Efectivos de Gendarmería Nacional, incluidos altos mandos, fueron detenidos tras una investigación de siete meses. El procedimiento se inició luego de denuncias de transportistas que señalaban el cobro sistemático de sobornos a choferes de camiones en la Ruta Nacional 8, en la zona de Sampacho, al sur de Córdoba.

La causa, instruida por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, reveló el funcionamiento de una estructura que, presuntamente, exigía dinero a conductores para permitirles el paso en los puntos de control. Las pruebas reunidas motivaron órdenes de arresto que afectan a personal subalterno y también a la máxima autoridad local, A. G., titular del destacamento. Esta última está señalada por ser la cabeza detrás de la organización, tal como se desprende del expediente.

La investigación fue desarrollada por la propia fuerza, bajo directivas del magistrado, e incluyó veinticinco allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas de Sampacho, Córdoba capital, Catamarca, Salta, Santa Fe y San Juan, según informó el portal CBA24N.

Los testimonios, recabados a lo largo de estos meses tanto en sede policial como ante la Justicia federal, contenían detalles sobre sumas solicitadas, horarios de patrullaje y métodos de extorsión.

A partir de estos datos, el juez Ochoa encomendó a la propia Gendarmería diligencias internas para supervisar y reunir elementos probatorios. La Dirección de Asuntos Internos de la fuerza condujo investigaciones encubiertas con intervención de escuchas, vigilancia y toma de registros.

Así, el material reunido permitió identificar a los efectivos involucrados y reconstruir buena parte del circuito de recaudación ilícita, lo que llevó a solicitar al juzgado federal la inmediata detención.

Durante los 25 allanamientos realizados, se secuestraron documentos, celulares, computadoras y sumas de dinero cuyo origen será peritado.

El juez Ochoa citó a los detenidos a declarar y dejó abierto el expediente para analizar posibles nuevas responsabilidades o derivaciones. La pena para el delito de exacciones ilegales puede superar los seis años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

A finales de julio, cuatro gendarmes fueron arrestados en la zona norte de Rosario. El arresto estuvo en manos de sus propios compañeros de la fuerza tras las denuncias recibidas sobre la sustracción de casi un millón de pesos durante un control vehicular realizado en el barrio Nuevo Alberdi.

Tras esto, enfrentan cargos por hurto e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Luego del decomiso del dinero, las víctimas se dirigieron junto a efectivos al destacamento de la comisaría 10ª para formalizar la denuncia. Los gendarmes señalados por el robo quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Durante el procedimiento, uno de los uniformados acusados ingresó al baño del punto fijo, donde luego se encontró dinero oculto en dos ubicaciones: 39 mil pesos en el techo y 196 mil pesos detrás de un ladrillo. Además, durante la requisa de los automóviles particulares de los agentes, la policía halló 761.200 pesos en el baúl de uno de los vehículos y 57.700 pesos en el coche de una gendarme.

Las víctimas relataron que los agentes las detuvieron en las calles Bouchard y Servellera, las hicieron descender del automóvil y, al regresar, notaron la falta de 950 mil pesos en efectivo.