Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.

Al tomar conocimiento de lo que sucedía, las autoridades trasladaron al joven al hospital San Bernardo, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. Horas más tarde, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Tanto la víctima como los presuntos agresores se encontraban cumpliendo condenas por delitos vinculados al robo.

En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.

La Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal intervino de inmediato, y los cinco sospechosos fueron apartados de la población general del penal.

La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa contra Gabriela Nahir Fernández, acusada de abuso sexual contra siete detenidas en el penal femenino de Bouwer. La imputada, de 34 años, cambió su identidad de género en 2018 y fue trasladada al pabellón de mujeres, donde habría cometido los delitos.

De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.

Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.

En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.

El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.

Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.

Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.