Durante una serie de allanamientos, efectivos policiales detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco. Mientras volvía a su domicilio en Florencio Varela, personal de la Policía de la Provincia se Buenos Aires detuvo a Ariel Giménez, ciudadano argentino de 29 años.

De acuerdo con los primeros elementos de la causa, a Giménez se lo considera el sexto detenido en el expediente y habría sido contratado por la banda narco para una tarea específica: cavar el pozo en el que fueron enterrados los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las pesquisas indican que Giménez no formaba parte del grupo que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, pero cumplió un rol clave al realizar el pozo y sepultar a las víctimas. Fuentes consultadas informaron que la aprehensión del sospechoso se realizó cuando agentes que seguían sus movimientos lo interceptaron en el trayecto de regreso a su vivienda, en el mismo distrito donde ocurrieron los hechos.

Según trascendió, el acusado no sabía sobre el allanamiento en su vivienda dado que no le pudieron alertar sobre la presencia policial. Y es que días atrás había tirado su celular al hacerse público el triple femicidio. Al desconocer el operativo, fue capturado cerca de su vivienda.

Esta detención se suma a las realizadas en los días previos, en las que ya habían sido apresadas cinco personas vinculadas en distintos niveles con la organización delictiva investigada. Las mismas fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos. A ellos se suma Víctor Sotacuro Lázaro quien fue detenido en la noche del viernes en la ciudad de Villazón, Bolivia.

En el marco de la investigación, uno de los principales trabajos se centra en capturar a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado como el principal sospechoso del triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela. Por tal motivo, se emitió una notificación roja por parte de Interpol para intensificar la búsqueda internacional.

La alerta, solicitada por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, fue registrada el sábado 27 de septiembre y tiene como objetivo la localización y detención provisional del acusado con fines de extradición.

Según el documento de Interpol, la notificación roja no constituye una orden de arresto internacional, sino una solicitud dirigida a las fuerzas policiales de los 196 países miembros para que colaboren en la captura del prófugo. El aviso incluye datos identificatorios como el nombre completo, fecha de nacimiento —10 de septiembre de 2005—, nacionalidad peruana, números de DNI y pasaporte, así como una fotografía y una descripción detallada de los hechos que se le imputan.

El informe internacional atribuye a Valverde Victoriano la participación en los crímenes cometidos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025, en una vivienda situada en la calle Chañar N° 702, en Florencio Varela. De acuerdo con el texto, “se le atribuye a Tony Janzen Valverde Victoriano haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre de 2025, en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar N° 702, Florencio Varela”, según consta en el documento de Interpol.

La reconstrucción de los hechos, según la notificación, indica que Valverde Victoriano, junto a un grupo no determinado de personas, actuó de manera coordinada y con roles definidos, con la intención deliberada de causar la muerte de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. El informe detalla que “aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas" sobre las víctimas.

El documento añade que los agresores actuaron “a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando su condición biológica dominante de género al ejercer violencia sobre las víctimas mujeres”.

La calificación legal que pesa sobre “Pequeño J” es la de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”, lo que conlleva una pena máxima de 35 años de prisión.