Luego de que el fiscal Martín López Perrando reiterara este lunes el pedido de indagatoria a Cristian Graf, el hombre de 58 años investigado por el crimen de Diego Fernández Lima, el único sospechoso pidió que la causa sea archivada y acusó de persecución al titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61.

El escrito, al que accedió Infobae, fue presentado por sus abogados defensores, quienes argumentaron que la acusación carece de sustento probatorio y denunció una conducta de “animosidad y hostigamiento”. En este sentido, sostienen que la citación a Graf responde únicamente a una actitud persecutoria y no a la existencia de pruebas concretas.

El recurso de los abogados se presentó horas después de que López Perrando volviera a pedir indagar al sospechoso por encubrimiento agravado y supresión de evidencia en el marco del expediente que investiga la muerte del adolescente, cuyos restos fueron hallados en mayo pasado en Coghlan. El caso cobró relevancia cuando la identificación genética confirmó que los huesos pertenecían al joven desaparecido el 26 de julio de 1984.

No obstante, los abogados de Cristian Graf, Erica Lorena Nyczypor y Martín Hernán Díaz, sostienen una inexistencia de delito y por este motivo solicitaron el archivo de la causa. En forma subsidiaria, pidieron que el juzgado retome la dirección de la investigación, apartando al fiscal por supuesta falta de objetividad.

“El fiscal a cargo, demostró en todo el proceso de la investigación, una total animosidad y subjetividad en contra de nuestro defendido, al titular del MPF no le interesa descubrir la verdad, solo imputar a una persona inocente y ajena a los eventos que el mismo describe”, se lee en el escrito presentado este martes.

También impugnaron un informe del Ministerio de Educación que, según la defensa, contiene datos falsos sobre la escolaridad de Graf. El documento oficial sostiene que el imputado asistió a la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 36 entre 1981 y 1984, pero la defensa asegura que solo cursó allí en 1983 y 1984, y que en los años previos concurrió a otro establecimiento, lo que estaría acreditado en el expediente.

“Este informe introduce datos falsos, y fue aportado por el MPF, una muestra más de su irresponsabilidad al momento de llevar a cabo diligencias, no fue ni siquiera revisado por el fiscal, y al aportar datos falsos, constituye un documento inexacto, que solo tiende a confundir y a reproducir falacias”, afirmaron los abogados.

Y subrayaron: “No hay un elemento objetivo, falta la ultra intención, el dolo, y sin dolo el delito de encubrimiento no se puede configurar por la mera culpa, o la negligencia”.

La insistencia de la fiscalía para indagar a Graf ocurre tras la solicitud del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, Alejandro Litvack, quien instó a precisar la imputación y los cargos para citar al sospechoso.

La reforma se centra en las acciones realizadas a partir del 20 de mayo, fecha del hallazgo de los restos. Graf está acusado de realizar “maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, entre las que figuran explicaciones inverosímiles —como alegar que los huesos habrían llegado en un camión de tierra al construir una pileta— y conductas evasivas ante autoridades y testigos.

El expediente presentado por el fiscal Perrando al juez Litvack sostiene que las declaraciones del imputado reflejan un claro conocimiento previo de la existencia de los restos y una intención deliberada de desviar la pesquisa.

“Las manifestaciones del sospechoso resultan no solo absolutamente inverosímiles y pueriles, sino que denotan y remiten a un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar”, sostiene el dictamen. La víctima y el sospechoso fueron compañeros en 1983, en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 “Almirante Brown”.

La investigación no permitió aún determinar la autoría del homicidio, pero sí estableció que Diego Fernández Lima fue asesinado y ocultado en una fosa cavada en esa finca. El crimen fue un hecho sorpresivo, según indicó el fiscal, lo que habría impedido planificar un ocultamiento más elaborado. El artículo 277 del Código Penal argentino prevé para el encubrimiento agravado penas de uno a seis años de prisión, mientras que la supresión de evidencia contempla sentencias de entre un mes y cuatro años.

Entre los elementos alrededor del caso, el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el tórax, con una marca visible en la cuarta costilla derecha, y que luego intentaron desmembrar el cuerpo con una herramienta similar a un serrucho. Los investigadores hallaron 151 fragmentos óseos junto a objetos como una moneda japonesa, un reloj Casio fabricado en 1982, una corbata del uniforme colegial y otros elementos personales del joven.

La difusión pública del hallazgo, ocurrido en la casa de avenida Congreso 3742 —habitada por la familia del sospechoso desde los años ’70—, motivó que el sobrino de la víctima se comunicara con la fiscalía ante la sospecha de que el cuerpo pudiera pertenecer a su tío desaparecido. Una muestra genética tomada a la madre de Fernández Lima, de 87 años, confirmó la identidad a través de cotejo. El descubrimiento se produjo cuando obreros que trabajaban en la propiedad lindera advirtieron el desmoronamiento de tierra y avisaron a la hermana del imputado, quien alertó a la policía.

La investigación inicial del caso en 1984, reportada como presunta “fuga de hogar”, derivó en una larga búsqueda que incluyó la pegatina de panfletos en los barrios y apariciones en medios. El padre de Diego falleció en 1986 sin conocer el destino de su hijo, mientras que la madre y los hermanos continuaron la búsqueda durante décadas.

En respuesta a pedidos de la querella, la fiscalía sugirió que no era procedente el uso de georradar para localizar restos faltantes, pero consideró relevante solicitar grabaciones de programas televisivos donde podrían haber participado exalumnos de la ENET N° 36. “La sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el fondo de una vivienda habitada en forma continua e ininterrumpida por una misma familia, resultaría suficiente indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”, sostuvo López Perrando en declaraciones.