Una mujer de 58 años fue condenada a ocho años de prisión por utilizar a su nieta de 13 años en la venta de estupefacientes en la vereda de su domicilio en Tartagal, provincia de Salta. El fallo consideró acreditado que la imputada involucró a la menor en maniobras de comercialización de droga, agravando su situación procesal por antecedentes penales previos y la gravedad del delito.
La investigación se originó a partir de una serie de denuncias y las tareas de vigilancia que las autoridades mantuvieron en el barrio. A través de este accionar detectaron los movimientos de compradores y situaciones irregulares en torno a la vivienda de la mujer. De acuerdo a la información reunida, registros fílmicos y testimonios de los agentes del Grupo de Drogas Sector 44, la abuela le pasaba pequeños envoltorios con estupefacientes a su nieta para que ella se los entregara a los compradores que se acercaban a la vereda, estableciendo así el “pasamanos”. Todo se daba en un escenario en donde la menor solía estar sentada en la vereda, jugando o de manera distraída.
El allanamiento que resultó clave ocurrió hace exactamente un año, cuando los efectivos ingresaron al domicilio de la acusada. En ese momento, la menor arrojó al suelo un envoltorio de polietileno con 29 sobres con droga. En la vivienda los agentes secuestraron otros elementos vinculados al fraccionamiento, pesaje y venta de narcóticos.
El 20 de noviembre de 2024 se dio inmediata intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces, para resguardar la seguridad y el bienestar de la niña, que fue considerada en situación de vulnerabilidad. Las autoridades remarcaron la magnitud y gravedad de exponer a una adolescente a prácticas delictivas, dejando en claro que la mujer había instrumentalizado a su nieta tanto para ocultar el delito como para facilitar el contacto con los eventuales compradores.
El tribunal, además de la condena a prisión efectiva, impuso una multa pecuniaria a la sentenciada, en función de la reincidencia y la reiteración de conductas previas. Según trascendió en la audiencia, la mujer ya contaba con condenas anteriores, lo que agravó la calificación por reincidencia y por utilización de un menor como instrumento en la comisión del delito, según señaló El Tribuno. La sentencia quedó establecida por la Sala II del Tribunal de Juicio local, presidida por la jueza Asusena Margarita Vásquez.
Una familia usaba a un menor para vender droga en la plaza
Hace unos meses, la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba detuvo a cinco integrantes de una misma familia en la localidad de Corral de Bustos, acusados de liderar una banda que utilizaba a un menor para vender drogas en la plaza y distintos puntos del municipio. El operativo se produjo tras meses de investigación, seguimientos encubiertos y llamados anónimos que alertaron sobre el movimiento de estupefacientes en la zona.
Los agentes de la FPA realizaron cuatro allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en las inmediaciones de Entre Ríos y Ecuador. En los procedimientos fueron apresados dos hombres de 29 y 44 años, dos mujeres de 32 y 35 años, y un adolescente de 15. Se constató que este último cumplía un rol clave en la distribución de las dosis de cocaína y marihuana, colaborando activamente en las maniobras de venta, especialmente en plazas y espacios públicos.
Los efectivos secuestraron un total de 181 dosis de cocaína, 102 de marihuana y 203 mil pesos en efectivo. También incautaron balanzas de precisión, envases, elementos para el fraccionamiento, teléfonos celulares utilizados para la coordinación de entregas bajo modalidad delivery, y cuadernos con anotaciones de la operatoria presuntamente vinculadas a la red de comercialización.
La banda ofrecía droga a domicilio por encargo, concertando la entrega por mensaje o llamado y acercándose a domicilios de compradores en horarios pactados. Según fuentes especializadas, la cercanía de los puntos de venta a espacios públicos frecuentados por jóvenes es tomada como agravante por las autoridades judiciales que intervienen en el caso.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Marcos Juárez, que dispuso el traslado de los detenidos y de las pruebas a la sede judicial para continuar con la investigación.
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