El “modelo Pablo Escobar” profundiza la tragedia de las comunidades indígenas presas del narco y la explotación del oro en Venezuela

Un poco más de treinta etnias indígenas están en 10 estados de Venezuela: un porcentaje importante de ellas ha sido afectada por dos factores criminales que amenazan con hacer desaparecer la cultura ancestrtal de comunidades indígenas, infectadas por el negocio del oro y el narcotráfico. Son solo víctimas de las poderosas mafias que manejan el negocio en la frontera venezolana. Hace unas semanas fueron detenidos, en Puerto Páez, varios indígenas por 10 panelas de cocaína. Sus familiares y comunidad les exigieron a las autoridades que los dejaran en libertad y su reclamo incluyó el cierre, durante varios días, de la carretera nacional que va desde Apure hacia el estado Amazonas.

Muchos de esos indígenas se han convertido en buhoneros, vendedores ambulantes, contrabandistas y mulas del narcotráfico; compran mercancía en la localidad colombiana Puerto Carreño en El Vichada, que separa el río Meta de Puerto Páez, para trasladarla a territorio venezolano. El sábado hizo presencia el comandante de la Policía Nacional de Apure, teniente coronel (GNB) Frank Alejandro Freites Domínguez y un representante del poder judicial, para acordar que el único indígena detenido será trasladado al Comando del Ejército en Puerto Páez y que la comunidad desista de estar cerrando la vía pública.

Aunque inicialmente la Policía Nacional apresó a tres indígenas, el único que permanece detenido es José Jeancarlos Castillo González, al que ya le realizaron la audiencia de presentación y el juez dejó privado de libertad por 45 días hasta que pase a una nueva fase del proceso judicial. Lo quc contenían los paquetes incautados sería clorhidrato base de cocaína de alta pureza.

Los poderosos carteles del narcotráfico, ya no solo colombianos, sino también mexicanos, han encontrado, en los indígenas, presas fáciles, por el hambre, las situaciones de miseria y salud de las comunidades azotadas por enfermedades, sin asistencia médica ni servicios mínimos para subsistir, por lo que encontraron en la droga y el oro una vía para sobrevivir.

La Agencia de la ONU para los Refugiados publicó en agosto de 2018, que “el hambre y la desesperación empujan a grupos indígenas a salir de Venezuela” enfatizando que los Warao y los Wayúu “están abandonando sus tierras para buscar protección en Brasil y Colombia, debido a la escasez de medicinas y alimentos”.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha desplegado varias operaciones en los estados Bolívar y Amazonas contra la minería, ante lo que investigaciones de InSight Crime, durante el 2022 en el Amazonas, los lleva a señalar “que las operaciones mineras en Yapacana son conducidas por una mezcla de actores, entre empresarios criminales, comunidades indígenas y, sobre todo, grupos guerrilleros”.

La situación de hambre y pobreza se ha agudizado, lo que es aprovechado por los grupos narcos y guerrilleros para ofrecer alternativas económicas a las vulnerables comunidades indígenas.

Hace tres meses, en diciembre 2022, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), general Domingo Hernández Lárez, informó que entre los estados Apure y Zulia, habían destruido 61 laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína.

Igual que ocurre con los grandes capos de la droga, como en la era de Pablo Escobar en Colombia, a quien el común de la gente protegía y temía, en los pueblos de la frontera venezolana hay pequeños narcos e incluso mulas que empiezan a manejar tanto dinero, que distribuyen en “obras de caridad” y ayudas entre la población, que los convierte en héroes locales, que más que delincuentes son vistos como la romántica historia Robin Hood.

La fantasía termina cuando la brutal realidad se impone con la extorsión, el asesinato, la venganza, las amenazas, las desapariciones y la cruda violencia. El año pasado, en mayo, Organización Regional de Pueblos Indígenas (Orpia) advirtió que narcotraficantes se instalaron en las adyacencias de la comunidad indígena Pendare, en Amazonas, específicamente em la zona selvática, lo que atrajo la atención de la Guardia Indígena, quienes protestaron la presencia de esos grupos en sus tierras. Eso motivó a que los narcos mantuvieran retenido, por varias horas, al indígena Pablo Medina, quien finalmente fue liberado.

A Pendare pertenecía el líder indígena Virgilio Trujillo Arana, defensor del territorio ancestral Uwottuja, municipio Autana, Amazonas, y uno de los creadores de la Guardia Territorial, quien fue asesinado con arma de fuego, el 30 de junio 2022, y lanzado desde un vehículo. En la zona saben que la orden vino de los grupos irregulares a quienes el dirigente indígena enfrentó y denunció por atentar contra el territorio donde hay yacimientos de oro.

Las guerrillas colombianas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y más aún del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ocupan no solo gran parte del territorio fronterizo de Venezuela sino la mayoría de los lucrativos negocios del oro y los narcóticos.

Los indígenas han encontrado mecanismos de protesta y eso fue lo que hicieron a primeras horas del lunes 13 de marzo, cuando se instalaron frente al comando del Ejército en Puerto Páez, donde no solo impedían el paso entre la carretera que une a los estados Apure y Amazonas, sino que retuvieron varios vehículos, entre ellos uno de transporte público y otro de transporte de mercancía.

Para esa fecha varios indígenas se encontraban detenidos, por lo que la tranca de la vía era para reclamar la liberación de ellos. La situación se mantuvo por varios días, mientras medios de comunicación regionales publicaban la angustiosa situación que padecían los pasajeros del autobús retenido y otras personas que no podían transitar a uno u otro lado de la vía.

La Radio Fe y Alegría reseñó el testimonio de una de las pasajeras, Carolina Díaz, quien se trasladaba desde Caracas para Amazonas cuando los indígenas decidieron impedir el paso. Ella narró que la situación se estaba desarrollando a unos 8 kilómetros de la alcabala de Puerto Páez y que los vehículos retenidos eran unos 40, la mayoría se dirigían hacia el estado Amazonas.

La mujer dijo que habían tratado de mediar con los indígenas responsables de la tranca, pero que ellos mantenían una actitud agresiva y firme de mantenerse sin permitir el paso por la carretera, hasta que las autoridades no le dieran respuesta sobre la liberación de los indígenas detenidos.

Seguir leyendo: