
La investigación judicial sobre la gestión de fondos públicos en Villa Saralegui, localidad de la provincia de Santa Fe, derivó en la imputación del ex presidente comunal, identificado como W. S., y de su hijo, N. S. Según la acusación formulada por la Fiscalía, la presunta maniobra de desvío se habría extendido durante casi cuatro años.
A lo largo de una jornada celebrada este miércoles, la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Bárbara Ilera, resolvió imputar W. S. y N. S. por presuntamente haber cometido los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Asimismo, dispuso la excarcelación de ambos.
Según la información volcada en el expediente, Ilera expuso la supuesta estrategia que les habría permitido desviar un monto estimado de 126.599.656 millones de pesos de los fondos comunales. Aparentemente, esto habría sido conseguido por medio de la emisión sistemática de cheques y transferencias bancarias desde la comuna.
Durante la exposición, Ilera detalló que los hechos investigados ocurrieron entre agosto de 2020 y abril de 2024. En ese período, el por entonces presidente comunal de una localidad que, de acuerdo con el censo de 2022, cuenta con 635 habitantes, tenía la responsabilidad de “administrar, gestionar y resguardar” los recursos públicos.

No obstante, la Fiscalía sostuvo que el ex jefe comunal habría ejecutado maniobras fraudulentas que habrían perjudicado el patrimonio estatal y habrían constituido en un incumplimiento de sus deberes. De acuerdo con la información publicada por Rosario3, gran parte de las transacciones eran dirigidas “al portador”, lo que dificultaba la identificación de los beneficiarios.
En línea con la hipótesis planteada, la fiscal llera apuntaría a la supuesta colaboración de particulares y sociedades que recibieron los pagos, así como a la participación de su hijo, quien se desempeñaba como empleado comunal, y de la tesorera de la institución. Bajo su punto de vista, estos habrían sido necesarios para poder concretar los giros.
Por este motivo, al finalizar su exposición, la representante del MPA subrayó que la investigación continúa para determinar el grado de implicación de otras personas. Incluso, no descartó que pudieran formularse nuevas imputaciones, siendo la tesorera otra de las personas de interés para la causa.
Ambos permanecían detenidos desde el jueves anterior, tras una serie de ocho allanamientos ordenados por la fiscal en distintos puntos de San Justo, con el objetivo de recabar pruebas en el marco de una investigación.
En esa oportunidad, el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) incautaron una camioneta, dos vehículos oficiales que se encontraban en un taller mecánico, una caja fuerte y documentación relevante para la causa.

El origen de la causa se remonta a 2023, cuando un grupo de productores rurales de la zona presentó una denuncia por el manejo de los fondos comunales vinculados a la tasa por hectárea. Según los denunciantes, esta contribución experimentó aumentos de hasta el 400 % desde el inicio de la gestión de W. S.
Según la información publicada por el medio local El Ciudadano, en octubre de 2022 tanto W. S. como su hijo fueron denunciados por agredir físicamente al productor L. G. K., vecino de Villa Saralegui y cuñado del diputado nacional José Luis Espert. Por este episodio, ambos deberán enfrentar un juicio oral por lesiones, daños y amenazas, inicialmente previsto para agosto y reprogramado para el 17 de octubre próximo.
Además, la familia ha estado involucrada en otros hechos violentos en los últimos años. El 7 de marzo de 2024, el ex titular de la comuna fue nuevamente señalado, esta vez acusado de instigar una tentativa de homicidio. La investigación sostiene que R. N. B., considerado allegado a W. S., habría disparado contra M. G., dirigente opositor que resultó electo como primera minoría en las últimas elecciones comunales.
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