El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump planea confiscar un segundo avión perteneciente al gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro que actualmente se encuentra en la República Dominicana.
El secretario de Estado Marco Rubio se prepara para anunciar la incautación este jueves durante una visita a Santo Domingo, la última parada de su gira de cinco naciones por Centroamérica, según un funcionario estadounidense al tanto del asunto y un documento del Departamento de Estado obtenido por The Associated Press.
El concretar la incautación requirió que Rubio firmara una solicitud de exención de congelación de ayuda extranjera para pagar más de 230.000 dólares en cuotas de almacenamiento y mantenimiento. También requirió la aprobación del Departamento de Justicia.
Dicha solicitud de exención, presentada la semana pasada, ha sido aprobada y se prevé que Rubio se refiera al tema en la capital dominicana. El Departamento de Estado sólo ha dicho que se trata de un “compromiso policial”.
El avión es un Dassault Falcon 200 que ha sido utilizado por Maduro y altos asesores suyos —incluidos su vicepresidente y ministro de Defensa— para viajar a diversos países, entre ellos Grecia, Turquía, Rusia y Cuba, en lo que el gobierno de Trump dice son violaciones a las sanciones de Washington, según el documento.
La incautación del avión ocurre apenas una semana después de que el enviado de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, visitara Caracas y se reuniera con Maduro para hablar sobre la repatriación de nacionales venezolanos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Grenell regresó con seis estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela.
Estados Unidos incautó otro de los aviones de Maduro de la República Dominicana en septiembre de 2024.
En aquella ocasión, el Departamento de Justicia indicó que asociados de Maduro a finales de 2022 y en 2023 utilizaron una empresa fachada ubicada en el Caribe para ocultar su participación en la compra del avión —un Dassault Falcon 900EX, valorado en 13 millones de dólares— de una empresa en Florida.
Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero se presentó “una oportunidad” para confiscar la aeronave, en una operación en la que estuvieron involucradas varias agencias federales, que trabajaron “en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación”.
Tras la fraudulenta reelección de Maduro el 28 de julio, Venezuela suspendió los vuelos comerciales hacia y desde la República Dominicana.
Los funcionarios describieron el avión como el equivalente venezolano al Air Force One y aseguraron que con este decomiso se pretende enviar “un mensaje a los más altos mandos” del Gobierno venezolano. El vehículo aéreo ha sido fotografiado en varias visitas de estado de Maduro alrededor del mundo.
“La incautación se llevó a cabo bajo una operación coordinada de diversas agencias de seguridad,” informó el Departamento de Justicia. Según CNN, el procedimiento fue parte de una estrategia más amplia de presión sobre el régimen venezolano.
“Este avión representaba un medio logístico para la distribución de bienes y servicios de lujo destinados a la élite del régimen venezolano”, dijo el organismo norteamericano. Para Estados Unidos, la retención y traslado a Florida del avión Dassault Falcon 900EX refuerza las acciones internacionales contra lo que se percibe como corrupción y flagrante abuso de poder en Venezuela.
Una fuente con conocimiento de estos eventos agregó a CNN que aspectos específicos sobre la marca o modelo del segundo avión en vigilancia no fueron detallados.
“Las medidas adoptadas responden a la necesidad de prevenir el uso indebido de estos activos,” comentó el informante a CNN.
Las agencias federales, incluida Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), llevan mucho tiempo persiguiendo al régimen venezolano por motivos de corrupción. En los últimos años, HSI ha desbaratado ganancias o recursos ilícitos del gobierno venezolano por valor de 2.000 millones de dólares, incluyendo sentencias, incautaciones y liquidación de cuentas bancarias, según uno de los funcionarios estadounidenses.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Maduro, junto con 14 funcionarios y ex funcionarios venezolanos, de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de Maduro. Tras su juramentación fraudulenta el pasado 10 de enero, la recompensa fue aumentada a 25 millones.
(AP)
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