El dictador Nicolás Maduro, investido por la chavista Asamblea Nacional para un tercer mandato en Venezuela tras el fraude electoral de 2024, planteó este miércoles una reforma constitucional que amplíe y modernice “al máximo” la carta magna, vigente desde 1999 e impulsada por el ya fallecido presidente Hugo Chávez.
En una reunión con la comisión encargada de este proceso, transmitida por el canal estatal VTV, Maduro explicó que, si bien se va a “ratificar la estructura de la Constitución que cambió la historia de Venezuela”, hay que “ampliar todas sus normas, todos sus mandatos”, además de hacer una “actualización progresista de todos los postulados”.
En ese sentido, hizo un llamado a la comisión -encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab, e integrada mayoritariamente por personas cercanas a Maduro- a dirigir el proceso de manera creativa, audaz e inteligente, con la incorporación de “toda la nación venezolana”, ya que -afirmó- hay “mucha gente motivada en participar”.
“Es la activación del poder popular constituyente para ampliar, mejorar, perfeccionar y (...) modernizar al máximo”, dijo el dictador en el acto.
Además, explicó que se busca la ampliación de los derechos políticos y de la que llamó una “democracia real directa del pueblo”, así como ahondar en el tema económico que, a su juicio, “quedó insuficiente” en la Constitución actual.
El pasado sábado, Maduro emplazó a la comisión a preparar un proyecto definitivo de reforma en un período de 90 días y con base en un “primer trabajo de aproximación” con 80 artículos elaborados hasta entonces, que no leyó.
Esa comisión está integrada también por la esposa de Maduro, Cilia Flores; la número dos de la Administración chavista, Delcy Rodríguez; y el diputado Hermánn Escarrá. También colaborarán el jefe de la AN, Jorge Rodríguez; la presidenta del Supremo, la chavista Caryslia Rodríguez; el presidente del ente electoral, el también chavista Elvis Amoroso; y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros.
El lunes, el partido venezolano Movimiento al Socialismo (MAS) llamó a la unidad de la oposición para hacer frente a la reforma promovida por Maduro y alertó sobre lo que señaló como “dominio” de un “solo sector” en ese proceso.
¿En la línea de Nicaragua?
Aunque no brindó mayores detalles, todo indicaría que la propuesta del dictador venezolano iría en la misma línea de reforma constitucional que promovió su par de Nicaragua, Daniel Ortega, en su país: esto se traduce en más poder para Maduro.
Justamente este mismo miércoles, Nicaragua puso en vigor una reforma a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total al dictador del país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ahora tiene el cargo de “copresidenta”.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta, y 19 días después de haber sido aprobada en segunda y definitiva legislatura.
La norma amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
En Venezuela se temen medidas similares.
Además, en Nicaragua se crearán las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria” que, según los opositores, se tratarán de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
Los legisladores reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado “revolucionario”, libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la “democracia directa” -concepto utilizado por Maduro-, que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
La Presidencia dirigirá al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales, según la norma.
También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Por último, el Estado de Nicaragua vigilará que los medios de comunicación social no sean “sometidos” a intereses extranjeros ni divulguen “noticias falsas” que atenten contra los derechos de los nicaragüenses, lo que se traduce como censura, práctica que también utiliza el chavismo desde hace largos años.
