La Corte Suprema de Justicia volvió a enviar una advertencia a los tribunales por la demora en una causa por abuso sexual infantil y recomendó evaluar sanciones disciplinarias a los magistrados que intervinieron. Se trata de la segunda decisión de este tipo que se conoce en una semana sobre expedientes paralizados durante años por disputas de competencia.

El máximo tribunal intervino tras constatar que una denuncia presentada en 2014 en la provincia de Tucumán por un caso de violación contra una adolescente nunca se aclaró cuál era el tribunal competente y estuvo detenida durante más de una década sin avances, según el fallo al que accedió Infobae.

De acuerdo a la resolución, el expediente empezó en julio de 2014 en una comisaría de Los Nogales, donde una mujer denunció a su ex pareja por el abuso sexual de su hija menor durante una visita en 2012 a una vivienda de Florida, provincia de Buenos Aires. En ese momento, la víctima tenía 16 años.

El caso llegó al Juzgado de Instrucción de la III Nominación de San Miguel de Tucumán, a cargo del juez Juan Francisco Pisa, quien se declaró incompetente en octubre de 2014 porque entendió que el hecho había ocurrido en jurisdicción bonaerense.

Las actuaciones recién fueron enviadas a la Justicia de Buenos Aires más de un año después, en marzo de 2016. Pero el titular del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro también rechazó la competencia: en este caso, bajo el argumento de que faltaban medidas para confirmar con precisión el lugar donde pasó el hecho y tampoco se había tomado declaración a la víctima.

Así, el expediente retornó al juzgado tucumano, donde el juez Pisa volvió a declararse incompetente en diciembre de 2017 y ordenó elevar el incidente a la Corte Suprema. Días más tarde, el fiscal de instrucción Washington Navarro dispuso reservar las actuaciones hasta tanto se resolviera el conflicto de competencia. El derrotero del expediente tuvo otro paso el 8 de octubre de 2018, cuando el fiscal resolvió su envío a la Unidad Especial de Resolución de Causas en 60 fojas.

Pero el trámite quedó reservado y recién en septiembre de 2024, durante controles sobre causas pendientes, los tribunales advirtieron que el incidente de competencia nunca se había conformado como corresponde.

El juez Raúl Cardozo, integrante del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital de Tucumán, envió el caso a la fiscalía para que siga adelante mientras la Corte Nacional resolvía quién debía intervenir.

En su fallo, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que corresponde enviar el expediente a los tribunales tucumanos para que reúnan los elementos necesarios y resuelvan sobre la denuncia, tomando en cuenta el artículo 118 de la Constitución Nacional, que regula la competencia territorial.

Además, indicaron que los tribunales involucrados deben tratar el caso sin demoras y garantizar que el daño a la víctima, hoy mayor de edad, no se acreciente por el paso por el sistema judicial.

Por último, los jueces ordenaron notificar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que evalúe medidas y la eventual aplicación de sanciones disciplinarias a los magistrados que intervinieron.

La semana pasada, en otra causa por abuso sexual infantil presentada en Santa Fe en 2009, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo con un reproche similar a magistrados por el retardo en la tramitación de una denuncia presentada por la madre de una niña de 12 años, que señalaba a un familiar como responsable de los hechos ocurridos en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Los tribunales santafesinos mantuvieron el expediente estancado durante años, incluso después de que la víctima se sometió a exámenes médicos. En total, pasaron 15 años sin que la investigación avanzara.

Finalmente, el máximo tribunal ordenó dar trámite inmediato al caso y recomendó que se evalúe la aplicación de sanciones disciplinarias por la prolongada inacción judicial.

En la resolución se subrayó que las conductas cuestionadas son repudiadas por el ordenamiento jurídico argentino y que los magistrados deben evitar que las personas que sufren violencia sean sometidas a nuevas situaciones de revictimización dentro del sistema judicial.