La Justicia de Río Negro confirmó la condena de 13 años y seis meses de prisión para un ex docente, luego de hallarlo responsable del delito de abuso sexual cometido contra alumnos de un colegio. Sin embargo, tras la publicación del fallo, el condenado no pudo ser localizado por las fuerzas de seguridad y actualmente se encuentra prófugo.
Se trata de José Ruffa Saraspe quien cometió los actos entre 2017 y 2019, durante el ejercicio de la docencia en la Escuela N° 247 de Balsa Las Perlas, en la provincia de Río Negro. La resolución del máximo tribunal se conoció el jueves de la semana pasada y ratificó en última instancia la pena impuesta al ex docente, según confirmó LM Neuquén.
Pero durante los días previos al fallo de la Corte, Ruffa incumplió con las dos presentaciones que tenía que hacer semanalmente ante la autoridad judicial, dado que estaba en libertad bajo medidas cautelares, una condición definida por la fiscalía como una “medida híbrida judicial”. De acuerdo al expediente, el domicilio que tenía declarado en el expediente figuraba en la provincia de Tucumán.
Esta actitud levantó la sospecha de que se había escapado. Ante la imposibilidad de detención, fue declarado en rebeldía por el Poder Judicial, que ahora mantiene vigente una orden de captura nacional. En este sentido, se solicitó la colaboración de todas las fuerzas de seguridad del país para ubicarlo.
El proceso penal, que llevó al Tribunal a dictar sentencia, se inició tras una denuncia realizada en 2019 por la familia de una de las alumnas. Posteriormente, otros padres y madres se acercaron con sus hijos, quienes habían padecido situaciones similares, ante el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, lo que generó la acumulación de múltiples denuncias.
En el desarrollo del juicio, se acreditaron 12 hechos de abuso sexual que fueron relatados por siete estudiantes menores de edad bajo el sistema de cámara Gesell. El tribunal formado por los jueces Marcelo Gómez, Guillermo Baquero Lazcano y Laura González Vitale declaró al ex docente responsable de “delitos por abuso sexual simple de menores de 13 años, agravado por haber sido cometido por el encargado de su educación”.
La investigación judicial determinó que los episodios ocurrieron contra alumnos de distintos grados y en distintos turnos de clase. En las declaraciones figuraban situaciones como toqueteos en las partes íntimas y sentar a las víctimas sobre sus piernas en el aula, según informó el portal local. Estas conductas constituyeron la base de la acusación y la posterior condena.
Durante la etapa de instrucción, la fiscalía solicitó en varias oportunidades la prisión preventiva de Ruffa Saraspe, ante el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación, pero la solicitud fue denegada por el tribunal interviniente.
La resolución judicial que autorizó la radicación en Alberti, Tucumán, exigía la presentación, aunque, de acuerdo con el expediente, no contaba con monitoreo electrónico ni restricción de traslado. La sospecha más firme es que todavía esté viviendo en alguna localidad del interior tucumano.
Mismo hecho, también en Río Negro
Hace dos meses, una situación similar ocurrió en la localidad de Villa Regina, en la misma provincia, cuando un hombre condenado por abuso sexual rompió su tobillera electrónica y se fugó durante una audiencia judicial. El hombre, identificado como Facundo Ángel Plos, seguía la audiencia virtual desde su domicilio, pero en el momento que ordenaron su inmediata detención apagó la cámara.
“¿Al señor Plos se lo puede ver?”, consultó uno de los jueces cuando el imputado desapareció de la videollamada. Otro magistrado respondió: “De todas formas ya está notificado doctor”. Minutos más tarde, la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico advirtió la desconexión del dispositivo de control y notificó la evasión.
Plos tenía la tobillera desde diciembre de 2024, tras ser hallado culpable del hecho cometido en enero de 2023. Las autoridades habían impuesto medidas cautelares como la prohibición de abandonar el municipio y acercarse a la víctima. Además, los fiscales advirtieron que existía “peligro procesal de fuga” y que Plos contaba con otra condena por homicidio culposo.
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