El fiscal jefe Mauricio Zabala solicitó prisión efectiva para Martín Alexis Lino, quien se hizo pasar por abogado y estafó por 16 millones de pesos a la familia de dos detenidos, con la promesa de que conseguiría su liberación. Según la acusación, las maniobras fraudulentas se extendieron durante al menos dos años.

Ahora, el fiscal Zabala solicitó una condena de 4 años de cárcel para Lino, quien ya había sido declarado responsable por dos hechos de estafa y usurpación de título.

La audiencia de determinación de la pena se centró en la gravedad de los delitos cometidos por Lino, quien reconoció haber defraudado a familiares de personas sometidas a causas judiciales.

Las maniobras incluyeron la obtención de $292.000 en 2022 y más de $16.405.000 en 2024, cifras que el fiscal presentó como evidencia del alcance económico de las estafas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la declaración de responsabilidad penal abarcó los delitos de estafa en concurso ideal con usurpación de título, dos hechos en concurso real y en carácter de autor, conforme a los artículos 247, 172, 45 y 55 del Código Penal.

Zabala fundamentó su pedido de prisión efectiva en la reincidencia del acusado, recordando que en mayo de 2017 se había hecho pasar por el abogado del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, estafando a cuatro personas. Por ello, recibió una condena de 3 años de prisión condicional, con sentencia firme desde el 23 de mayo de 2019.

El fiscal argumentó que la sanción debía ser de cumplimiento efectivo, no solo por los antecedentes, sino también porque los hechos juzgados constituyen dos delitos en concurso real. La defensa, por su parte, no presentó objeciones a la solicitud de la fiscalía.

El tribunal encargado de dictar sentencia está integrado por las juezas Carina Álvarez y Natalia Pelosso, junto al juez Luis Giorgetti. Se espera que el veredicto sea comunicado en un plazo de 48 horas. Por lo tanto, el viernes se conocerá la decisión del tribunal y sus días en libertad pueden estar contados.

El análisis de los hechos revela que, entre junio y agosto de 2022, Lino se hizo pasar por abogado para estafar a una persona imputada en una causa penal por abuso sexual, que ya fue condenado y está detenido en la Comisaría Séptima de Plottier, y a su pareja. Les cobró $292.000 y les aconsejó no asistir a una audiencia, lo que provocó la detención de la víctima y permitió descubrir el engaño.

En 2024, el acusado repitió el esquema con los familiares de dos hombres condenados y detenidos en la comisaría de Buta Ranquil, a quienes prometió la libertad de sus allegados. Cobró un adelanto de $1 millón y, mediante sucesivos pedidos, obtuvo más de $16 millones. Además, fingió haber iniciado una demanda por $88 millones y, con la colaboración de un falso fiscal, indujo a las víctimas a endeudarse para cubrir supuestos gastos relacionados con una liberación bajo tobillera electrónica.

Todo salió a la luz, cuando uno de los prestamistas le advirtió a sus deudores que Lino no era quien decía ser. De esta manera, realizaron la denuncia correspondiente y, con la información que pudo recopilar la Justicia, el fiscal Zabala logró imputarlo.

Entre las pruebas que sustentaron la acusación se encuentran: declaraciones de testigos y efectivos policiales, así como las pericias realizadas a los dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa.

En este contexto, el juez de garantías Raúl Aufranc hizo lugar al pedido de elevación a juicio.