Luego de que un incendio desatado en una zona boscosa del cerro Runge, en Bariloche, obligara a evacuar al Sanatario San Carlos, este sábado un hombre fue imputado como el presunto responsable de haber originado las llamas. Se trató de un operario acusado de usar negligentemente una amoladora.
El episodio, que se desató el viernes por la tarde, puso en riesgo varias viviendas y el propio edificio del centro de salud, por lo que varias dotaciones de Bomberos Voluntarios tuvieron que trabajar para controlar el fuego y asistir a los evacuados.
El incendio se extendió durante varias horas hasta que logró ser controlado por los bomberos voluntarios, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Protección Civil y equipos de emergencia, con apoyo de medios aéreos para el lanzamiento de agua. En el momento más crítico se evaluó evacuar viviendas y el propio sanatorio, aunque finalmente no fue necesario.
Después de que el acusado fuera identificado, este sábado fue citado a una audiencia de formulación de cargos. Allí, el fiscal Facundo D´Apice expuso que el presunto responsable se encontraba trabajando en la parte trasera del sanatorio, en un área lindante con el faldeo boscoso del cerro, sin tomar las precauciones necesarias.
Según los resultados del informe preliminar de un perito en incendios, los indicios analizados coincidirían con el tipo de trabajo que realizaba el hombre. “La causa probable es una fuente térmica de esquirlas metálicas incandescentes de una temperatura aproximada de 1.500 grados, generadas por una fricción abrasiva del uso manual de herramienta de corte tipo amoladora”, describieron.
De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, entre las pruebas reunidas figuran grabaciones en video aportadas por vecinos, que permitieron establecer la hora exacta del inicio del incendio, es decir, a las 13:27 horas del viernes. Incluso, las imágenes mostraron que en el lugar solo se encontraba una persona.
Durante las primeras actuaciones policiales, en el sitio de origen se halló tanto la herramienta empleada como un cable prolongador y restos metálicos. Estos elementos ya fueron incorporados a la causa. Además, el personal de Protección Civil indicó que la máquina fue desplazada de su ubicación original, lo que habría incrementado el riesgo de propagación del fuego.
Por este motivo, el fiscal D´Apice remarcó que lo sucedido “no fue un accidente, fue una negligencia que podía haberse evitado”. En línea con esto, apuntó que “quien utiliza una amoladora conoce los riesgos y la necesidad de operar en un entorno seguro, con elementos de protección”.
Entre los factores que habrían sido necesarios para la expansión del fuego, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) subrayó que la jornada presentaba condiciones de viento fuerte, pastos secos y una emergencia ígnea vigente. Por esto, aseguró que este panorama hacía “previsible” el resultado, y que el operario debería haberlo considerado.
Frente a esto, el juez Ricardo Calcagno validó la imputación por incendio causado por accionar negligente, conforme a los artículos 45 y 189, primer párrafo, del código penal. En paralelo, el magistrado también consideró el decreto del gobernador Alberto Weretilneck, que recientemente declaró la emergencia ígnea en la región.
Por su parte, el imputado permaneció detenido durante algunas horas, pero terminó por recuperar la libertad tras la audiencia. No obstante, deberá cumplir medidas cautelares como mantener domicilio y número telefónico, e informar cualquier cambio bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Al final de la audiencia, la Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para continuar la investigación y realizar nuevas pericias, solicitud que no fue objetada por la defensa. También se prevén entrevistas adicionales con personal jerárquico del sanatorio.
Según el código penal, se establecen penas de un mes a un año de prisión para quienes provoquen incendios por imprudencia o negligencia. A raíz de este caso, las campañas de prevención contra incendios forestales deberán reforzar no solo la prohibición de encender fuego en zonas de riesgo, sino también la restricción del uso al aire libre de herramientas que generen chispas o llamas.
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