La detención de Fernando Andrés Cappelletti, conocido como “El Colo”, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Santa Fe. La noche del jueves, la Gendarmería logró arrestar al hombre de 33 años en la intersección de Colón y Pellegrini, tras una serie de operativos que incluyeron una búsqueda fallida en el club Triángulo.

Desde el ministerio de Seguridad se informó que Cappelletti “mantiene una estrecha relación con Matías Ignacio Gazzani, presunto líder de “Los Menores”. Entre las causas que se le adjudican, se informó que “sería el responsable de administrar el juego clandestino en Rosario, bajo las órdenes de Lisandro “Limón” Contreras, quien fue detenido en diciembre pasado durante un operativo de la Policía Federal en Tigre, provincia de Buenos".

La captura de Cappelletti no solo puso fin a la fuga del principal prófugo de la provincia, sino que también respondió a una intensa campaña impulsada por el Gobierno de Santa Fe, que había publicado una lista de los delincuentes más peligrosos y ofrecía 20 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su localización. “A cualquiera que vaya en contra de la paz social lo vamos a perseguir hasta encontrarlo”, era el mensaje que acompañaba la iniciativa, con el objetivo de fomentar la colaboración ciudadana.

El arresto se produjo después de que Cappelletti se convirtiera en el principal objetivo de la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil de la provincia.

El nombre de Cappelletti, de 30 años, ha cobrado notoriedad desde el 28 de agosto, cuando fue señalado como el principal operador del juego ilegal en Rosario. Su vínculo directo con la organización narco Los Menores y, en particular, con Lisandro “Limón” Contreras, lo posiciona como una figura central en la continuidad de las apuestas clandestinas tras la caída de antiguos referentes.

La estructura delictiva que rodea a Cappelletti se consolidó luego de la detención de Leonardo Peiti en diciembre de 2021. Peiti, quien fuera el máximo exponente del juego ilegal en Rosario, Rafaela y Melincué, fue condenado a tres años de prisión efectiva tras acogerse a la figura de “arrepentido” y abonar una multa de 42,5 millones de pesos. Durante su declaración, Peiti reconoció que entregaba mensualmente entre 4.000 y 5.000 dólares a los entonces fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal para recibir información sobre investigaciones y posibles allanamientos. La condena de Ponce Asahad a tres años de cárcel y el inminente juicio contra Serjal no lograron frenar la operatoria ilegal, que simplemente cambió de manos.

El vacío de poder dejado por Peiti fue rápidamente ocupado, por “Limón” Contreras. Este último, detenido en diciembre del año anterior en un operativo de la Policía Federal en Tigre, fue imputado por los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra por su rol en las apuestas clandestinas y por facilitar contactos policiales y recursos económicos a Matías Ignacio Gazzani, presunto líder de Los Menores que permanece prófugo. Por Gazzani, el gobierno santafesino ofrece actualmente 65 millones de pesos a quien brinde datos sobre su paradero.

En este entramado, Cappelletti aparece como el encargado de gestionar las apuestas ilegales bajo las órdenes de Contreras. Testimonios recogidos por Infobae señalan que tanto él como su hermano, de menor edad, estarían detrás de varios “garitos” o salas físicas de juego clandestino en la zona oeste de Rosario, especialmente sobre el corredor de Felipe Moré. En el pasado, el “Colo” era una presencia habitual en la vía pública, pero su exposición disminuyó a medida que los “casinitos” perdieron relevancia frente al auge de las apuestas a través de dispositivos móviles.

La persecución contra Cappelletti se intensificó tras la detención, el 27 de agosto, de Gerardo “Dibu” Gómez, presunto barra brava de Newell’s y subordinado de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, integrante de la segunda línea de Los Monos. Gómez fue capturado en Dock Sud por la Policía de Investigaciones y posteriormente acusado de asociación ilícita y de organizar un homicidio en diciembre de 2022. Aunque existía una recompensa de 35 millones de pesos por datos sobre Gómez, esta no fue cobrada, lo que llevó al Estado santafesino a redirigir esos fondos para incentivar la captura de Cappelletti.