El enfrentamiento entre la China Suárez y Yanina Latorre pasará oficialmente del terreno mediático al judicial. El conflicto, que lleva semanas escalando en los medios y redes sociales, quedó plasmado en una causa radicada en el Juzgado Civil N°52 del Poder Judicial de la Nación bajo el expediente 30827/2023, según se desprende del documento judicial al que accedió Teleshow.
La audiencia clave se celebrará el 23 de abril de 2025 a las 11:35 horas, y tanto Suárez como Latorre deberán presentarse en forma personal junto con sus abogados, sin posibilidad de ser reemplazadas por apoderados. La demanda está caratulada como “daños y perjuicios” y marca un punto de inflexión en la disputa: de la exposición mediática se pasa al examen jurídico, con posibilidad de multa económica si el reclamo prospera.
La resolución judicial firmada en marzo de 2025 establece de manera expresa que, en virtud de los artículos 359, 360, 360 bis y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), “cito a las partes y a sus letrados a la audiencia que se celebrará el 23 de abril de 2025, a las 11:35 horas (puntual)”.
La jueza a cargo sostuvo que la naturaleza de las cuestiones a debatir requiere aplicar el principio de inmediación procesal, es decir, que quienes hayan protagonizado o sufrido los hechos narrados estén frente al magistrado y no deleguen sus relatos en representantes. El fallo detalla que la participación directa “aun cuando en autos sean representadas por apoderado” es imprescindible para avanzar en el proceso.
El documento legal también establece criterios para los entes de existencia ideal que eventualmente estén involucrados, quienes deberán designar apoderados o representantes legales con “facultades e instrucciones suficientes” para intentar alcanzar una conciliación. En caso de que no haya acuerdo, se abriría la etapa probatoria. En ese sentido, las partes deberán manifestar si consideran necesaria la apertura a prueba y, en caso afirmativo, justificarla conforme al artículo 361 del CPCCN.
Si la etapa de pruebas se habilita, la jueza anticipa que “se dispondrá lo necesario para su producción, fijando el plazo pertinente, que comenzará a correr a partir de la celebración del acto”, en cumplimiento del artículo 367 del mismo código.
El origen de esta demanda estaría vinculado con una serie de afirmaciones públicas que Yanina Latorre habría hecho sobre la vida privada de la actriz, algunas de ellas de carácter falso o infundado, según el equipo legal de Suárez. El eje principal sería una denuncia por hostigamiento, con especial énfasis en la divulgación de una noticia falsa sobre un embarazo y la filtración de chats privados, presuntamente entregados a la panelista por Wanda Nara.
La periodista Majo Martino, en el programa Mañanísima (Eltrece), explicó que “a Yanina Latorre le hicieron una denuncia en fiscalías de Capital, las estuvieron ampliando”, en referencia al avance legal de la actriz. La misma fuente aseguró que los abogados de Suárez se apoyaron en pruebas que demuestran un accionar sistemático de hostigamiento. Entre los dichos cuestionados se incluyen afirmaciones sobre sus hijos menores, como que “Amancio duerme con la niñera en el cuarto de servicio y Magnolia se la pasa llorando”, así como descripciones inexactas sobre su casa y entorno familiar.
En este contexto, se filtró que los abogados de la actriz reclamaron una multa de 10.000 dólares, aunque el monto final será determinado por el juez. La figura legal se enmarca en los supuestos de daño moral y vulneración de la intimidad, los cuales habilitan un reclamo económico si el tribunal determina que la exposición pública de ciertos contenidos excedió los límites del ejercicio periodístico o la libertad de expresión.
Además, Martino recordó que ya hubo precedentes judiciales en los que se prohibió la difusión de chats privados por parte de Wanda Nara o cualquier tercero vinculado a ella, lo que podría agravar la situación de Latorre si se comprueba que fue parte de esa cadena de divulgación.
Por su parte, allegados al entorno de Latorre señalan que su defensa se centrará en la libertad de opinión como panelista y en el hecho de que las declaraciones formaron parte de relatos mediáticos construidos en base a información previa o pública. No obstante, este punto deberá ser debatido ante el tribunal, que tendrá que ponderar si los contenidos cuestionados constituyen expresiones de interés público o si se trata de una intromisión ilegítima en la vida privada de Suárez.
La defensa podría también argumentar que muchas de las afirmaciones fueron citadas de terceros o en tono humorístico, y que en ningún momento existió un ánimo de dañar o de difundir datos sensibles con dolo. Esa línea de defensa buscaría minimizar el impacto legal de los dichos, aunque no eximiría automáticamente de responsabilidad si se comprueba que los mismos provocaron un perjuicio demostrable.
