis opositores del régimen chavista buscaron refugio en la sede diplomática argentina, pero en diciembre uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y actualmente se encuentra en libertad condicional. Los cinco restantes siguen asilados desde el 20 de marzo de 2024.
Desde agosto, la embajada de Argentina en Caracas opera sin personal diplomático, luego de que el presidente argentino Javier Milei rompiera relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro, en rechazo a su fraudulenta reelección. En respuesta, Venezuela retiró a sus representantes en Buenos Aires.
El ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, negó que exista un cerco contra la residencia diplomática y sostuvo que el corte de servicios públicos responde a la falta de pago.
En agosto, el gobierno de Brasil anunció que asumiría la custodia de la delegación diplomática argentina con el consentimiento de Caracas. Sin embargo, un mes después, el gobierno venezolano revocó esa autorización. Pese a ello, la administración de Luiz Inácio Lula da Silva reiteró que continuará defendiendo los intereses de Argentina en Venezuela.
González Urrutia apoyó el llamado del Centro Carter de revisar los resultados electorales en Venezuela
El presidente electo venezolano, Edmundo González Urrutia, celebró el martes el informe final del Centro Carter y respaldó su llamado a una revisión “transparente” de los resultados de los comicios, en los que el dictador Nicolás Maduro fue autoproclamado ganador.
A través de la red social X, González Urrutia destacó la recomendación del Centro Carter a las autoridades del régimen de demostrar “respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos, permitiendo una revisión” que sea también “independiente”.
“El informe no deja ninguna duda sobre la evidencia de todas las violaciones cometidas antes, durante y después del proceso electoral”, afirmó González Urrutia.
En su mensaje, el presidente electo mencionó a los votantes que lo respaldaron: “Por los casi ocho millones de venezolanos que votaron por nuestra propuesta de cambio, esto es hasta el final”.
El Centro Carter, que desplegó en Venezuela a 17 expertos y observadores desde el 29 de junio de 2024, concluyó en su informe que, debido a la “extraordinaria negativa” del CNE de “cumplir su función más básica de informar con precisión de los resultados”, las elecciones “no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas”.
Según la organización, sus observadores visitaron 68 centros de votación el día de los comicios y fueron testigos de un “claro sesgo a favor del presidente en ejercicio” durante el proceso.
Además, el informe señala que las autoridades venezolanas fueron “incapaces” de garantizar varias condiciones fundamentales para una elección democrática, como un organismo electoral imparcial y transparente, un registro de votantes completo y no discriminatorio, libertad de campaña para partidos y candidatos, libertad de prensa y competencia libre.
(Con información de AFP y EFE)
