La investigación judicial que sacude al fuero penal de San Isidro tras el juicio por la muerte de Maradona sumó un nuevo capítulo con la reciente imputación de la jueza Julieta Makintach y la presentación que hizo un abogado en las últimas horas, quien pidió que los otros dos magistrados que dirigieron el debate oral del Diez sean destituidos por encubrir a la magistrada que realizaba un documental sin autorización durante el proceso.

Se trata de Rodolfo Baqué, que a través de su colega Martín De Vargas formuló un requerimiento ante la Fiscalía Nº1 de San Isidro -a cargo del expediente- en el que adhirió formalmente a la acusación del Ministerio Público Fiscal contra la jueza, pero denunció lo que considera un “olvido” en la pesquisa: la falta de investigación sobre los jueces Di Tomasso y Savarino, integrantes del mismo tribunal.

El escrito, al que accedió Infobae, comienza con el respaldo a la imputación de Makintach por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional. Estos son cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

No obstante, el eje del planteo es la supuesta parcialidad de la investigación. En este sentido, el abogado sostiene que, al tratarse de un órgano colegiado, no puede soslayarse la intervención y el conocimiento de los hechos por parte de Di Tomasso y Savarino, quienes, según afirma, también cuentan con “abundante prueba incriminatoria” en su contra.

En este sentido, el abogado recordó que se detectó la existencia de una filmación realizada el primer día del debate y que Di Tomasso y Savarino “mantuvieron silencio sobre esa situación que conocían” y que, con su actitud, “encubrieron la existencia del documental que se estaba filmando en sus narices y le ocultaron a la fiscalía interviniente prueba de los hechos”.

Tanto para De Vargas como para Baqué, resultaba fundamental que ambos jueces denunciaran y declararan sobre el episodio, así como que pusieran en conocimiento a las partes. Algo que, según afirma, no ocurrió.

En un tramo central de su presentación, advirtieron: “Focalizar la investigación exclusivamente en la doctora Makintach constituye una manera parcial, carente de objetividad, irregular y sesgada de investigar los hechos denunciados”. Asimismo, Baqué señló que le preocupa la posibilidad de que la pesquisa tienda a “desvincular de las responsabilidades funcionales y penales que le pudieran caber a los jueces Savarino y Di Tomasso”.

El petitorio es concreto: solicita que se adopte respecto de Savarino y Di Tomasso el mismo temperamento que con Makintach. Es decir, que se los investigue por los mismos hechos y posibles delitos.

La jueza Julieta Makintach fue imputada este miércoles por la justicia de San Isidro en la causa penal que investigaba su participación en el documental filmado durante el juicio nulo por la muerte de Maradona “Justicia Divina”. En paralelo, el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y a Giannina, pidió la destitución de la magistrada y que sea llevada a juicio.

La acusación la formalizaron los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes están a cargo del expediente, y que, tras meses de recopilación de pruebas y testimonios, sostienen que hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

En el escrito, señala que comprobaron que la jueza promovió y participó personalmente en el proyecto audiovisual sobre el juicio por Maradona bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros, ya sea por inversiones de terceros o regalías por imagen. Para los investigadores, esta acción comprometió su imparcialidad y se hizo “utilizando recursos públicos para fines privados”.

Por este motivo, los fiscales le requirieron a las autoridades que llevan adelante el juicio político en contra de la jueza (que actualmente está suspendida de sus funciones) su desafuero para avanzar en su indagatoria.