Carolina Tohá, ministra del Interior de Chile, anunció públicamente la posibilidad de escalar al Tribunal Penal Internacional (TPI) si se comprueban vínculos entre el asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda e instrucciones provenientes de altos mandos de la dictadura venezolana.
Este pronunciamiento se produce tras las declaraciones del Fiscal Nacional chileno, Ángel Valencia Vásquez, quien confirmó que existen “antecedentes sustantivos” de conexión entre este crimen y órdenes dictadas desde Venezuela.
“Si la investigación los confirma, el Estado de Chile no lo dejará pasar”, destacó Tohá.
Durante la jornada, el Fiscal Nacional indicó que entre las pruebas preliminares figura el testimonio de un testigo que señaló directamente a Diosdado Cabello como el autor intelectual del homicidio. Según esta versión, el número dos del chavismo habría ordenado y financiado el asesinato del oficial exiliado.
“Son antecedentes preliminares porque la investigación está todavía en curso, pero los tomamos con toda su gravedad porque son relevantes y reiterados”, manifestó la ministra, también subrayando que Chile actuará decididamente ante esta posible violación de derechos internacionales.
Desde sus redes sociales de Tohá, dejó claro que la justicia chilena busca garantizar que este crimen no quede impune.
“El Estado de Chile ha mostrado cuán seriamente se toma estos temas y la persistencia con que trabajamos para que funcione la justicia y no exista impunidad, incluso cuando hay tantos obstáculos como ha habido en este caso”, escribió la ministra.
Este énfasis refleja, como detalló el mismo medio, la determinación de las instituciones chilenas frente a escenarios que involucran violaciones de derechos humanos y posibles participaciones extranjeras.
Por otra parte, el anuncio de Tohá también abre la puerta a que se tomen decisiones adicionales más allá de recurrir al TPI. Según expresó la encargada de Interior, cada paso será valorado en su debido momento, dependiendo directamente de los resultados finales de la investigación.
“Habrá muchas definiciones que tomar, pero una de las cosas que tenemos claro es que recurriremos al Tribunal Penal Internacional. Otras decisiones habrá que ponderarlas en su momento”, indicó la ministra.
El caso de Ronald Ojeda ha puesto en el foco internacional las posibles acciones represivas de actores vinculados al régimen venezolano contra disidentes en el exilio. El impacto potencial de este acontecimiento podría no solo tensar las relaciones diplomáticas chileno-venezolanas, sino también generar una discusión ampliada en escenarios multilaterales como el TPI.
Más temprano, el Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, confirmó que un testigo protegido acusa al número dos del chavismo, Diosdado Cabello de haber ordenado y pagado para que se cometiera el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno.
Según destacó en una entrevista a un medio local, Valencia reveló que un testigo protegido dentro de la investigación “atribuiría el encargo y el pago del crimen al señor Diosdado Cabello”. Esta revelación ha generado gran expectación, dado el perfil y la relevancia de uno de los principales líderes del régimen de Nicolás Maduro.
El fiscal fue enfático al mencionar que la investigación sigue en curso y mantiene en reserva diversos antecedentes. “Todavía la investigación es reservada”, aseguró el fiscal en sus declaraciones, señalando que dicha información había sido compartida recientemente con los abogados defensores y será discutida oficialmente en una audiencia este lunes. “Es necesario esclarecer estos antecedentes con la investigación”, puntualizó Valencia, subrayando lo delicado del caso.
El fiscal reiteró la firme posición de Chile respecto al cumplimiento de su legislación, aclarando que no se descartaría procesar penalmente a cualquier figura extranjera, sin importar su rango o procedencia.
“En Chile la ley se cumple, y si alguien no la cumple, la vamos a hacer cumplir... tenga el cargo que tenga en un gobierno extranjero como el de Venezuela”, declaró el fiscal, en una clara postura de no ceder ante presiones de orden político.
“Esté donde esté esa persona, vamos a perseguir su responsabilidad”, insistió, remarcando que la justicia chilena actuará en función de los resultados de la investigación, sin temer posibles repercusiones diplomáticas.
Ojeda Moreno, quien recibió asilo político en Chile en 2023, había huido de Venezuela tras denunciar torturas y persecución política bajo el régimen de Maduro. En 2017, escapó de la prisión militar de Ramo Verde, donde estuvo detenido por supuesta traición a la patria. Luego de su fuga, las autoridades venezolanas lo degradaron y expulsaron de las Fuerzas Armadas (FANB).
Desde su exilio, Ojeda Moreno se convirtió en una figura crítica del chavismo. En 2022, realizó una protesta simbólica frente al Palacio de La Moneda en Santiago, donde denunció las violaciones de derechos humanos en su país y exigió la liberación de presos políticos. Poco antes de su desaparición, el régimen venezolano lo incluyó en una lista pública de “traidores a la patria”, en el marco de las acusaciones del supuesto plan “Brazalete Blanco”, que, según el fiscal general venezolano Tarek William Saab, buscaba desestabilizar al gobierno de Maduro.
El caso de Ojeda Moreno es investigado como un secuestro con motivaciones políticas. Las autoridades chilenas siguen varias líneas investigativas, entre ellas la participación de agentes infiltrados del régimen venezolano. Activistas como Iván Simonovis y Tamara Suju han denunciado que Ojeda Moreno habría sido capturado por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, quienes se habrían infiltrado en Chile disfrazados de funcionarios migratorios.
El vehículo utilizado en el secuestro, un Nissan Versa modelo 2020, fue encontrado abandonado en la autopista Costanera Norte, pero no se hallaron huellas digitales ni evidencia concluyente. Además, se investiga el posible uso de una “casa de seguridad” y el movimiento de otros diez vehículos relacionados con el caso.
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