El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que lidera María Corina Machado, exigió este lunes la liberación de Perkins Rocha, asesor legal de la principal coalición opositora, al cumplirse cinco meses de su detención.
“Hace cinco meses, Perkins Rocha, defensor incansable de la justicia, fue secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Su único ‘delito’: alzar la voz contra la tiranía y luchar por la libertad y la dignidad de todos los venezolanos”, escribió la formación en una publicación en X.
Indicó que el abogado está detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocido como El Helicoide, “sometido a condiciones inhumanas que buscan quebrar su espíritu”.
“Alzamos nuestra voz para exigir su liberación inmediata y recordamos que cada día que pase es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la verdad no será detenida”, añadió.
En diciembre pasado, la esposa de Rocha, María Constanza Cipriani, indicó que el asesor no ha podido recibir visitas, así como tampoco designar a su equipo de defensa privada.
“Inútiles han sido todas las diligencias que hemos realizado en las instancias judiciales de este país para lograr que no se continúen violando sus derechos”, sostuvo Cipriani en un video publicado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El pasado septiembre, el fiscal chavista Tarek William Saab vinculó a Rocha, junto a los ex diputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri —también detenidos—, con la divulgación del “85,18%” de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio.
Saab dijo entonces que estos opositores están siendo investigados porque “avalaron”, “verificaron”, “difundieron” y “divulgaron como real” la página web donde están las “actas” que recolectó la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), a través de testigos y miembros de mesa en los comicios, y que el bloque señala como prueba del reclamado triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Los tres antichavistas fueron detenidos tras las presidenciales, en las que el ente electoral —controlado por el chavismo— proclamó como ganador de manera fraudulenta a Nicolás Maduro, pese a que hasta la fecha no ha hecho público los resultados desglosados, como lo estableció su propio cronograma.
Vente Venezuela computa 198 dirigentes opositores y activistas detenidos —gran parte colaboradores de Machado y de González Urrutia—, a los que califica de “presos políticos”, en su mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La CIDH denunció al régimen
Por otra parte, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela, Gloria De Mees, denunció el viernes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) las “violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela en el contexto electoral”.
De Mees compareció ante la organización para presentar el informe ‘Venezuela: Graves violaciones de los derechos humanos en relación con las elecciones’.
El extenso documento recoge, según dice, evidencias de que el régimen de Maduro llevó a cabo una estrategia represiva en el contexto electoral.
Este informe no fue elaborado tras una visita de la CIDH al país caribeño, sino a través de fuentes primarias y secundarias de información.
De Mees compareció por videoconferencia en la OEA para explicar el análisis a los países reunidos, que ya habían recibido una copia previamente.
“El control de las instituciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos y la democracia, unido a la corrupción a gran escala para el cobro de rentas legales e ilegales, ha garantizado la impunidad de las fuerzas de seguridad. Estas acciones han comprometido la gobernanza y han afectado significativamente al disfrute de los derechos humanos”, aseguró la relatora durante su exposición.
El informe acusa a Maduro de haber llevado a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Además, asegura que Maduro no solo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
(Con información de EFE)
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