La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón exigió este lunes atención médica para los opositores Américo de Grazia, Aldo Roso, Carlos Chancellor y Perkins Rocha, detenidos tras la crisis postelectoral en el país, al asegurar que presentan patologías que deben ser “tratadas inmediatamente”.
“Carlos Chancellor, Aldo Roso, Américo De Grazia y Perkins Rocha, detenidos arbitrariamente, continúan privados de su libertad sin el acceso a atención médica adecuada”, sostuvo la organización en un mensaje publicado en X.
Asimismo, dijo que, como personas bajo custodia del Estado, tienen el derecho de recibir atención sanitaria oportuna, “especialmente porque son adultos mayores y su situación de salud requiere especial cuidado”.
“Su detención, basada en cargos políticos infundados, es una grave violación de sus derechos humanos. No deben estar recluidos y mucho menos bajo condiciones que atenten contra su bienestar físico y mental”, apostilló.
La ONG exigió respeto a sus derechos, así como su “liberación inmediata y el acceso a la atención médica que requieren para preservar su salud”.
El 6 de febrero, la organización indicó que Chancellor enfrenta una casi ceguera debido a una degeneración macular, y aseguró que además sufre de tinnitus, una condición que le provoca un constante zumbido en ambos oídos, a los que se suman problemas de diabetes y lesiones en la frente y la región dorsal de la espalda.
Igualmente, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió el domingo que la salud de De Grazia -detenido desde agosto pasado- se “deteriora rápidamente”, al señalar que sufre de infecciones parasitarias y pulmonar, alteraciones prostáticas, problemas digestivos y hepáticos, dolor crónico y problemas neuromusculares.
A pesar de la gravedad de su condición, De Grazia sigue sin recibir los tratamientos médicos que necesita. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha exigido que se le realice una evaluación urgente por infectólogos, neumólogos, gastroenterólogos, urológicos y neurocirujanos, así como que se le permita recibir visitas, especialmente de su madre, quien enfrenta dificultades de salud propias y lleva meses sin poder escuchar la voz de su hijo.
El caso de Américo De Grazia es solo uno de los muchos ejemplos de los abusos cometidos por la dictadura de Maduro, que mantiene encarcelados a 183 líderes opositores y activistas bajo condiciones similares. La situación refleja la crisis política desatada tras la reelección fraudulenta de Maduro en julio de 2024, que fue ampliamente rechazada por la oposición, que acusa al Consejo Nacional Electoral (CNE) de ser una pieza clave del aparato represivo del régimen.
En noviembre pasado, el partido antichavista Voluntad Popular (VP) pidió a las autoridades permitir que el activista Aldo Roso, detenido desde el pasado 10 de julio, reciba “atención médica urgente” pues -alertó entonces- “su condición de hipertensión se ha agravado peligrosamente”.
Hasta el 10 de febrero, la ONG Foro Penal computaba 1.194 detenidos que define como presos políticos, en su mayoría arrestados tras los comicios de julio, cuando se desató una crisis a raíz de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro proclamada por el organismo comicial -controlado por rectores afines al chavismo- y la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria, que reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia.
(Con información de EFE)
