Una banda narco conocida como la “Familia Amarilla” fue desarticulada tras una investigación que expuso una compleja estructura dedicada al tráfico y distribución de drogas en el partido de La Matanza. En el operativo, coordinado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado junto a la Dirección de Investigaciones Delitos Federales, se secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y equipamiento técnico, lo que puso al descubierto el funcionamiento y la escala de la organización.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la red funcionaba bajo un formato piramidal y mantenía una cadena definida de roles para el abastecimiento, fraccionamiento, ocultamiento y entrega de estupefacientes. El grupo utilizaba como epicentro el barrio 19 de Septiembre en González Catán, desde donde distribuía la droga al menudeo.

La reestructuración de la banda ocurrió tras la caída, en abril pasado, de una organización criminal preexistente, lo cual dejó un vacío explotado rápidamente por la “familia Amarilla”, la cual fue identificada como la nueva centralidad narco en la zona.

La investigación, iniciada el 15 de agosto, llevó a personal especializado a identificar distintos domicilios usados estratégicamente por la organización. En un despliegue simultáneo ordenado por la UFIyJ Nro. 14, a cargo de Fernando López, y por el Juzgado de Garantías Nro. 6, a cargo de Carina Andrijasevich, se realizaron nueve allanamientos: ocho en González Catán y uno en Virrey del Pino.

En el procedimiento fueron detenidos 4 sospechosos: Bernardino Carlos Guerrero Sotelo, principal abastecedor, Roberto Claudio Sánchez, encargado del fraccionamiento y manejo de armas, Flavia Daniela Sejmcurri, con funciones en la manipulación de armamento, y Daiana Belén Farías , responsable del abastecimiento y preparación de drogas para la venta.

El secuestro incluyó 406,91 gramos de cocaína repartidos en 323 envoltorios y seis trozos compactos, 1.210 gramos de marihuana (sumando cogollos y un ladrillo compacto), 20 macetas con plantas de cannabis, cuatro armas de fuego, cargadores, más de 80 municiones, dos cargadores de FAL, doce teléfonos celulares, una caja fuerte, un DVR, una máquina contadora de billetes y una balanza electrónica. Además, fueron decomisados $2.256.171, 1.002 dólares estadounidenses y 190 euros.

Según fuentes policiales, una parte del material se halló en un pozo disimulado en el patio trasero del domicilio de Sánchez y Sejmcurri, identificado como centro de acopio y ocultamiento de armas.

La organización había desarrollado una logística propia, con roles definidos para la reventa, delivery y seguridad, adaptando su estructura a partir del aprovechamiento inmediato de la infraestructura delictiva previa. Funcionaban a partir de la coordinación de la familia Amarilla, cuyo líder es un hombre apodado “El Pipa”, actualmente prófugo.

La investigación sostiene que el grupo incorporó rápidamente a aliados con antecedentes y capacidad de reorganización. Además, se constató que la banda no solo proveía estupefacientes, sino que ejercía control territorial y participaba en delitos conexos como robos agravados, enfrentamientos armados y acopio ilegal de armas.

Entre los antecedentes, Guerrero Sotelo figura asociado a dos causas por infracción a la ley de drogas en 2023, mientras que Farías arrastra una causa de 2015 por tráfico de drogas y tenencia de armas.

El operativo incluyó trabajo encubierto, el uso de drones, tareas de inteligencia y un despliegue táctico con objetivos concretos: consolidar la desarticulación de la organización, evitar la reconfiguración de nuevas bandas y fortalecer la presencia del Estado en la zona. El principal líder sigue prófugo, con pedido de captura activo por causas de tráfico de estupefacientes.